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Desde que ese concepto de “desarrollo sostenible” apareció por primera vez en el llamado “Informe Brundtland”, en 1987, se ha vuelto una noción tan popular –y debatible para algunas ramas de la academia– que es difícil que un gobierno no la incluya en sus planes. En 2015, 193 naciones, entre las que se encontraba Colombia, adhirieron a sus metas luego de aceptar que había unos objetivos comunes que deberían ser cumplidos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como se le llamó a aquel cronograma, fueron celebrados por Ban Ki-moon, entonces presidente de la ONU, con estas palabras: “La nueva agenda es una promesa que los dirigentes hacen a las personas de todo el mundo. Y constituye una visión universal, integrada y transformativa para un mundo mejor”.
Ayer, el presidente Juan Manuel Santos presentó de manera oficial cuál sería el camino que deberá seguir Colombia para cumplir con esa agenda. Lo hizo en horas de la mañana, en compañía de Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y de Miroslav Lajcák, presidente de la Asamblea General de la ONU. En la Casa de Nariño explicó cuáles son los pilares que hacen parte de ese documento guía. Es un Conpes (3918) de 73 páginas titulado “Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia”.
En pocas palabras, lo que busca ese texto es definir la ruta para implementar los ODS en el país, además de crear un esquema de seguimiento y rendición de cuentas. De igual forma, deja claro cuál será el camino para que esas propuestas lleguen a los diferentes territorios y no se queden solo en un papel. La idea es que exista un mecanismo de interlocución con los diferentes actores y que entidades específicas se encarguen de hacerle seguimiento.
Como lo explicó Santos, una de las cosas más importantes de este documento, debatido en talleres con 235 personas, es que especifica cuáles serán las metas de Colombia para 2030. En total, como lo muestra la infografía que acompaña este texto, son 16 grandes objetivos (17 si se tienen en cuenta las “alianzas” necesarias para llevarlos a cabo). Cada uno de ellos agrupa varias metas más específicas, que juntas suman 169. Cumplirlas, se lee en uno de los apartes, tendrá un costo de $108,19 billones.
Además de identificar unos propósitos claros, cada ODS cuenta también con el indicador que permitirá medirlo. Por ejemplo, en el caso del tercero (salud y bienestar), ese indicador será la tasa de mortalidad materna. En 2015 fue de 53,7 por cada 100 mil nacidos vivos. Hoy esa cifra es de 51 y se espera que para dentro de doce años baje a 32.
Algunos, como el acceso a agua potable, a energía eléctrica o a internet, son ambiciosos. Todos buscan garantizar en 100 % esos servicios. Otros tienen perspectivas más modestas. El número doce, por ejemplo, indica que para 2030 la tasa de reciclaje en el país debe ser de 17,9 %. Hoy apenas llega a 10 %.
Aunque Lajcák, de la ONU, resaltó ese esfuerzo e invitó a compartirlo con los otros países de la región, hay desafíos claros que el país debe resolver. Además de lo obvio (cumplirlos), el Conpes evidencia retos claves. Uno es la necesidad de “regionalizar” las metas y establecer un diálogo con los territorios y la sociedad civil para conciliar diferentes posturas de desarrollo. Otro es establecer un mecanismo para que exista mejor información que permita hacerle seguimiento al cumplimiento de los ODS. Fortalecer los datos también es clave para tomar mejores decisiones.
¿Qué tan lejos está el país de cumplir esos objetivos? ¿Qué tan sencillo va a ser ese camino? Es difícil responder esas preguntas, pero dependerá del compromiso que tenga el nuevo presidente para cumplir tales metas.
