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No es un secreto que la deforestación está carcomiendo los recursos naturales del país. Tan salido de control está que ni las áreas protegidas se han librado de la pérdida de bosque. Se estima que en esos territorios, que corresponden a más del 12 % de Colombia, habita el 32 % de la biodiversidad identificada a nivel nacional. Ese es el argumento más contundente para pedirle al presidente Iván Duque: "exhortar al Gobierno a llevar a cero la deforestación dentro de estas zonas". Así se lo solicitó, ofreciendo también su ayuda, las organizaciones que componen Parques Nacionales Cómo Vamos. (Vea: Área protegida regional más grande del país ya cuenta con un plan de manejo sostenible)
Detrás de esta iniciativa se esconden entidades como Dejusticia, Fundación Mario Santo Domingo, Fundación Alisos, Fundación Corona, Fundación Natura, Semana Sostenible Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Wildlife Conservation Society, y WWF Colombia. Su urgencia, compartida hace ocho días al primer mandatario a través de una carta, es impedir que este año aumenten las áreas deforestadas dentro de Parques Naturales. El Ideam registró que el 10 % de la pérdida de bosque en el país registrado entre 2016 y 2017 ocurrió allí.
Teniendo en cuenta que menos del 5% de los Parques ha sido transformada en los últimos años y que solo 8,301 de las 171,000 hectáreas que se identificaron en 2017 como cultivos de coca residen bajo estas figuras, el fin luce alcanzable. Para ello, los firmantes hablan de hacer "estrategias viables y acciones claramente delineadas", ¡ya!.
Esas apuestas se dividen en lo que la alianza llama "Áreas de trabajo prioritarias". Una de ellas se basa en mecanismos de control y vigilancia, acción militar y policial, otorgándole el mayor respeto a los derechos humanos de las comunidades locales. Esta estrategia está inspirada en experiencias de países como Canadá, Brasil, Kenia y Tanzania. Se resume en crear una fuerza especial, similar a la policía dedicad a defender el medio ambiente para estos territorios. Esta, aseguran, debe ir acompañada de un programa ambicioso de capacitación de jueces.
La segunda área de trabajo es el diálogo social e identificación de alternativas. Este punto es importante porque el 81 % de las tierras de los Parques no tiene información catastral. De ahí que los conflictos de uso y ocupación sean uno de los mayores problemas dentro del sistema. Bien sabe la alianza que, como la solución de esos líos tomarán su tiempo, lo mejor será implementar "acuerdos intermedios o compromisos temporales que detengan los procesos de degradación de manera inmediata",