James Hansen no tiene una tarjeta personal. A pesar de que hoy es un “rockstar” ambiental, dice que nunca la ha necesitado. Una afirmación extraña para alguien que durante 32 años dirigió el Instituto Goddard para los Estudios Espaciales de la NASA, y que, por lo que dijo desde ese cargo, fue coronado como el “padre de la ciencia del cambio climático”. (Lea: El mundo aumenta de nuevo sus emisiones de CO2)
En 1981, Hansen fue el primer científico en publicar un estudio sobre la amenaza ambiental más grande a la que se ha enfrentado la humanidad: el calentamiento global. Siete años después, el 23 de junio de 1988, Hansen acusó ante el Senado de Estados Unidos a la industria del petróleo, el gas y el carbón de ser culpable del aumento de las temperaturas en el último siglo. Predijo lo que ya empieza a ser realidad: que los fenómenos climáticos cada vez serían más extremos e impredecibles.
Sus declaraciones lo convirtieron en la leyenda que es hoy y que se pasea (sin tarjeta personal) por los pasillos de la 23 Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 23) en Bonn, Alemania. En las más de cinco conferencias que hizo no se mordió la lengua para decir que no espera mucho de esta reunión y que el Acuerdo de París es prácticamente inútil.
“Desde la primera reunión sobre cambio climático ha habido muy poco progreso. No espero mucho de esta cumbre, porque los políticos todavía no entienden que no pueden resolver este problema simplemente preguntándoles a las 200 naciones qué quieren hacer y confiando en que eso solucione el problema”, dice tajante.
La ciencia, en la que se apoya para cada afirmación, le da la razón: el pasado 31 de octubre, la mismísima ONU lanzó un informe en el que señaló que aun si se siguieran a rajatabla los planes actuales de los gobiernos, el sector privado y las autoridades locales del mundo, las temperaturas aumentarían 3ºC a final de siglo, un grado más de lo que se acordó en París en 2015. En ese escenario, el cambio climático sería irreversible y sus consecuencias, inciertas.
La pregunta obvia es por qué los informes científicos son tan distantes del entusiasmo general que se vive en la COP 23. Hansen cree que en cada espacio de la Cumbre, en cada foro, en cada charla de negociadores y en cada declaración de buenas intenciones de los gobiernos, hay un elefante en la habitación que todos deciden ignorar. Un elefante hecho de combustibles fósiles.
“El problema fundamental que tenemos es que la industria de combustibles fósiles y los gobiernos están en la cama juntos”, asegura. No hay que escarbar demasiado para verlo: Rex Tillerson, secretario de Estado de Trump, fue presidente de ExxonMobil, la segunda mayor petrolera privada del mundo. En Colombia, por ejemplo, la petrolera Ecopetrol registró $47,7 billones en ventas, lo que la consolidó como la empresa estatal más rentable.
A ese matrimonio “infame” le achaca que desde 1980 las emisiones globales de carbono no desciendan. Cree que si bien reducir las emisiones es posible, “no es lo que está pasando, pues seguimos usando petróleo y carbón como fuentes principales de energía, porque son baratos”. Datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA en inglés) demuestran que el 77 % de la energía usada en 2015 provino de combustibles fósiles.
Para Hansen, sólo hay una manera de que los países y empresas dejen a un lado esta energía sucia: que les cobren impuestos al carbono a las empresas que venden y compran productos que dependan de hidrocarburos y carbón. Que el precio de los combustibles fósiles, dice, sea honesto, “incluyendo en él los costos sociales y medioambientales, que evidentemente, a medida que pasa el tiempo, tendrían que crecer gradualmente, así como crecen los peligros de seguir usando este tipo de energía”.
Hansen cree que un impuesto al carbono volvería cada vez más costosos los objetos que necesitan muchos combustibles fósiles en su producción, haciendo que la gente compre con más facilidad aquellos hechos con energía limpia. Esto impulsaría a todos los sectores económicos, de una manera natural, a volcarse a las tecnologías limpias para su producción.
Bajo esa premisa, Colombia implementó en 2016 el impuesto a la liberación de carbono, que, según el Ministerio de Ambiente, podría recaudar entre 600.000 y 700.000 millones de pesos este año. Sin embargo, todavía no está claro qué entidad va a manejar esa plata, ni cómo se reinvertirá en el manejo de la erosión costera, la conservación de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas, como dice la ley.
Para Hansen, no obstante, que el Estado se embolsille ese dinero es un error: para él, esa es la receta perfecta para que la gente se resienta con la medida. “La mejor forma para que la gente no se oponga a este impuesto –que encarecería el costo de vida– es regresárselo en forma de dinero”. Algo así como pagarles una pensión por contaminación. Además, cree que ese impuesto no debe limitarse exclusivamente a medir cuánto carbono puede emitir cada galón de gasolina, acpm o aceite que se vende y se compra, sino que debe evaluar los impactos que tienen en la salud.
“Es ilógico que las personas tengan que sacar de su bolsillo el dinero para tratarse las enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación. Lo que propongo es que sean las empresas de combustibles fósiles, vía impuestos, quienes les paguen a los ciudadanos por el daño que les han causado”.
No obstante, sabe que es imposible que los legisladores y políticos le claven el puñal a la industria minera y de hidrocarburos. En casos como el de Colombia, en los que el Estado es el que se unta las manos de petróleo, “la única forma es que los países más grandes y poderosos le digan: ‘les pondremos altos aranceles de importación a los productos hechos con combustibles fósiles de los países que internamente no tengan tasas de impuesto apropiadas’”.
Pero no es ingenuo y sabe que, al menos en espacios internacionales como la COP, eso no va pasar pronto. Por eso en 2010, tras su jubilación de la NASA, le jugó todas sus cartas al poder judicial. Ese año empezó a impulsar una demanda legal contra el gobierno de Estados Unidos que, a nombre de 21 jóvenes entre los 10 y los 20 años –uno de ellos, su nieta–, pide que se respete su derecho constitucional a la vida y la propiedad y le exige al gobierno de ese país que tome acciones reales contra el cambio climático.
¿Y si las demandas no prosperan? James Hansen está convencido de que los jóvenes deben encontrar nuevas soluciones. “La locura es, según Einstein, hacer el mismo experimento una y otra vez y creer que puedes obtener un resultado distinto. Pero no estamos haciendo nada distinto a lo que hicimos con el Protocolo de Kioto, que se cayó bajo su propio peso. Esto tiene que cambiar si queremos sobrevivir”.
*Enviada especial a Alemania COP23