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Lo que comenzó el 7 de marzo como una denuncia ambiental ilustrada con impresionantes imágenes de la Ciénaga Grande de Santa Marta afectada por quemas, maquinaria pesada y deforestación, comienza a revelar un problema de fondo tan complejo como la historia misma del país.
Según una investigación realizada por la Unidad de Restitución de Tierras, regional Atlántico, en los lotes fotografiados por Parques Nacionales en el sector de Los Patos (en las fincas Mendegua, Mendigüita y Condazo) vivían hace 15 años al menos 150 campesinos que fueron desplazados por paramilitares bajo el mando de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Más adelante, esas tierras fueron adquiridas por la empresa Agropecuaria RHC, propiedad de Rafael Hoyos Cañavera y filial de Serinco de Córdova S.A., que ahora construye diques y terraplenes que deterioran los ecosistemas del municipio de Remolino.
En marzo de 2014 la Unidad de Restitución recibió las primeras denuncias. Familias campesinas les contaron a los investigadores que sus abuelos les habían heredado esas tierras y ellos las habían dedicado por años a la agricultura, hasta que durante 2003 los paramilitares los obligaron a vender cada hectárea de sus fincas por $150.000 a testaferros de Salvatore Mancuso y Jorge 40.
Según los relatos, los ilegales lograron sacar de las notarías las escrituras de más de 74 predios que comprenden 5.400 hectáreas y después citaron a los campesinos a una reunión en una finca de Remolino para firmar la sucesión. Esta información fue confirmada por paramilitares desmovilizados.
En 2005 los campesinos comenzaron a presentar denuncias ante las autoridades y jueces locales, exponiendo que los violentos los habían obligado a negociar. Pero después de años de enfrentarse a funcionarios poco competentes, el caso llegó en 2014 a la Unidad de Restitución de Tierras.
Durante meses los funcionarios de la entidad visitaron la zona, donde en más de una ocasión fueron víctimas de amenazas, y junto a la ONG Corporación Jurídica Yira Castro lograron reconstruir los casos, mapear a las víctimas y recopilar las pruebas suficientes. El 19 de diciembre del año pasado, ambas organizaciones presentaron la solicitud de restitución ante el Juzgado Segundo de Santa Marta de Restitución de Tierras. El proceso reunió 52 reclamaciones, de las cuales 27 predios son ahora propiedad de la Agropecuaria RHC.
Aunque El Espectador intentó contactarse con la compañía para conocer su posición frente al caso, funcionarios de la empresa informaron que Rafael Hoyos Cañavera se encuentra de viaje y nadie está autorizado a dar declaraciones.
Lo que sí pudo constatar este medio es que la Agropecuaria RHC, que se dedica a la agricultura y la cría de búfalos y ganado, entregó una serie de documentos al Juzgado Segundo de Santa Marta en los que expresa que adquirió los predios actuando de buena fe y, argumentando que no tiene relación alguna con personas vinculadas al paramilitarismo, le pide al juez que considere a la compañía una víctima más.
Según la Unidad de Restitución de Tierras, el número de predios reclamados a 2013 por campesinos en Atlántico, Magdalena y Cesar asciende a 267.171 hectáreas, el primero con 5.953, el segundo con 89.087 y el tercero con 172.131.
Llama la atención que, desde que estalló este escándalo ambiental que afecta uno de los humedales más importantes del país y el mundo la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), no haya avanzado en las investigaciones frente a los evidentes delitos contra el medio ambiente, a pesar de que tanto Parques Nacionales como la Unidad de Restitución de Tierras le habían entregado desde el año pasado información sobre lo que estaba ocurriendo en esos predios.
Por su parte, fue Cormagdalena, la autoridad ambiental encargada del cuidado del río Magdalena, la que informó a la Unidad de Restitución de que los convenios de protección internacionales que cobijaban la Ciénaga, como la figura Ramsar, impedían cualquier uso del suelo para actividades productivas a gran escala.
Hoy, la Procuraduría citó a una reunión en Santa Marta, en que el gobernador, Luis Cotes, el director de Corpamag, Orlando Cabrera, la Fiscalía y la Policía presentarán informes sobre sus actuaciones.