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Entre el año 2000 y 2002 el Parque Nacional Tinigua, importante por ser uno de los puentes entre la Amazonia colombiana y los Andes, ubicado en inmediaciones de La Macarena y el piedemonte de la cordillera Oriental, en el departamento del Meta, perdió 1.767 hectáreas. Entre 2002 y 2004 perdió 1.353. En los dos años siguientes, otras 1.336.
En los dos últimos años del gobierno de Uribe se esfumaron otras 1.271 y en los dos primeros del gobierno de Santos perdimos 2.034. En 2013 se perdieron 2.777 y en 2014 unas 1.194. Con la firma del proceso de paz en 2016 las cosas empeoraron, pues ese año se fueron 1.410; en 2017 unas 3.285 y en 2018 todos los récords se rompieron: 10.471 hectáreas.
Sumando y restando la situación es la siguiente: al Parque Tinigua le quedan 158.000 hectáreas de bosque y se perdieron 56.000. Es, en pocas palabras, el Parque Nacional más deforestado. El problema que lo atraviesa es tan complejo que la pregunta que comienzan a plantearse personas que han trabajado para contener el problema y al ver frustrados tantos esfuerzos es: ¿es inviable este Parque Nacional? ¿Llegamos a un punto de no retorno?
Cultivos de coca, procesos de colonización, acaparamiento de tierras, expansión de la frontera agrícola, disidencias de las Farc y ausencia de muchas instituciones del Estado han convertido este Parque Nacional en un acertijo para el que nadie parece tener respuesta clara.
El puente de la biodiversidad está quebrado
“El alto grado de degradación al que ha llegado el Parque por la deforestación y la fragmentación hace que esté a un punto de ser inviable”, responde Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Botero ha realizado decenas de sobrevuelos sobre la Amazonia tratando de documentar el voraz avance de la deforestación.
En su opinión, trabajar con contundencia en esta área es vital porque lo que queda del Parque Tinigua, sobre todo el corredor biológico al norte de río Guayabero, en zona de influencia del municipio Uribe, es el último pequeño corredor de conectividad que queda con integridad entre los Andes y La Macarena y, por ende, entre la biodiversidad andina y la de la Amazonia.
“Si hubiera una decisión importante por parte del Estado podría cambiarse la tendencia y recuperarse en un par de décadas”, responde preocupado Botero e insiste en que el problema no es “solo la fragmentación y el deterioro de poblaciones de fauna y flora, sino la compactación de los suelos, que han sido sometidos a cargas intensivas de ganadería. Creo que es el Parque Nacional con mayor degradación a escala nacional”.
Para Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, el desafío no es nada fácil. En 1989, cuando se declaró el Parque Tinigua, estaba “en excelente estado de conservación”, aunque, al igual que ocurrió con el Parque La Macarena y Picachos, recibió algunas oleadas de colonización. Conscientes de la importancia de trabajar con las comunidades, Parques Nacionales formalizó unas mesas de diálogo con las comunidades asentadas allí. El acuerdo y la decisión final fue trazar una frontera temporal: trabajarían con aquellos que llegaron antes de 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz.
La idea era comenzar un proceso gradual de reubicación para unas familias y con otras desarrollar actividades compatibles con la conservación del Parque, como ecoturismo, turismo científico y reforestación. El problema es que mientras se firmaban acuerdos de cero deforestación con estas familias, una inesperada oleada de colonos comenzó a invadir el Parque después de esa fecha. Según el censo inicial se detectaron cerca de 800 familias dentro del Parque Tinigua. En la última oleada de colonización, aunque nadie tiene una cifra absolutamente confiable, llegaron otras 700 familias.
“A partir de esas migraciones comenzaron los problemas de seguridad para los funcionarios de Parques”, cuenta Miranda. La presión de los nuevos colonos llevó a la ruptura en la mesa de diálogo. Para el Gobierno, sencillamente es imposible aceptar toda esta enorme ocupación del Parque posterior al Acuerdo de Paz. “Es una colonización acelerada. No aceptada ni cohonestada por los que estaban antes. Casi entraron en conflictos con ellos. Hay una gran agresividad y desconocimiento de lo que se había logrado”, se lamenta la directora de Parques Nacionales. Algunos de esos colonos han llegado a acaparar fincas de 100 a 300 hectáreas.
¿Es el fin del Parque Tinigua? Miranda responde: “Aspiro a que con la ayuda de la Fuerza Pública y el regreso al diálogo con las comunidades que hicimos los acuerdos iniciales, sumado a proyectos de restauración, podamos lograr un cambio en esa deforestación acelerada”. Su prioridad, tras los hechos del fin de semana, es lograr retomar el diálogo con las asociaciones comunitarias con las que ya venían trabajando.
No dejar solo a Parques Nacionales
Ómar Franco, exdirector del Ideam, quien estuvo al frente del sistema de monitoreo de deforestación por varios años, cree que “llegó el momento de hacer un alto en el camino para ver cómo se estructuran estas áreas de protección y si tienen los actores necesarios para definir y proteger su vocación”. Lo que hemos visto hasta ahora, dice Franco, es que estos enormes problemas quedan en manos de Parques Nacionales, siendo una institución con otra función y muy débil en términos de presupuesto y personal.
“Garantizar la conservación de los Parques Nacionales es una responsabilidad compartida con la Fuerza Pública, la Fiscalía y muchas otras instituciones del Estado trabajando de manera dinámica”, comenta Franco. Esa falta de coordinación, no solo en Tinigua, está llevando a que al final de cuentas sean jueces los que estén haciendo ordenamiento territorial a través de sentencias, como ya ocurrió con la declaración de derechos para el río Atrato, el Magdalena, la región de la Amazonia y la sentencia del río Bogotá.
Optimismo y búsqueda de soluciones
Para el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, la situación es muy delicada, pero todavía hay razones para pensar con optimismo. Por un lado señaló que la curva de deforestación desde el año pasado comenzó a dar señales de estar descendiendo. Y según los datos más recientes (aún no públicos) en el Parque Tinigua específicamente están viendo un cierto descenso.
Lozano también confía en que con la activa participación del Ejército con el Plan Artemisa, diseñado justamente para proteger los Parques Nacionales en peligro, se pueda seguir avanzando.
“Un pilar de nuestro trabajo es la legalidad. El otro importante es el programa de apoyo a alternativas económicas para antiguos colonos”, comentó. Tras lo sucedido el fin de semana, aseguró que seguirán trabajando para restablecer el diálogo con las comunidades previamente asentadas ahí, pero siendo claros con los nuevos colonos de que la protección del Parque prevalece por encima de intereses privados.