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La voz de Cándido Mezua, líder indígena panameño, tembló un poco mientras se dirigió a una sala abarrotada de periodistas, miembros de ONG y de fundaciones, gobernadores e indígenas que, como él, habían viajado desde más de 10 países del mundo para presenciar este momento histórico.
“Anoche, cuando firmamos esos documentos, muchos lloramos, porque sentimos que nuestros derechos por fin habían sido reconocidos, por fin habíamos compartido su importancia con todos ustedes”, dijo.
Por primera vez, 37 gobernadores de 10 países distintos, 18 comunidades indígenas y 17 organizaciones de la sociedad civil firmaron un pacto sin precedentes, para dejar claras las normas básicas para el trabajo conjunto entre gobiernos subnacionales, pueblos indígenas y comunidades locales a la hora de enfrentar la deforestación y el cambio climático.
“Pienso en mi vida como si fuera una película”, había dicho unos minutos antes Fabiola Arara, indígena de Brasil. “Cuando anoche vi cómo todos aprobaron la carta de principios, pensé, ¿será que ellos de verdad entienden lo que están firmando?”.
Los principios comprometen a los gobernadores a respetar los derechos de los pueblos de los bosques sobre sus tierras y recursos, y se adhieren a acuerdos fundamentales como el "consentimiento libre, previo e informado".
Y es que el documento, si bien es una declaración de intenciones, es pionero en su tipo. Aunque el Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF) se creó hace diez años, los indígenas fueron admitidos como parte de las conversaciones apenas hace tres.
Tuntiakk Katan, indígena ecuatoriano y vicedirector de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Río Amazonas (Coica), cuenta que los indígenas ingresaron al GCF primero como observadores. El Coica fue el primero en llegar, y luego trajo consigo a indígenas de mesoamérica e Indonesia. Más tarde, los norteamericanos se sumaron al grupo.
Sin embargo, cuenta Katan, “podíamos escuchar todas las conversaciones, más no hablar”. Un par de años después de su llegada al grupo, en 2014, los indígenas unieron sus voces y pidieron crear un grupo de trabajo sobre pueblos indígenas. Fue allí donde durante tres años se cocinó la declaración que lanzaron en la mañana del pasado 11 de septiembre.
Las razones detrás del abandono
David Kaimowitz, científico e investigador de la Fundación Ford, explica que los motivos detrás de estas decisiones son complejos y variados: desde la desconfianza mutua, la debilidad de los estados e inclusive el racismo.
Para Javier Kinney, líder indígena de la tribu Yurok en Estados Unidos, la desconfianza hacia los indígenas empezó a derrumbarse lentamente en 2012, cuando la ONU adoptó la declaración sobre los derechos indígenas.
Por su parte, Mary D. Nichols, presidenta de la California Air Resources Board, cree que el dinero de fundaciones y filantropía tuvo un impacto significativo para acelerar el proceso.
“Si bien California, que lideró la creación de la GCF, es un estado con mucho dinero, no es el suficiente como pagar visitas a los bosques tropicales, o para traer a los indígenas durante semanas o meses para trabajar con nosotros. Fue cuando encontramos nuevas fuentes de financiación que el proceso pudo acelerarse”, le dijo a este diario.
Los retos tras el anuncio
“Esto es lo único que siempre hemos pedido y soñado: que se nos reconozca la existencia, que se nos escuche y, sobre todo, que se nos valore”, explicó Cándido Mezua en el evento.
Tuntiakk Katan, quien coordina a indígenas de siete países amazónicas, cree que, si bien la declaración es un paso “revolucionario”, aún queda por hacer lo más importante: que la declaración no se quede guardada en los cajones de los gobernadores firmantes, entre quienes se encuentra el gobernador de Caquetá (Colombia), Álvaro Pacheco.
Para ello, los indígenas ya están pensando en la forma como pueden monitorear y participar de forma directa en la implementación de los acuerdos.
Asimismo, rescatan que además del grupo de trabajo, el siguiente paso es integrarse de manera definitiva en las plenarias y conversaciones de la GCF.
El 23% de la solución, pero solo el 2% del dinero
Desde hace cerca de una década, las comunidades indígenas de todo el planeta han pedido que se le incluya de forma directa en las negociaciones y soluciones para el cambio climático. Según ellos, sus bosques son “la mejor tecnología disponible” para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, y lograr las metas del acuerdo de parís.
Hay fuerte evidencia científica que respalda sus peticiones. El pasado 27 de julio, el World Resources Institute publicó un informe en el que recopiló las investigaciones más recientes al respecto. De acuerdo con los datos allí compilados, el solo hecho de conservar los bosques ya existentes, representaría cumplir con un 23% de las metas de reducción de gases de efecto invernadero de aquí a 2030.
Además, la ong Rights and Resources publicó un informe en el sumó todo el carbono que hay en los bosques (el de los troncos, hojas y el orgánico fijado al suelo por los árboles) manejados por las comunidades indígenas de 64 países.
La conclusión: estas comunidades cuidan y manejan al menos 293.061 millones de toneladas métricas de carbono (MtC), una cantidad equivalente a 33 veces las emisiones de ese gas contaminante de 2017 a escala mundial. Es decir: sin los bosques de los indígenas, los humanos estaríamos emitiendo 33 veces más carbono a la atmósfera.
Por si fuera poco, un estudio publicado este año por el World Resources Institute y el Banco Interamericano de Desarrollo mostró que “entre 2000 y 2012, las tasas de deforestación dentro de las comunidades indígenas legalmente reconocidas en la Amazonía brasileña fueron siete veces menores que en las tierras más allá de estas fronteras. En la Amazonía colombiana, las tasas fueron tres veces más bajas”.
Y, aun así, una investigación del año pasado coordinada por Climate Focus encontró que las comunidades indígenas reciben apenas un 2% del dinero que se ha gastado en la mitigación del cambio climático.
Para revertir esa situación, nueve fundaciones filantrópicas anunciaron que, para el año 2022, invertirán un mínimo de $459 millones de dólares para la protección, restauración y expansión de los bosques alrededor del mundo y para promover el reconocimiento de los derechos indígenas y de comunidades locales sobre la propiedad y uso de la tierra.
*Enviada a San Francisco (CA) para la Global Climate Action Summit 2018.