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El anuncio de volver a fumigar con glifosato, hecho por el presidente Duque a principio de semana, revivió el debate sobre las implicaciones de este químico. Columnas de opinón, críticas, la mención de todo tipo de estudios científicos y declaraciones de expertos han sumado argumentos de si esta es la solución para erradicar los cultivos de coca del país. En medio de la coyuntura, la imagen de un contrato firmado por la Policía Antinarcóticos en la que se ve la compra de 700 canecas de un tipo de glifosato llamado Cúspide, agrava la situación. Resulta que este producto fue vetado hace siete años por no cumplir con las exigencias necesarias. (Lea: Opinión vs. ciencia: la evidencia sí sugiere que el glifosato es tóxico)
La historia se remonta al 2012, cuando el gobierno de los Estados Unidos prohibió el uso de esta clase de glifosato, comprado a la empresa Talanu Chemical Ltda., por casi $12.000 millones en China, por preocupantes factores. Según el análisis hecho por las autoridades estadounidenses en ese entonces, este producto no solo era más tóxico, inflamable y de consistencia irregular, sino que su etiqueta había sido alterada para mostrar que el herbicida cumplía con los estándares pedidos. Así lo denunció ese mismo año este periódico.
La misma empresa, Talanu Chemical Ltda., considerada una de las principales importadoras de glifosato en el país, es la que aparece como contratista en el contrato firmado por el director de Antinarcóticos, el mayor general Jorge Luis Ramírez. Lo conciliado en este papel fueron más de 700 canecas de glifosato Cúspide por un total de $3.000 millones. Hasta ahora no se sabe si el producto sea el mismo de hace siete años o si sus componentes ya cumplen con los requisitos establecidos para su uso.
Las periodistas María Jimena Duzán y María Isabel Rueda citaron en sus columnas de opinión de este domingo, la información presentada en este contrato.
Aún así, esta compra de glifosato sería con la que el presidente Iván Duque pretende revivir la fumigación con herbicida sobre los cultivos de uso ilícito. Contrario a 2012, esta vez las aspersiones estarían planeadas de manera manual con un producto que, hasta no comprobarse la mejora de su fórmula, sigue suscitando más desconfianza ante su riesgo de toxicidad.