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Por estos días, cerca de 1.400 niños dejaron de ir a clases en Guainía. Los niveles del río Inírida no han parado de crecer en las últimas semanas y las complicaciones llegaron a su límite: más del 50 % del departamento está inundado y los recursos para hacer frente a la situación se agotaron.
En palabras de la Gobernación, “la calamidad ha llegado a su límite. Escasean los recursos y las ayudas y no se cuenta con la capacidad económica ni logística para establecer albergues para los damnificados”.
Aunque la tragedia ha pasado inadvertida, hace un mes esa entidad expidió un decreto en el que declaraba la calamidad pública. La capital, Inírida, hizo lo mismo a principios de julio, pero los esfuerzos no han sido suficientes. Más de 15.600 familias han resultado damnificadas en todo el departamento y se han perdido cultivos. También hay casos de animales ahogados. La seguridad alimentaria, dice la Gobernación, está en riesgo en un territorio al que sólo se puede acceder por vía aérea o fluvial. No hay carreteras. Tampoco vías férreas.
Aunque la Unidad de Gestión del Riesgo ha entregado unas 1.300 ayudas humanitarias, son insuficientes. Cada día arriban a la capital más damnificados. Casi todos son indígenas. En Guainía, el 75 % de la población está compuesta por comunidades indígenas.
La tragedia, que no se presentaba desde hace más de cuarenta años, según cálculos estatales, causó otra dificultad difícil de resolver: la planta donde son tratadas todas las aguas negras de la capital está cubierta por la inundación. Su contenido está rebosándose y se está mezclando con el río. En esas mismas aguas algunos pueblos suelen bañarse y alimentarse.