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Desde hace tres años, si no más, el presidente de la Fundación Gaia Amazonas, Martin von Hildebrand, ha paseado su figura larga y canosa por ONG latinoamericanas, ministerios, academias de ciencia, resguardos indígenas y pasillos vaticanos para poner sobre la mesa una idea tan descabellada que, por lo mismo, es posible: un corredor ecológico y cultural que protegería 200 millones de hectáreas de la Amazonia. El proyecto ya tiene un nombre provisional: Corredor Triple A o Camino de la Anaconda, y mantendría la conexión natural entre el océano Atlántico, la región de la Amazonia y los Andes.
La idea suena como una locura por la extensión que tendría el corredor: un tercio de uno de los territorios más importantes para el medioambiente global. Cruzaría ocho países suramericanos e involucraría a 385 comunidades indígenas y 30 millones de personas.
Aunque se haya empezado a hablar de esto hasta hace poco, el Corredor Triple A es una idea que lleva amasándose por lo menos 30 años y que apenas ahora, después del compromiso de los países latinoamericanos (a excepción de Ecuador y Chile) en la Cumbre de París para reducir la deforestación de la Amazonia a cero, tiene un compromiso político internacional importante.
Martin von Hildebrand, quien se ha embarcado en la titánica tarea de hacer del Triple A una realidad, tiene 74 años, 50 de los cuales han sido dedicados a la conservación en la Amazonia colombiana. Este colombiano por adopción, nacido en Nueva York, estuvo tras la creación y ampliación del Parque Chiribiquete, del otorgamiento de 200.000 kilómetros cuadrados de resguardos indígenas en los ochenta y del reconocimiento como “nación pluricultural y multiétnica” en la Constitución de 1991. Es toda una autoridad en el tema ambiental y aunque él diga que el corredor no puede adjudicarse a una sola persona, pues lo haría excluyente, es él quien ha tocado las puertas para montar al bus del Triple A a los gobiernos de Perú, Brasil, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa, Surinam y Colombia, cientos de comunidades indígenas de los nueve países amazónicos, ONG, cooperación internacional, alcaldes de las áreas urbanas, científicos, empresarios y civiles. Lograr articularlos a todos alrededor del corredor va a ser muy difícil, tanto por las diferencias ideológicas y conflictos de intereses, como por la inmensa extensión que cubre el corredor. “Lo importante es, como dicen los indígenas, tejer el canasto. Si ya tenemos el corredor, podemos empezar a trabajar”, dice Hildebrand.
¿Por dónde empezar?
El año pasado, el Ideam advirtió que por primera vez en la historia se estaba perdiendo la conexión entre los Andes y la Amazonia. El agua de casi todo el continente depende de los 200 billones de toneladas que viajan desde el océano Atlántico y son absorbidas por la flora de la Amazonia. Gracias al calor, 600 millones de árboles transpiran a través de raíces y hojas, creando el vapor que el viento empuja hacia los Andes para que se vuelva agua de nuevo e irrigue la tierra, hasta volver al mar. Esta desconexión es una amenaza no sólo para el agua, sino para el intercambio genético entre la fauna y la flora del bosque.
Las tres regiones responsables del viaje de estos “ríos voladores” —que es básicamente el ciclo del agua— están siendo desconectadas entre sí. Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), hay 73 hidroeléctricas en territorios indígenas y 62 en áreas protegidas de la Amazonia, además de unos 35 millones de hectáreas concedidas para minería en territorios indígenas y 20 millones en áreas protegidas, entre otras amenazas.
“El corredor está prácticamente hecho”
Aunque sea difícil lograr que ocho países se pongan de acuerdo para firmar y llevar a cabo un proyecto de este tamaño, existen antecedentes que dan pie para pensar que delimitarlo será más fácil y rápido de lo que se piensa. El afán es lograrlo antes de que la Amazonia siga perdiendo bosques con la velocidad de este año.
“Durante los últimos 30 años, los países han venido reconociendo áreas protegidas, declarando resguardos indígenas, delimitando reservas forestales y parques nacionales, y así”. En 1911 se creó la primera reserva forestal en Brasil. Tiempo después, en 1948 se creó la primera reserva en Colombia, en La Macarena.
Según Raisg, hacia los años ochenta, la mayoría de países fueron adoptando figuras similares y declarando áreas protegidas y parques nacionales. Los gabinetes de ministerios de Ambiente se fueron instalando en los paquidérmicos edificios gubernamentales y para la década de los noventa, dos cuartos de los 700 millones de hectáreas que componen la Amazonia estaban bajo alguna figura de protección. Mientras, los yacimientos de petróleo en el norte de Perú, los de cobre en Brasil, los de oro en Colombia y tantos más eran feriados al mejor postor.
A principios de siglo, y aún hoy, la Amazonia todavía es vista como un territorio indómito, vacío y por lo tanto aprovechable para el más avispado.
Por esta razón se fortaleció el movimiento indígena en Latinoamérica. A punta de presión. Paulatinamente, cada país fue reconociendo a diversas poblaciones a través de la Ley de Comunas (Ecuador), tierras indígenas en Brasil, resguardos en Colombia, y otras. También se hicieron acuerdos transfronterizos para cuidar la Amazonia, tanto para combatir el narcotráfico y los grupos armados como para aprovechar el bosque o cuidarlo. “Estos antecedentes han sido claves para una actual iniciativa regional (Anaconda) que busca formar un corredor desde el Atlántico hacia los Andes, donde la Amazonia es el eje transversal”, se lee en el informe de amenazas de Raisg. “Cuando fuimos a ver el mapa, el corredor ya estaba prácticamente hecho”, cuenta Hildebrand, sentado en su oficina en Bogotá. Puede que él lleve 30 años de tarea adelantada, pero aún falta resolver cómo se van a articular tantos actores alrededor de un solo objetivo.
Harol Rincón Ipuchima, parte de las directivas de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), que reúne a varios pueblos amazónicos de toda la cuenca, y de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), se refiere a los actores involucrados como “malocas”, que no sólo son casas, también son centros administrativos y de toma de decisiones.
“Martin es el que tiene los contactos en cooperación internacional, el que ha hablado con los presidentes y los ministros y el que más ha movido, aunque ningún gobierno haya puesto un solo peso”, dice mientras mambea en una modesta oficina del barrio Teusaquillo, en Bogotá. “Las malocas de las ONG, de los gobiernos, de la sociedad civil y de los indígenas, entre otras, han sido conectadas por Martin en un ejercicio de paciente araña tejedora”.
Aunque aún hay mucho trabajo por hacer, el proyecto del Corredor Triple A ha escalado alto y rápido. La maloca de las ONG ya tiene una en cada país impulsando el proyecto desde lo local. La maloca indígena —es decir, organizaciones como la Opiac y el Coica— han conversado sobre el tema del corredor desde 2013, tanto con Hildebrand como internamente, con algunos problemas logísticos. De todos modos, casi el 50 % del hipotético corredor ya está bajo alguna forma de protección. Deben determinar cómo quieren proteger la región y cómo quieren relacionarse para lograrlo.
Pero el corredor no sólo está tejido entre mapas y fronteras nacionales. “Hay algo que los indígenas llamamos el ‘camino del pensamiento’. Cada comunidad tiene un maloquero que dice: por ley de origen, debo partir de la maloca al cerro, luego al río y de vuelta para recorrer espiritualmente esos puntos y sanar el mundo. Cada maloquero lo hace en su porción de tierra y cuando vas a ver, tienes una interconexión, un camino del pensamiento tejido entre los indígenas amazónicos”, explica Rincón Ipuchima. Es una cartografía espiritual, un corredor que ya existe desde hace tiempo y es invisible para muchos.
Por último está la maloca del Gobierno, por el momento la más esquiva de todas. “La idea es lograr una manera de cooperación internacional que respete la autonomía de los gobiernos y las comunidades indígenas, acudiendo a acuerdos de los cuales muchos ya están firmados”, dice Hildebrand.
Hay antecedentes que hacen pensar que esta locura del corredor es posible: la mayoría de países amazónicos firmaron el Tratado de Cooperación Amazónica (1978) y el COP 21 (2015), que reconocen la Amazonia como un territorio a proteger.
En Colombia, en el 2015, el presidente Juan Manuel Santos anunció su apoyo al proyecto y prometió que el Ministerio de Ambiente y la Cancillería iniciarían conversaciones con Brasil y Venezuela, que en ese entonces eran los únicos países que integrarían el Corredor Triple A, además de Colombia. Incluso, la idea de un “corredor ecológico, cultural y de desarrollo sostenible” está esbozada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. De ese plan nació Visión Amazonia, uno de los nuevos organismos creados para frenar la deforestación en la región.
Ahora que faltan 10 meses para el fin del período presidencial de Santos, el corredor no puede quedar en papel mojado. Esto supone el reto enorme de tocar puertas de oficinas y malocas en tiempo récord para lograr articular las propuestas de los ministerios de Ambiente de los ocho países.
Ha habido acercamientos con comunidades indígenas en Perú y Ecuador, pero no con los gobiernos de turno. Surinam, Guyana y Guyana Francesa, cuyos territorios estarían completamente cubiertos por el corredor, han mostrado su apoyo, pero nada formal. Según Hildebrand, Venezuela dirá que sí cuando le pregunte, pues el 80 % del estado de Amazonas, que cubriría el corredor, es indígena y prácticamente todo el territorio es un área protegida. Tal vez el reto más grande en la carrera de observaciones que se ha impuesto Martin von Hildebrand es Brasil: les corresponde un 46 % de la Amazonia y casi la mitad de lo que sería el Corredor Triple A. El ministro de Medio Ambiente, Jose Saney Filho, hizo público su compromiso con el proyecto en 2016, anunciando el Programa Corredores, justo después de que Brasil se comprometiera a restaurar 12 millones de hectáreas para 2020. Los estados de Amapá y Pará, que integrarían el corredor, mostraron interés, mientras que el estado de Roraima, cuya actividad principal es la ganadería, suele oponerse a figuras de protección ambiental, pero aún no conoce el Corredor. Además, el gobierno de Michel Temer parece ir para el otro lado. Según el New York Times, se firmó una suerte de decreto presidencial en diciembre de 2016, transformando 305.000 hectáreas de la Floresta Nacional de Jamanxim, en Pará, en un área de protección ambiental. Una jugada burocrática que permitiría la explotación comercial de tierras.
Jamanxim está incluido en lo que sería el corredor y a la vez representa más de la mitad de la deforestación en Brasil. El reto de Hildebrand es enfrentarse a 221 congresistas ruralistas, la facción que controla el Congreso brasileño. Los mismos que acaban de pasar un proyecto de ley para acabar con la obligatoriedad de presentar licencias ambientales y que son el respaldo político de Temer.
Sin embargo, el más reciente movimiento de Hildebrand, y tal vez el más osado, es haber convertido al Vaticano en una maloca. Este año viajó dos veces al Vaticano a explicar la idea del Corredor Triple A a Marcelo Sánchez Sorondo, el canciller de la Academia de Ciencias del Vaticano. Meses después, el papa Francisco habló específicamente de la Amazonia en su viaje a Colombia. Sería muy ingenuo afirmar que el papa habló de la región gracias al corredor o a Hildebrand, pero sí significa que este proyecto tiene cada vez más eco en oídos poderosos.
Se espera que cada país, en ejercicio de su soberanía, haga un diagnóstico de la posibilidad del corredor y que pueda presentar sus propuestas en seis meses para empezar a tejer el canasto y por fin dar a luz el Camino de la Anaconda.
*Esta historia hace parte de InfoAmazonia, un proyecto periodístico en alianza con Amazon Conservation, Dejusticia y El Espectador, que busca informar sobre el bosque tropical más grande del planeta y los nueve países que lo integran. Para noticias de la region, visite www.infoamazonia.org