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A los líderes del pueblo Siona, del Putumayo, que abarca cuatro municipios y agrupa a unos 2.600 miembros, les ha tocado sobrevivir a todo: al narcotráfico, al paramilitarismo, a las minas quiebrapatas y por supuesto al fuego cruzado entre guerrilla y ejército. El último de sus dolores de cabeza son los títulos de exploración de hidrocarburos que el mismo Estado colombiano otorgó a la empresa Amerisur dentro del resguardo Buenavista.
El Putumayo es una de las más grandes fronteras del “oro negro” en Colombia. Como lo señaló el año pasado la Asociación Colombiana de Petróleo, junto a los Llanos y el Valle Inferior del Magdalena, el Putumayo concentrará las mayores inversiones en exploración y explotación de pozos.
Desde hace cuatro años, con el objetivo de proteger su territorio ancestral la comunidad Siona - vocablo que en su lengua significa “Gente de Chagra y Yagé” - acordó no permitir explotación de hidrocarburos. Lograrlo no ha sido fácil y ha significado para sus líderes una peregrinación por toda la burocracia colombiana: Senado, Cámara de Representantes, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Ambiente, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Unidad Nacional de Protección, Procuraduría, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Finalmente el pasado 14 de julio a Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares para protegerlos. La Comisión detalló que los solicitantes informaron sobre eventos de riesgo ocurridos este año, entre los que se encuentran amenazas, intimidaciones, ocupaciones ilegales de hogares, enfrentamientos armados, limitaciones de libre desplazamiento y la presencia de actores armados que buscarían consolidar sus actividades ilícitas en los resguardos.
El pasado 21 de agosto un juez del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, Putumayo, decretó esas medidas y envió un mensaje claro a varias entidades para que se comprometan con la protección del pueblo Siona. (CIDH otorga medidas cautelares a favor resguardos indígenas en Putumayo).
Pero el juez también ordenó a la empresa Amerisur, que cotiza en la bolsa de Londres, abstenerse “de manera inmediata” de realizar acciones encaminadas a la ejecución del proyecto sísmica para el Bloque PUT 12, unas 54.433 hectáreas ubicadas entre los municipios de Puerto Asís y Leguízamo y que se solapan con el resguardo Siona. La compañía tiene en total 11 bloques en todo el departamento que abarcan 984,000 hectáreas.
Así mismo ordenó al instituto Geográfico Agustín Codazzi congelar avalúo de cinco predios adjudicados en la zona y suspender los procesos judiciales iniciados respecto a esos predios. El juez le ordenó a varias entidades del Estado suspender el trámite de licencias de exploración y explotación en el Resguardo Buenavista. (Los guardianes del yagé, confinados por la violencia).
Entre algunas medidas menores, pero que para los Sionas representan una tranquilidad extra, está la orden para que la Agencia Nacional de Tierras instale vallas “de 2.50 de ancho por 1.50 de alto” en las que se informe que el resguardo Buenavista pertenece a la comunidad Siona.
Mario Erazo, gobernador del resguardo Bellavista, uno de los seis que conforman el Pueblo Siona, expresó su satisfacción por la decisión del juez aunque sabe que la tarea no está terminada. (Los guardianes del yagé, acosados por una petrolera). "Una de las cosas primordiales y demás implicaciones es que la medida cautelar impida el trabajo que iba a realizar la empresa Amerisur", comentó, "lo que viene es seguir vigilando. Sabemos que la empresa no se va a quedar quieta y seguirá con su parte jurídica. Nosotros vamos a seguir buscando jurídicamente como sostener esta protección". El gobernador contó que la comunidad también quiere que su resguardo se amplíe de 4.200 hectáreas oficialmente adjudicadas hasta hoy hasta cerca de 52.000 hectáreas que corresponden con su territorio ancestral.
En su página web, la empresa Amerisur Resources informa a sus socios que tiene la intención de perforar 3 pozos en el bloque Putumayo 12. También, y en contra de su tensa relación con el pueblo Siona, aseguran que “se completó una Consulta Previa con tres comunidades indígenas, lo que permite realizar más operaciones sísmicas en el bloque”.
El representante de Amerisur en Colombia informó que la empresa está analizando el fallo del juez y pronto realizará un pronunciamiento oficial.