![Los 25 jóvenes accionantes tienen entre siete y 26 años y son de las 17 regiones de Colombia más amenazadas por el cambio climático. Los acompaña su representante, César Rodríguez, de Dejusticia. / Andrés Rodríguez/Dejusticia](https://www.elespectador.com/resizer/v2/F6QEJF7SDNENPOPYMFY7A2QBRQ.jpg?auth=b12d255d247226bd9ff3be61a97032468a850c71065feb0baefa883b5413658a&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
“Antes era más fresco, me dicen mis abuelos”, dice José Rodríguez, de 14 años, natural de Leticia. Acxan Duque, de siete años, nota que Buenaventura “ahora es que se ha vuelto caliente”. Los jóvenes de Colombia, el tercer país más sensible al cambio climático, están luchando por asegurar el futuro en el que crecerán y que heredarán a otros. Este lunes, 25 niños, niñas y jóvenes de Colombia entre los siete y los 26 años presentarán la primera acción de tutela sobre cambio climático y generaciones futuras de América Latina, apoyados por Dejusticia.
Provienen de las 17 regiones con mayor riesgo por los efectos de cambio climático, según el Ideam: Arauca, Bogotá, Cali, Cartagena, Cubarral, Envigado, Florencia, Floridablanca, Buenaventura, Itagüí, La Calera, Leticia, Manizales, Neiva, Palmira, Quibdó y San Andrés y Providencia.
La exigencia de los jóvenes accionantes es sencilla: que la Presidencia, los ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales y las corporaciones autónomas regionales, alcaldías y gobernaciones de la Amazonia emprendan acciones para frenar la tala del bosque amazónico.
En concreto, piden que se le ordene al Gobierno que en un plazo de seis meses presente un plan de acción para reducir a cero la tasa de deforestación en la Amazonia colombiana para el año 2020, que fue el compromiso que el presidente Juan Manuel Santos hizo en la Cumbre del Clima de París del 2015. Además solicitan que los jóvenes sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones para este fin.
Según el Ministerio de Ambiente, la temperatura de Colombia aumentó 0,8 °C en los últimos 45 años, lo cual nos ha hecho más vulnerables a sequías, deslizamientos, inundaciones, enfermedades tropicales y escasez de alimentos. Estos riesgos están incluidos en la tutela que será presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Por ejemplo, hace 10 años era imposible que los mosquitos transmisores de dengue llegaran a regiones altas como Cundinamarca. Gracias al aumento de la temperatura en los almacenamientos de agua donde crecen las larvas del mosquito, el departamento estuvo al borde de una epidemia en 2016.
Otro de los riesgos es el aumento del nivel del mar, que ya ha erosionado playas en la bahía de Santa Marta y Puerto Colombia. Incluso comunidades enteras han tenido que desplazarse, como en Bocas de Curay (Chocó), un territorio a 40 minutos de Tumaco, uno de los ocho focos más preocupantes de la tala de bosques, según el Ideam. Los 1.000 metros que separaban la loma de la playa ya se los comió el mar, y las familias debieron treparse al morro, en busca de lugares más altos, según contó El Tiempo. Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. De acuerdo con el índice climático de la NASA, 64 millones de personas se desplazaron en el mundo por causa del cambio climático.
Cartagena, una de las ciudades amenazadas por el cambio climático, también podría verse seriamente afectada. La Unesco calcula que el 25 % de las zonas residenciales de la ciudad podrían sufrir inundaciones y mareas altas, según los modelos climáticos más optimistas, que prevén un aumento de 2 °C de temperatura global. Una de las demandantes, Yurshell Rodríguez, de 23 años, es de San Andrés y Providencia, la región del país que está en mayor riesgo, precisamente, por el aumento del nivel del mar. Para el año 2070 la temperatura de esta zona aumentará 1,4 grados. según el IDEAM y, de acuerdo con un estudio de Invemar, para 2100 el archipiélago de San Andrés, hogar de Yurshell, habrá desaparecido en un 17 %, afectando al 80 % de la población. “El cambio climático se siente, sobre todo el calor ha aumentado”, dice en un video que recoge las experiencias de los niños, niñas y jóvenes, publicado por Dejusticia.
Tal vez el punto más importante de la acción judicial es el grito de las nuevas generaciones para salvar los bosques amazónicos, la región en donde se tala bosque de manera más desmedida. De acuerdo con el Ideam, Colombia perdió 178.591 hectáreas de bosque en 2016 —el equivalente a un departamento como Quindío— y el 39 % de la deforestación se concentró en la Amazonia, unas 70.074 hectáreas de bosque perdidas bajo hacha y machete en 2016.
El problema no para ahí. La entidad advirtió de que, por primera vez en la historia, se estaba perdiendo la conexión entre los Andes y la Amazonia. Esto es gravísimo si tenemos en cuenta que el agua de casi todo el continente depende de los 200 billones de toneladas de agua que viajan desde el océano Atlántico y son absorbidas por la flora de la Amazonia. Gracias al calor, 600 millones de árboles transpiran a través de raíces y hojas, creando el vapor que el viento empuja hacia los Andes para que se vuelva agua de nuevo e irrigue la tierra hasta volver al mar. Esta desconexión es una amenaza, no sólo para el agua, sino para el intercambio genético entre la fauna y la flora del bosque.
“Esto genera una amenaza grave sobre los derechos fundamentales de quienes hoy somos jóvenes y que enfrentaremos en nuestra vida adulta los efectos del cambio climático”, dicen los 25 accionantes en la tutela. En otras palabras: su derecho a la vida, la salud, la alimentación y el ambiente sano está en juego.
El Gobierno de Colombia está consciente del problema. Alemania, Noruega y Reino Unido están dispuestos a pagar US$100 millones si en cinco años reducimos a cero la tasa de deforestación de la Amazonia. De acuerdo con Yesid Beltrán, director del Pilar Agroambiental de Visión Amazonia, la entidad creada para contener el fenómeno, los créditos, la asistencia técnica y las alianzas productivas son la clave para cumplir el compromiso de cero deforestación en la Amazonia que Colombia se trazó para 2020. La protección de fuentes de agua, la conservación de árboles en los hatos ganaderos, el aprovechamiento de las especies nativas, como el caucho y el cacao, y el turismo de naturaleza son las estrategias.
Sin embargo, la tarea no es fácil. Si bien es cierto que la Amazonia dejó el primer lugar en deforestación en el último año, sigue siendo, por su trayectoria histórica, la región más talada de Colombia: allí se ha concentrado el 34 % de la deforestación total del país. De los 30 municipios en los que se concentra la deforestación en el país, los ubicados en el piedemonte llanero —donde se unen los llanos y la selva— siguen ocupando los primeros lugares: en el segundo trimestre, San José del Guaviare fue el segundo municipio con más alertas por deforestación, y el tercero fue La Macarena.
Esta es la preocupación de los jóvenes, porque saben que enfrentarán los efectos climáticos y económicos de esas cifras. En últimas, la tutela es un reclamo legítimo a las generaciones que tienen el poder para que trabajen en aras del ambiente que van a heredar. Dependiendo del país que construyan las viejas generaciones, los que vienen podrán gozar de un ambiente sano, como dice la Constitución, o pueden adaptarse al cambio climático y sufrir las consecuencias.
La tutela se suma a una ola de litigios contra el cambio climático en Estados Unidos y Europa. James Hansen, uno de los científicos más activos en la lucha contra el cambio climático, fue el primero en proponer que se demandara a las empresas y estados responsables de la polución. Our Children’s Trust, el grupo que patrocina la demanda contra el gobierno federal de Estados Unidos para hacerlo responsable de los efectos del cambio climático, está íntimamente relacionado con Hansen (y con su nieta, una de las accionantes).
Esa acción fue la primera en presentar una novedosa teoría (que parece obvia): debemos garantizar a los jóvenes un ambiente no tóxico, apto para la habitación humana, como parte de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
La idea se esparció como arena al viento. A principios de este año, Nueva York emprendió acciones legales contra Exxon Mobil, Conoco Philips, Chevron, Royal Ditch Shell y BP, buscando una compensación por los daños al medio ambiente. Lo mismo hicieron San Francisco, Oakland y Santa Cruz (California), en 2017.
Las nuevas generaciones incluso están cuestionando las acciones de su propio linaje. Desde 2003, los Rockefeller han emprendido acciones legales contra Exxon —la empresa que los hizo ricos—, porque, según alegan, la petrolera sabía de los efectos sobre el medio ambiente que tenían sus operaciones y ocultó esta información al público.
Según César Rodríguez, director de Dejusticia y abogado de los jóvenes colombianos, “así como los alcaldes de Nueva York y San Francisco demandaron a las empresas petroleras más contaminantes para que compensen los daños al clima global, y una corte le ordenó al gobierno de Holanda disminuir las emisiones de carbono del país, nosotros estamos pidiendo que Colombia cumpla los compromisos que ha adquirido contra el calentamiento global”.
En un documento publicado en julio de 2017 en la revista científica “Earth System Dynamics”, Hansen dice que, debido a la inacción continua desde que se llegó al Acuerdo de París, en 2015, limitar las emisiones de carbono para mantener la temperatura global por debajo de los 1,5 °C ya no es suficiente. “Se requerirán medidas activas para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. Esas medidas serán asombrosamente costosas, colocando una carga imposible sobre los hombros de los jóvenes y los seres humanos aún no nacidos para limpiar el desastre que sus antepasados crearon, consciente y voluntariamente”, dice.
Los 25 niños, niñas y jóvenes demandantes no están solos. En Colombia hay iniciativas que también luchan por un ambiente sano para los que vienen: Ciudad Verde, que hace rutas de sostenibilidad por la Reserva Natural Van der Hammen; Tierra Digna, el grupo de mujeres jóvenes que logró que el río Atrato fuera declarado sujeto de derechos, y July Mora, la líder de dos grandes asociaciones de pescadores y agricultores del Magdalena Medio que rescatan especies nativas e intentan recuperar el río. Todos ellos son apenas unos cuantos ejemplos del poder los jóvenes.
Las generaciones del futuro ya están aquí, y con esta acción legal, los niños, niñas y jóvenes ciudadanos envían un claro mensaje: no van a resignarse al mundo que les tocó.
*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.