El mundo se enfrenta a una pérdida de biodiversidad sin precedentes. Según el informe “Planeta Vivo 2020”, de WWF, las poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han disminuido en un 68 % en todo el mundo en los últimos 50 años y 94 % en Latinoamérica. Sus principales causas son la alteración de los hábitats naturales, cambios en los usos de la tierra, la sobreexplotación de recursos naturales y el cambio climático. Todas son actividades humanas o fenómenos producto de ellas. (Lea: Latinoamérica es la región con mayor pérdida de biodiversidad)
Prevenir la extinción de especies amenazadas, reducir o eliminar las subvenciones públicas que contribuyen a destruir la biodiversidad, gestionar de forma sostenible áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad y reducir la contaminación del plástico son algunas de las metas trazadas hace una década en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Los 190 Estados miembros se comprometieron a frenar la degradación que, para ese entonces, estaba atravesando el planeta. Pero en 10 años ninguna de las 20 metas para la diversidad biológica se cumplieron en su totalidad.
Para evitar una extinción masiva de especies o una pérdida mayor de ecosistemas es necesario revertir la pérdida de biodiversidad. Actualmente los expertos sostienen que la clave está en poner la naturaleza en el centro de la toma de decisiones e impulsar una transición hacia patrones sostenibles de producción y consumo. Con el propósito de alcanzar esos objetivos, el 28 de septiembre, 77 jefes de Gobierno y de Estado de todo el mundo firmaron un compromiso con 10 acciones puntuales para responder a esta emergencia planetaria. Iván Duque, presidente de Colombia, es uno de los firmantes y, durante el evento, aseguró que “es hora de demostrar la capacidad de cambiar las tendencias negativas de pérdida de biodiversidad. Colombia como país megadiverso está comprometido con este propósito”. (Puede leer: Líderes mundiales comprometidos a revertir el daño ambiental para el 2030)
El reto es grande. En el país la pérdida de biodiversidad y la deforestación siguen siendo alarmantes. De acuerdo con el reporte de alertas tempranas de deforestación del Ideam, en el primer trimestre de 2020 se deforestaron cerca de 64 mil hectáreas de bosque en la región amazónica, con un incremento de 82,8 %, al pasar de aproximadamente 35 mil hectáreas deforestadas durante el primer trimestre de 2019 a 64 mil hectáreas este año (29 mil hectáreas más). Entonces, ¿cómo se podrían cumplir esas metas en Colombia?
Además de estas 10 metas, los expertos explicaron que en el país hay un objetivo más determinante para revertir la pérdida de la biodiversidad: la ratificación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado internacional que reconoce la categoría de líderes y defensores ambientales, que busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en Latinoamérica y el Caribe. (Podría leer: El acuerdo de Escazú espera salir vivo del Congreso)
Colombia es el quinto país con mayor conflictividad ambiental del mundo y el primero en asesinatos de líderes ambientales. Y aunque ya firmó este tratado, aún no lo ha ratificado, y para que sea vinculante deberá ser ratificado por 11 países. Hasta ahora solo 10 lo han hecho.
La pandemia confirmó que la salud humana y la salud planetaria están estrechamente vinculadas, que el impacto del ser humano en la naturaleza está alcanzando niveles alarmantes y que cada vez hay menos tiempo para reaccionar. “Si cambiamos la manera en que cultivamos y consumimos productos, producimos y utilizamos energía, y protegemos ecosistemas costeros y bosques, podremos encaminarnos hacia un futuro resiliente y saludable”, sostuvo Ximena Barrera, directora de relaciones de gobierno y asuntos internacionales de WWF Colombia. La implementación efectiva y coordinada de los compromisos asumidos por Colombia en septiembre determinante.
1. Reactivación económica ecológica y resiliente:
Los líderes se comprometieron a situar la biodiversidad, el clima y el medioambiente en el centro de las estrategias e inversiones para la recuperación económica, en el que se incluyan acciones para reducir las brechas de desarrollo y de la desigualdad social, además de limitar amenazas generadas por el cambio climático y la degradación medioambiental. En Colombia será clave que las medidas de recuperación, como el plan “Adelante con confianza”, liderado por el Ministerio de Comercio", y el Conpes de reactivación y repotenciación económica, entre otros, impulsen los ejes claves como bioeconomía, las soluciones basadas en la naturaleza y la infraestructura sostenible.
2. Desarrollar un marco de biodiversidad mundial pos-2020, en sinergia con las metas globales de desarrollo sostenible:
La Convención Marco de Biodiversidad, el espacio multilateral global donde se fijan las acciones coordinadas globales para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica está definiendo su marco global pos-2020, donde deberán plantearse los objetivos para abordar los factores directos e indirectos de la pérdida de biodiversidad y coordinar los esfuerzos necesarios para detener y revertir la actual tendencia. Esto requiere importantes esfuerzos para incluir a los sectores económicos y fortalecer las múltiples formas de gobernanza efectiva de los territorios, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales. Además, es una oportunidad excepcional para reconocer las contribuciones de la naturaleza a las metas de desarrollo sostenible y de cambio climático.
3. Resolver los desafíos de la pérdida de biodiversidad y cambio climático:
Los países deberán plantear estrategias para abordar los desafíos relacionados con la pérdida de biodiversidad, la degradación de tierras, agua dulce y el mar, la deforestación, la desertificación, la contaminación y el cambio climático. En Colombia, la actualización de las metas climáticas que el país se fijó a través del Acuerdo de París en 2015 (Contribución Determinada a Nivel Nacional), es una oportunidad para alinear la agenda de cambio climático con la de biodiversidad, al impulsar medidas como las soluciones basadas en la naturaleza. En este momento este proceso se encuentra en su fase final y les da la oportunidad a todos los colombianos de dejar sus aportes a través de la página web del Ministerio de Ambiente.
4. Transición hacia patrones sostenibles de producción y consumo:
Los sistemas alimentarios son la mayor amenaza para la naturaleza y el planeta, porque contribuyen al menos con el 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. En Colombia, según un estudio del DNP de 2016, las pérdidas y los desperdicios de alimentos alcanzan a ser un 34 % de lo que producimos. Por eso, los países proponen transformarlos para que sean más sostenibles, incluyendo el cambio hacia una economía circular. En Colombia, para alcanzar este objetivo, los expertos aseguran que se debe impulsar la economía circular con políticas de producción, consumo sostenible y crecimiento verde.
5. Alinear las políticas climáticas nacionales con el Acuerdo de París:
Los países deberán incluir estrategias que ayuden a cumplir los objetivos de temperatura, de generar cero emisiones de gases de efecto invernadero y de resiliencia climática de la economía. En Colombia se tendrá que actualizar la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) -que en este momento se encuentra en su fase final de actualización- y la Estrategia 2050 -el instrumento de política de Estado que orienta las acciones nacionales, sectoriales y territoriales para construir un futuro resiliente al clima en Colombia-, además de implementarse el impuesto al carbono y la política nacional de cambio climático.
6. Finalizar los delitos ambientales:
Los delitos ambientales pueden perjudicar los esfuerzos para hacer frente a la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Para frenarlos los países garantizarán marcos legales y la aplicación de la ley a nivel nacional e internacional e impulsarán una cooperación eficaz. Para esto, en Colombia será clave poner en marcha el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados, así como las disposiciones del Pacto de Leticia, para abordar los delitos ambientales en la región amazónica.
7. Integrar la biodiversidad en políticas sectoriales e intersectoriales:
Debido a que toda actividad humana genera un impacto en la naturaleza, la biodiversidad se incluirá en la planeación de sectores como la producción de alimentos, el sector agrario, la pesca y la silvicultura, la energía, el turismo, las infraestructuras y la industria extractiva, el comercio y las cadenas de suministro. La pérdida de biodiversidad debe, entonces, dejar de ser vista como una problemática ambiental y comenzar a ser un asunto transversal en todas las carteras del Gobierno.
8. Incorporar el enfoque de una sola salud:
La salud humana está interconectada con la salud de la naturaleza. Cuando los ríos, los bosques, los océanos, los suelos y las especies están sanos, los humanos también. De aquí que todas las políticas y los procesos de toma de decisiones de los países deberán incorporar el concepto de “una sola salud”.
9. Transformar y reformar los sectores económicos y financieros:
Los países incentivarán a las empresas, inversores y mecanismos financieros para que ajusten los flujos financieros a los compromisos ambientales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para que promuevan la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad en sus decisiones de financiación. En Colombia, por ejemplo, es clave el impuesto al carbono, de cuyo recaudo hay una destinación especial para conservar los bosques y los páramos, evitar la erosión costera, entre otros, así como para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap). Para cumplir con este compromiso, será clave que se mantenga y se refuerce la destinación efectiva de estos recursos para la conservación.
10. Reconocer los conocimientos tradicionales e indígenas en las políticas:
Los países se comprometen a que el diseño e implementación de políticas estén basadas en la ciencia y reconozcan los conocimientos tradicionales e indígenas. Participará toda la sociedad, incluyendo los sectores empresarial y financiero, los pueblos indígenas y las comunidades locales.