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La posible sanción que recibiría la empresa Drummond, responsable de arrojar un número aún no determinado de toneladas de carbón en el mar de Ciénaga, Magdalena, el pasado 13 de enero, se está convirtiendo en una difícil partida de ajedrez jurídico para las autoridades ambientales.
Con dos tutelas y una queja ante la Procuraduría, los abogados de la empresa multinacional parecen estar tratando de frenar la actuación que hasta ahora ha venido adelantando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y evitar una posible sanción por el derrame de carbón.
Luego de recaudar pruebas en el lugar donde se presentó el incidente, la ANLA decidió abrir una investigación contra la empresa. En mayo de este año se les formuló cargos a las cuatro empresas involucradas en el incidente (American Port Company Inc., Drummond Ltd., Drummond Coal Mining LLC y Transport Services LLC) por causar un deterioro al ecosistema marino de la zona.
Fue entonces cuando los abogados de la empresa, temiendo una multa que podría llegar hasta los 5.000 salarios mínimos legales vigentes, pusieron en marcha una estrategia jurídica que, de ser exitosa, tendría graves efectos para el país y complicaría la actuación de la autoridad ambiental cuando se ponga en marcha la locomotora minera.
Lo primero que hicieron los abogados fue interponer una tutela ante el Consejo de Estado, argumentando que la ANLA no era la entidad competente para investigar y sancionar estos casos, sino la Dirección Marítima (Dimar). Según abogados consultados por El Espectador, la empresa pretende que se reconozca como válida una norma de 1984 por encima de la Ley 99 de 1993 que reorganizó todo el sistema nacional ambiental.
De esta manera, la multinacional aprovecharía que la máxima sanción que puede imponer la Dimar son 1.000 salarios mínimos y evitaría sanciones más drásticas por parte de la ANLA, como el cierre temporal o definitivo, la revocatoria de la licencia ambiental, una multa de cinco salarios mínimos mensuales por cada día de infracción y, además, la obligación de restaurar el ecosistema afectado.
Pero no terminan ahí los recursos jurídicos. La otra tutela instaurada por los abogados de la Drummond acusa a la ANLA de una violación al debido proceso y de falta de imparcialidad, y el mes pasado presentaron una queja ante la Procuraduría, también por falta de imparcialidad en el caso.
El Espectador intentó conocer la posición de la empresa sobre estos temas, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.