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La Contraloría General de la Nación reveló este lunes un estudio que arroja varias cifras en relación con los gastos del Estado para proteger a líderes sociales en riesgo y a desmovilizados de las Farc, que ponen en entredicho el sistema de protección en el país.
De acuerdo con el ente de control fiscal, en el período 2015-2017 se destinaron $978.295 millones a medidas de protección para personas amenazadas. Además, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que surgió del Acuerdo de paz de La Habana para garantizar la seguridad de los integrantes del partido político Farc, destina mensualmente $4.815 millones en 123 esquemas de seguridad para los desmovilizados. Esto significa que en promedio cada esquema de protección a desmovilizados cuesta mensualmente $39 millones.
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“Aunque la Unidad Nacional de Protección ha hecho un gran esfuerzo para proteger la vida de los líderes sociales amenazados, se requiere una verdadera política de estado en este tema”, aseguró el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.
La Contraloría decidió realizar el estudio que revela estas cifras luego de que la Defensoría del Pueblo informara en febrero de este año que entre el primero de enero del 2016 y el 27 de febrero de 2018, habían sido asesinados 282 líderes sociales.
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En el estudio se revela, además, que contra las entidades involucradas en la protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos en riesgo, se han interpuesto 105 demandas por hechos relacionados con afectaciones de personas a las que les fue negado o retirado el esquema de protección. En total, las demandas tienen pretensiones por un valor de $206.463 millones. 43 de estas demandas fueron interpuestas directamente contra la UNP mientras que las 62 restantes se interpusieron contra el liquidado DAS.
Además de lo anterior, cerca del 2% de los recursos de la UNP son destinados a atender fallos de tutelas que son presentadas por inconformidad con las medidas adoptadas por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM). Este Comité es el encargado de recibir las solicitudes de protección y así mismo de aprobarlas, lo cual no sucede en todos los casos. Esta inconformidad por las medidas adoptadas dejó, en el período estudiado (2015-2017) 403 acciones de tutela de las cuales 176 impartieron órdenes cuya implementación ascendió a $19.164 millones.
El estudio concluye que, a pesar del esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional, las acciones ejecutadas han resultado insuficientes para la protección de personas amenazadas en el país. Frente a ello, la Contraloría llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer medidas de prevención y coberturas colectivas a esta población.
Frente a la crisis del sistema de protección en Colombia, Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, ha manifestado la necesidad de una reforma estructural de la manera como se concibe la protección en el país.