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Buena parte de la historia reciente de violencia en Nariño pasa, necesariamente, por las secuelas y los efectos del negocio del narcotráfico. La disputa entre los grupos armados ilegales que controlan el territorio y los corredores claves para las economías ilícitas ha sido la constante y el origen de la crisis humanitaria que, además, se viene agudizando en los últimos años. El fin de semana del 20 y 21 de febrero de este año, por ejemplo, once personas fueron asesinadas en zona rural de Tumaco, precisamente el municipio con más cultivos de coca en ese departamento. Los homicidios, repartidos en cuatro escenarios, serían el resultado de enfrentamientos entre el Frente Oliver Sinisterra y Los Contadores, estructuras de las disidencias Farc.
Nariño dejó de ser el departamento más afectado por cultivos de coca en 2019, al pasar de 41.903 hectáreas sembradas a 36.964, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI); mientras que Norte de Santander pasó a ser el más afectado, al aumentar los cultivos de 33.598 hectáreas en 2018 a 41.711 en 2019. En ese orden, Tumaco, que se caracterizó por ser el municipio con más coca en el país, fue superado por Tibú (Norte de Santander). Además de Tumaco, en Nariño hay otros 26 municipios con presencia de cultivos de uso ilícito, siendo junto con Norte de Santander los departamentos que agrupan más del 50 % de toda la coca del país. Para el 31 de diciembre de 2019, el área sembrada con coca en Colombia alcanzó las 154.000 hectáreas de cultivos, lo que significó un 9 % menos de lo reportado para 2018.
El Gobierno, entre tanto, ha implementado una estrategia combinada de erradicación forzada y voluntaria para tratar de bajar la cifra de hectáreas cultivadas, con la meta de erradicar el 50 % para 2023. Y en ese camino ha insistido en volver al glifosato como herramienta para acabar con los cultivos ilícitos. De hecho, el pasado 17 de febrero se conoció el borrador del decreto presentado por el Ministerio de Justicia que crea el marco normativo para el control de riesgo para la salud y el medio ambiente en la aspersión con glifosato.
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Una estrategia que tiene muchas voces críticas, sobre todo en las zonas más afectadas por cultivos ilícitos. El secretario de Gobierno de Nariño, Francisco Cerón, explica que en 2002, cuando se arrancó con la aspersión con glifosato en el departamento, había 15.000 hectáreas de coca y al final del proceso, en 2012, la cifra era de casi 16.000 hectáreas. “Es decir que la erradicación fue cero, antes creció. Eso para nosotros es una prueba contundente de que la aspersión con glifosato como herramienta para erradicar no sirve”, asegura.
Respecto al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que surgió tras el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc con el objetivo acabar con estos cultivos en el país de forma concertada con las comunidades con la puesta en marcha de proyectos productivos, en el departamento hay 17.191 familias inscritas, de las 99.097 que hacen parte del programa en Colombia. Estas familias se encuentran en zonas veredales de los municipios de Tumaco e Ipiales, donde se han sustituido 4.595 hectáreas de coca, unos $5.222 millones invertidos.
Con este panorama como telón de fondo, a finales de 2020 la Gobernación de Nariño implementó el programa Acuerdos de Raíz, una iniciativa que busca hacerle frente a la erradicación de cultivos ilícitos de manera voluntaria y tras la cual se creó el Comité Departamental para la Sustitución Concertada de Cultivos de Uso Ilícito. El secretario de Gobierno del departamento habla con El Espectador sobre el programa y la preocupación que hay por el posible regreso de la aspersión con glifosato.
¿En qué se diferencia Acuerdos de Raíz con los PNIS?
Esta estrategia debe contemplar acciones inmediatas, a corto, mediano y largo plazo. Estamos hablando de mirar con soluciones tempranas que están contempladas en mejorar las condiciones y el mantenimiento de la red vial terciaria que llega hasta los corregimientos y veredas de los municipios que hoy tienen la problemática de cultivos de hoja de coca. Ellos hablan de los proyectos productivos y después de eso abordar el tema de las redes viales terciarias de los territorios.
¿La conectividad podría ser un beneficio para las rutas del narcotráfico?
El mejoramiento de la conectividad ayuda a generar una presencia fluida de las instituciones del Estado. La presencia estatal también está determinada por la posibilidad de conectarse con los lugares que existen en cada una de nuestras subregiones. Muy por el contrario a decir que la conectividad ofrecerá beneficios a los grupos al margen de la ley, nos sirve para mejorar la presencia del Estado y para que la comunidad no quede a expensas de lo que los grupos armados ilegales puedan hacerles.
¿Cómo van los diálogos con las comunidades?
Hemos logrado acercamientos y experiencias pilotos en municipios como Policarpa y sectores puntuales como el río Chagui en Tumaco. Para poder desarrollar este ejercicio primero hicimos una determinación geográfica de dónde está el conflicto.
¿Dónde se agudiza el conflicto armado que vive Nariño?
El conflicto va desde la cordillera, municipios de la zona norte, baja al piedemonte costero y coge la costa Pacífica. Todo esto unido por un cordón umbilical que se llama río Patía, que conecta estos municipios y al unirse con el río Telembí forman el triángulo de Telembí, que es donde se concentra en estos momentos la problemática con mayor fuerza.
¿Qué responden a la estrategia del Gobierno de volver a la aspersión con glifosato?
Tenemos el informe entregado a diferentes alcaldes de la cordillera Pacífica, donde se les da a conocer la aspersión manual con glifosato, que ya cuenta con la licencia ambiental y los registros para arrancar. La Policía antinarcóticos anunció que en estos días se dará inicio en algunos de los municipios del departamento. En cuanto a la aspersión aérea, desde Nariño se ha fijado una postura de decirle no a la aspersión. Estamos convencidos de que una sustitución concertada y voluntaria es la base fundamental para poder avanzar.
Ustedes le dicen no al glifosato. ¿Qué los respalda?
Se presentó una tutela que es la que tiene frenada el otorgamiento de la licencia ambiental para el desarrollo de los procesos de fumigación y que está en proceso de reactivarse. Nosotros seguimos firmes y en la postura de decirle no al glifosato. No estamos en contra de la erradicación, tenemos claro que para la Constitución colombiana el cultivo de coca es un cultivo ilícito. Eso tiene unas implicaciones jurídicas bajo las cuales el programa Acuerdos de Raíz está fundamentado.
¿Cuál es el principal problema con el glifosato?
La presencia de la aspersión aérea generará nuevamente efectos sociales de gran magnitud. No solo por el efecto propio de la acción del glifosato sobre los territorios y la biodiversidad, sino por la presión que ejercen los grupos armados ilegales sobre las comunidades para evitar que esto se suscite. Yo diría que si no se desarrolla bien un proceso como el que hoy el Gobierno nacional está anunciando, muy seguramente nos veremos abocados a vivir y evidenciar lo que se vivió en 2013 y 2014, que son varios paros cocaleros, movilizaciones de las comunidades, luchas internas y bloqueos de vías al mar. Sería repetir una historia que ya vivimos.