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Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, confirmó que el alcalde del municipio de Ituango, Hernán Darío Álvarez, ha sido blanco de amenazas en los últimos días. De acuerdo con la funcionaria, se ha elevado la denuncia a la Unidad Nacional de Protección con el fin de reforzar el esquema de seguridad del funcionario.
“Él está bajo cuidado especial, el Comité Departamental de Garantía de Derechos Humanos está haciendo toda la ruta de rigor y la Gobernación está pidiendo un carro blindado; en este momento tiene dos escoltas”, dijo Ramírez.
Las autoridades aún no atribuyen las amenazas a algún grupo armado en particular dado que en la zona confluyen diferentes frentes del Ejército de Liberación Nacional, (ELN), disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. La amenaza se registra en medio del avance del proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito que se lleva a cabo en zonas que antes eran copadas por la guerrilla de las Farc y que tras el proceso de paz, quedaron huerfanas de poder. En medio de esta coyuntura, grupos armados que hacen presencia en la zona, como el mismo Clan del Golfo, se oponen a esta iniciativa, pues podrían correr el riesgo de perder influencia en el norte del departamento de Antioquia.
Por su parte, La Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia ha venido denunciando el "inminente peligro" al que están sometidas las comunidades de dicha región, teniendo en cuenta, además, los asesinatos de los líderes sociales como, Julio Cesar Sucerquia, miembro de la Asociación de Comités Barequeros del Norte de Antioquia, asesinado en la vereda de Mote; Francisco José Guerra, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Mandarino y José Abraham García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pascuita, ocurridos los tres en el último mes en el municipio de Ituango. Lea también: Denuncian asesinato de líder social en Ituango
Dicha Red ha alertado también del "alto riesgo" en el que se encuentran varios líderes de la región relacionados con el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito.