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La Corte Constitucional ordenó al colegio San Antonio de Pauda, ubicado en el municipio de Ventaquemada, Boyacá, que dejara de cobrar por los servicios del Programa de Alimentación Escolar, PAE.
De acuerdo con el tribunal, la institución cobraba por el servicio bajo la excusa de “aporte voluntario”. Por este motivo, solicitó a la Procuraduría, Fiscalía y al Ministerio de Educación investigar si hay un manejo irregular en ese plantel educativo respecto al PAE.
El caso se conoció por una tutela que interpuso un padre de familia, el cual, de acuerdo con Caracol Radio, atraviesa una crisis económica. Sus dos hijos se han visto afectados por la “donación” que pedía el plantel educativo. El progenitor afirmó que, de no pagar, “los menores no recibirán agua de panela y pan para la siguiente anualidad”.
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La Corte aseguró que los cobros se estaban realizando, pese a que la Secretaría de Educación de dicho departamento advirtió que las donaciones dadas por los padres de familia al PAE no se debían fijar como un monto fijo ni establecerse mediante la figura de cobro. “En ningún caso los actores del PAE podrán condicionar la entrega de raciones al recibo de donaciones y mucho menos por esta razón negar el derecho al estudiante a ser matriculado”, agregó el tribunal.
Criticó la actuación del instituto educativo, teniendo en cuenta unas copias de convenios firmados para el PAE en 2007 y 2008, donde se pagaron más de $799.000 millones y &637.000 millones, respectivamente.