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La guerra ha vuelto a Buenaventura, o tal vez, nunca se fue. En las últimas tres semanas se contabilizan 10 asesinatos, al menos esa es la cifra oficial según las autoridades, pues las comunidades hablan de muchos más. Los muertos han caído en lo que podría llamarse la reactivación de la guerra. Nuevamente, hombres armados patrullando en barrios, balaceras a la orden del día, toques de queda ilegales y aumento de la extorsión.
Las balaceras registradas en las comunas 3, 9, 11 y 12 no dan tregua, especialmente en las dos últimas, donde una de las más fuertes dejó un saldo de cuatro muertos; uno de ellos descuartizado en la noche del martes 13 de noviembre.
Pero no es una sola guerra la que vive el puerto de Buenaventura, hay al menos tres grandes enfrentamientos. La primera, se vive en la zona urbana del puerto entre el Clan del Golfo y estructuras criminales pequeñas que no se alinearon con este grupo ilegal. Estas pequeñas estructuras han mantenido cierta independencia, pero ante la posible llegada del ELN al casco urbano, el Clan del Golfo está alineando fuerza para hacer frente a la nueva amenaza.
Lo que podría estar relacionado con la intensión del ELN de incursionar y hacerse al control del casco urbano, con la pretensión del Clan de someter a estructuras armadas existentes en algunos barrios no alineadas a éstos. Entre tanto, fueron suspendidas las clases en todos los colegios oficiales durante los días 15 y 16 de noviembre, a razón de las continuas balaceras.
El siguiente es el mapa de presencia de organizaciones criminales y grupos armados ilegales en el casco urbano de Buenaventura:
Luego, hay una tercera guerra que está comenzando y es el surgimiento de grupos postfarc. En esta zona estratégica, donde está ubicado el corredor el Naya, hacen presencia tres estructuras armadas ilegales: la Columna Móvil Jaime Martínez, que ejerce control en la parte media-alta de los ríos Naya, Yurumanguí y Cajembre; el Frente Unido del Pacífico, estructura residual del entonces Frente 30 de las FARC, que hace presencia en la parte baja de los ríos referidos, así como en Mayorquín y Raposo; el Frente 29, quien ha entrado a fortalecer al Frente Unido del Pacífico, al tiempo que está tomando posesión de la zona controlada por esta estructura residual, dedicada con mayor fuerza al control de las rutas de narcotráfico y al cobro de vacunas o “impuestos de seguridad” a la minería ilegal que se realiza. Lo cual configura un enorme riesgo para la pervivencia de las comunidades étnicas en sus territorios colectivos y ancestrales.
El siguiente es el gráfico de la presencia de organizaciones criminales en Buenaventura:
El Estado colombiano hasta ahora ha sido incapaz de copar institucionalmente los vacíos dejados por las FARC en los territorios que ejercía control este grupo insurgente, al igual que en el caso de Buenaventura, nos referimos a la zona sur del Distrito.
La larga noche de la muerte, de la barbarie y de la guerra fáctica aún no cesa en Buenaventura. En el Pacífico, donde la paz y el postconflicto no logran transformar la intranquila cotidianidad de sus comunidades, asediadas por el accionar bélico y criminal de estructuras armadas ilegales e inermes ante la incapacidad del Estado para proteger sus vidas y sus territorios.
Tampoco ha sido capaz el Estado de desmontar las estructuras neoparamilitares que ejercer control en la zona urbana de Buenaventura; de un lado, la presencia hegemónica del Clan del Golfo no sólo se expresa en el manejo de las economías ilegales, sino también, en el de los productos alimenticios básicos de la canasta familiar (panela, queso, huevos, plátano, entre otros), al igual que en el financiamiento de campañas electorales de sectores políticos tradicionales. Pero también, ha sido incapaz el Estado de rescatar del secuestro psicológico y socio-espacial al que la estructura residual ha sometido a la población de algunos barrios de las comunas 11 y 12, que pese a ser realmente un control marginal respecto del ejercido por el Clan, no es menos asfixiante para estas poblaciones, a juzgar por las inimaginables prácticas de extorción y control territorial que allí se recrean.