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Valorada internacionalmente por su cobertura que abarca a 94% de los 49 millones de habitantes, la salud es sin embargo la preocupación principal de los colombianos antes de la primera vuelta presidencial del domingo.
Ni la corrupción, ni el narcotráfico, todavía menos el futuro de la empantanada implementación del pacto de paz que selló el conflicto de medio siglo con las Farc, inquieta tanto a los electores como este tema, según una encuesta de este mes revelada por Invamer.
Salamanca, quien perdió la movilidad tras quedar sepultado en una mina de esmeraldas, encarna esta insatisfacción colectiva. Sin un juez, "creo que estaría muerto", dice a la AFP este hombre de 38 años, sin hijos, que sobrevive como vendedor informal.
Gracias a un recurso de amparo (tutela) pudo seguir con su tratamiento de forma regular, aunque luego el instituto de cancerología suspendió la atención, alegando el fin del contrato con la aseguradora.
Una vez más acudió a la justicia. "Siempre me toca luchar para sobrevivir y recibir una atención digna", lamenta en el pequeño cuarto que alquila en el sur de Bogotá. Un día de trámite es un día sin trabajo.
Esta misma experiencia se repite entre usuarios que esperan por un tratamiento, sobre todo para enfermedades de alto costo.
Hasta 2015 la justicia tramitaba al año 157.000 tutelas de salud, según la Defensoría del Pueblo, mientras la superintendencia que regula el sector recibe 1.300 quejas diarias.
Pérdidas y corrupción
Este es un sistema "excesivamente judicializado", reconoce a la AFP el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, pese a las reformas que han mejorado el acceso a fármacos y tratamientos.
Víctima de un linfoma del que se recupera, Gaviria le ganó el pulso a las poderosas farmacéuticas y logró abaratar los costos de los tratamientos mediante el ingreso de genéricos.
En 1993, Colombia adoptó un modelo semipúblico y solidario que le permitió ampliar cobertura a un costo relativamente bajo para el usuario, que destina alrededor del 15% de sus gastos en salud.
Antes, solo el 23,5% de la población estaba cubierta y la salud era vista como un privilegio. Bajo el nuevo pacto, los más ricos financian a los más pobres. Hoy, Colombia invierte 7,2% del PIB en salud y protección social, mientras que el promedio en América Latina es de 4%.
¿Entonces qué falló? Todas las EPS (Entidades Promotoras de Salud privadas que intermedian entre los usuarios y las clínicas) empezaron a dar pérdidas, explica Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, que agrupa a esas compañías.
Y las miradas apuntan una vez más a la justicia. Un fallo de 2005 obligó a las aseguradoras a financiar los procedimientos más costosos a cambio de un rembolso del 75% del gasto. Las pérdidas hoy bordean los 2.800 millones de dólares, según Arias.
Detrás de los números rojos también hay corrupción, reconocen el ministro y el representante de las EPS. Regularmente aparecen "carteles" del sida o de la hemofilia: EPS que se confabulan con hospitales y falsos pacientes para facturar tratamientos inexistentes.
"Esperan que muera"
A sus 62 años, María del Rosario Charris dejó su natal Barranquilla en busca de atención en Bogotá. Tiene un cáncer de útero que ha contaminado cuatro órganos más, y espera que un juez resuelva su tutela y le dé esperanzas de vida. Su EPS dejó de atenderla tras prácticamente desahuciarla.
"Creo que están esperando a que me muera para autorizar los cuidados", señala.
Las EPS dilatan "la prestación del servicio, con trámites innecesarios", y así ganan un tiempo precioso para la salud de sus finanzas. Pero eso obliga a los pacientes a "judicializar un derecho adquirido", explica Nury Villalba, directora de la ONG Esperanza Viva que defiende a los pacientes.
"Las EPS tienen un flujo de caja limitado, así que hacen esperar a los pacientes", explica Paul Rodríguez, economista especializado en Salud de la Universidad del Rosario.
En teoría, una tutela debe ser fallada en diez días.
Este domingo, los colombianos elegirán también al que consideran el mejor remedio para el sistema: liquidar las EPS, como plantea el izquierdista Gustavo Petro, o aumentar los controles y focalizar subsidios, como quiere el derechista Iván Duque.
Ambos son los que tienen más opciones de medirse en una segunda vuelta el 17 de junio.