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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-Derechos Humanos), manifestaron su preocupación por el agravamiento de los patrones de violencia y criminalización que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en las Américas.
Según ambos organismos, Colombia continúa siendo el país que registra más asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en la región.
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Desde enero hasta la fecha, se han documentado 63 asesinatos de personas defensoras. Además de estos casos, sigue el proceso de verificación de 43 asesinatos más donde se presume que la víctima era defensor o defensora de derechos humanos, según CIDH y la ONU-Derechos Humanos .
Estas organizaciones alertan sobre los ataques, amenazas, hostigamientos, actos de intimidación, campañas de estigmatización y desprestigio, así como procesos de criminalización que impactan negativamente en la actividad de las personas defensoras.
Según la oficina de ONU-Derechos Humanos, varios de estos asesinatos fueron en contra de personas que defienden la tierra y el territorio por denunciar la presencia de grupos armados y/ u oponerse a economías ilícitas.
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Unos de los casos que generó alerta dentro de la organización fue el de Humberto Díaz, líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal en la vereda Guadalupe. Díaz fue asesinado en frente de su familia por un sujeto armado no identificado que le propinó varios disparos hasta causarle la muerte. El líder campesino lideraba procesos de desarrollo social y comunitario en el municipio de Gigante, Huila.
En cuanto a las elecciones regionales, ambos organismos manifestaron su preocupación frente a los hechos ocurridos en el periodo pre-electoral. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), siete candidatos fueron asesinados desde el 27 de julio hasta la fecha. De estos candidatos, una víctima era defensora de derechos humanos.
CIDH y la ONU-Derechos Humanos instaron a varios gobiernos de la región que tienen altos índices de violencia en contra de los líderes sociales, a desarrollar, implementar y fortalecer mecanismos y políticas públicas de prevención y protección a la labor que ejercen las personas defensoras de derechos humanos.
Ambos organismos destacaron el espacio conformado por las plataformas de derechos humanos de la Mesa Nacional de Garantías y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, impulsado por el Ministerio del Interior, con el apoyo técnico de ONU Derechos Humanos y PNUD.