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En entrevista con Caracol Radio, el jefe del Comando Nº2 del Suroccidente, el brigadier general Álvaro Pérez Durán, dio un parte de tranquilidad tras la denuncia que hizo el Colectivo de Abogados José Alvear (CAJAR) de la situación de seguridad del resguardo Inda Sabaleta, del pueblo Awá, en Tumaco Nariño. Según el uniformado, no fueron cinco, sino tres personas asesinadas y dos heridos.
“En los registros que estábamos realizando, encontramos tres cuerpos de sexo masculino, las cuales fueron puestas en conocimiento a la Fiscalía, cuerpo técnico y Policía Nacional que inmediatamente iniciaron procesos sobre los actos urgentes de los hechos. También encontramos dos personas heridas, a las que se les prestó atención y fueron desplazados al hospital de Tumaco”, dijo el brigadier general. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los fallecidos.
Sobre el comunicado de CAJAR, que estuvo dirigido al presidente Iván Duque, Cruz Roja, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD. HH., Defensoría y Procuraduría, el jefe de Comando también desmintió que se haya presentado el secuestro de 40 miembros de la comunidad.
“Denuncias no hemos recibido y hay bastantes tropas para garantizar la seguridad y que de manera insistente viene hablando con la comunidad. No percibimos ni recibimos [ninguna información sobre secuestro]”, afirmó Pérez Durán.
El parte del uniformado fue de tranquilidad y de control en la zona donde, según afirmó al mismo medio, ya se encuentra una comisión especial de la Alcaldía de Tumaco para hacer registro de los hechos y acompañar a la comunidad indígena. Igualmente, aseguró haberse comunicado con la Defensoría, que, según dijo, no tiene ningún registro sobre el hecho, y la Gobernación de Nariño.
Por último, informó de que se les restablecieron los derechos a dos menores de edad, uno al que se detuvo y que portaba material de guerra y mecanismos de intendencia y al otro, de nacionalidad venezolana, que se entregó a las autoridades.
La situación descrita por el brigadier general se presentó en medio de enfrentamientos entre los grupos armados Los Contadores y el Frente Oliver Sinisterra, disidencias de la Farc, por una disputa por las rentas ilegales en la zona, donde se cuentan más de 10.000 hectáreas de cultivos ilícitos.