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Cerca de la 1:00 de la tarde del martes 3 de noviembre, el líder social Jorge Solano recibió dos disparos en la puerta de su casa en Ocaña, Norte de Santander. El presidente de la Organización de Víctimas de desaparición forzada (ASVIDA) y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña dedicó más de 40 años de su vida al activismo anticorrupción y a la defensa de las víctimas del conflicto armado. Este año le hizo seguimiento a la gestión del Hospital Emiro Quintero Cañizares, pues aseguraba que allí se configuraban graves actos de corrupción.
En mayo la Procuraduría abrió una investigación contra Jairo Pinzón López, gerente del Hospital, por presuntas irregularidades en la celebración de al menos 22 contratos de obra, suministros de material quirúrgico y medicamentos, por más de $4.500 millones de pesos. Ese mismo mes el líder publicó en sus redes sociales un video en el que se dirigía al gerente: “Usted no pudo con amenazas, no pudo con el soborno, ni seguramente podrá por la vía judicial. Le queda una sola vía, la de las armas, la del asesinato (...) Cualquier cosa que me pase ya sabemos quién puede ser”.
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El 26 de octubre, la Procuraduría le formuló cargos a Pinzón. De acuerdo con el órgano de control, este habría vulnerado el principio de moralidad al celebrar los contratos e incurrido en “faltas graves a título de culpa gravísima”. El 4 de noviembre el gerente, por medio de un documento en el que solicita la rectificación de un medio local, expresó que la suspensión del cargo e investigación por parte de la Procuraduría no se tomaron por “solicitud, queja o denuncia” de Solano y afirmó que este año el líder no impuso en su contra ninguna denuncia penal por amenazas. En cambio, Pinzón sustenta que él sí instauró dos denuncias contra Solano por calumnia e injuria.
Por otro lado, el líder envió una carta con fecha del 19 de mayo dirigida a Israel Ramírez, más conocido como Pablo Beltrán, jefe de la delegación del Eln para las conversaciones de paz con el Gobierno Nacional. En el documento solicita la aclaración de una serie de amenazas que recibió en varias ocasiones por parte de un supuesto comandante del Eln llamado “Carlos”. Dice que este trató de intimidarlo por su gestión anticorrupción en Ocaña e incluso le dijo que debía presentarse en el campamento, pues se estaba “metiendo con sus compas”. Además, un día antes de enviar la carta, Solano habría recibido otra llamada en la que “Carlos” le informaba que sus superiores lo habían declarado objetivo militar.
Este miércoles 11 de noviembre el Grupo Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación habrían capturado al presunto autor material del asesinato de Solano. En entrevista con El Espectador, el abogado y también defensor de derechos humanos Jorge Esteban Solano, hijo del líder, se refirió al asesinato y denunció que ni él ni su familia han recibido protección por parte del Estado, aunque su vida se encuentra en riesgo.
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¿Por qué cree que Solano dedicó su vida a ser líder y defensor de derechos humanos?
A mi padre le preguntaban mucho eso, le decían que existían otros trabajos más fáciles y remunerados, pues nunca ganó dinero por esto, pero él contestaba que esta era su vocación, que nació con él y no podía negarse.
¿Sabe cómo empezó en la defensa de derechos humanos?
En mi memoria siempre ha sido líder, empeñado en encontrarle una luz a las causas perdidas. Creería que desde 1995 empezó a hacer veedurías al sector de servicios públicos y después como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Acolsure en Ocaña. Para el año 2000 ya denunciaba a los alcaldes cuando las cosas no estaban bien. Así fue ganando reconocimiento, convirtiéndose en la voz de los que siempre callan.
Este miércoles 11 de noviembre la Policía informó que habían capturado al presunto responsable material de los hechos, ¿qué sabe de la investigación?
Nosotros sabemos lo que ya conoce la opinión pública. Yo informé que cerca de la 1:00 de la tarde llegó a su casa una persona y lo ultimó con dos disparos. La Fiscalía adelanta el proceso y tiene a su disposición las herramientas para capturar al criminal. Por cuestiones de supervivencia, porque en este país no se vive, sino que se sobrevive, nos hemos mantenido al margen. Nosotros lo que queremos es justicia social, que la muerte de mi papá sea un ejemplo de las cosas que no deben pasar en Colombia.
Él había informado que si algo le sucedía la responsabilidad recaía sobre el gerente del hospital, ¿lo había amenazado?
Mi papá y yo trabajábamos juntos. Yo tenía conocimiento de estas amenazas, pero mi papá siempre nos quiso mantener al margen para protegernos. Muchas amenazas venían de la clase política regional y nacional porque incomodaba a personas que tienen poder. Estoy seguro de que eso fue lo que le causó la muerte.
¿Se ha emprendido alguna acción legal contra Jairo Pinzón, teniendo en cuenta las acusaciones que hizo Jorge Solano hace unos meses?
Ni por parte mía, ni de mi familia tenemos herramientas ni intenciones de emprender acciones legales contra ninguna persona. La Fiscalía tiene el material y la capacidad de determinar los autores y los móviles.
También denunció amenazas por parte del Eln, ¿se sabe algo al respecto?
Tengo conocimiento de que mi hermano y yo estábamos amenazados, pero mi papá era hermético con esas cosas y no sé por parte de quién. Recuerdo que una vez yo estaba realizando trabajo de campo y él me sugirió no regresar a Ocaña por seguridad. Me dijo que lo estaban hostigando, que recibía llamadas y mensajes, incluso lo dice en un video del 16 de mayo. Mi padre sabía que lo iban a matar, pero decidió seguir denunciando.
Además del hospital, ¿qué otros temas denunció?
Él era un defensor de las causas justas. Fue fiel contradictor de la administración pasada de Miriam Prado. Estaba inconforme con los procesos de elección de Personería, pues desde el principio decía que había fuerzas oscuras detrás. Mi papá también estaba liderando un proceso revocatorio contra el actual alcalde de Ocaña. No estamos inculpando a ninguno, pero es evidente que él no tenía entre ojos al hospital, denunció incluso excesos de fuerza por parte de la Policía.
Usted ha dicho públicamente que el Estado no le ha brindado seguridad ni a usted ni a su familia, ¿se sienten en riesgo?
Estamos viviendo en una tensa calma, en especial sabiendo que yo he dado la cara con el discurso de que el legado no ha muerto. No quiero que se dañe el buen nombre de mi papá porque él dio su vida por esto. Nuestra posición no es de venganza, pero tampoco daremos el brazo a torcer, solo pedimos que la justicia haga su trabajo. Sabemos que este crimen no lo hizo una sola persona, hay una red criminal detrás de su muerte.
¿Qué solicitud le haría al Gobierno nacional frente al caso de su padre, el asesinato de líderes sociales y su situación actual?
Este no es un hecho aislado. Mi intención es que el homicidio de mi papá se trate como un genocidio, él fue el líder asesinado número 251 este año. Hay una mano oscura que quiere acabar con los líderes sociales, esto es sistemático. Hay intereses detrás de eliminar las voces de quienes no están de acuerdo con la forma en la que se maneja este país. En cuanto a nuestra seguridad, estamos en un estado de vulnerabilidad, somos las personas más visibles detrás de lo que representaba mi papá, estamos expuestos; el Estado tiene políticas y mecanismos con las que podría protegernos.
¿Considera que la muerte de su padre se pudo evitar?
La responsabilidad es de un Estado genocida que no le importan las colectividades ni las minorías.