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Aunque la pandemia de COVID-19, el confinamiento generalizado para evitar contagios y la saturación de servicios de salud han afectado a todos los sectores de la sociedad, hay uno en particular que ha sentido un peso adicional: la población en situación de discapacidad.
Yolanda Montañéz, una joven de 30 años que vive en un alejado sector del suroriente de Bogotá, es un claro ejemplo de ello. Ella padece cuadriplejia espástica, la forma más grave de parálisis cerebral, y una gastritis severa que requiere tratamiento con medicamentos.
Por ello, su caso es doblemente inquietante. Antes de la pandemia ella recibía cuatro terapias físicas por mes. También tomaba otros fármacos para los intensos dolores (tramadol), infección urinaria (nitrofurantoína) y para poder dormir (levomepromazina), y tenía una enfermera asignada para apoyar a su cuidadora.
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A pesar de las constantes comunicaciones con su empresa de salud (Capital Salud), desde mayo no ha recibido medicamentos ni atención por parte de un especialista ni sus terapias, por lo que su familia ha tenido que arreglárselas con sus propios medios.
Marlén Montañéz, madre de Yolanda, relata que también ha radicado varias cartas a la Superintendencia de Salud, a la Personería y al Instituto prestador de salud (IPS) Proseguir, pero no ha obtenido resultados. “La verdad no sé qué hacer. Yo ya he colocado varios desacatos, ella tiene una tutela, y sigue igual, sigue por las mismas... Ya no sé qué hacer”, dice con preocupación.
Una situación muy similar es la que vive Eduardo Frontado Sánchez en Caracas, un hombre venezolano de 33 años con parálisis cerebral.
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Eduardo le contó a la Agencia Anadolu que la situación en Venezuela es tan terrible para las personas con habilidades distintas (como lo llama él), que no hay ni los medicamentos necesarios ni la manera de hacer sus rutinas de ejercicio de forma continua.
Esto ocurre primero “por la migración de personas especializadas, y segundo, porque no se cuenta con los medicamentos necesarios para las personas con habilidades distintas”, dice.
La condición particular de Eduardo, como él mismo explica, es “parálisis cerebral, que se traduce en una condición que a su vez se denomina espasticidad, que quiere decir que yo no puedo controlar mi tono muscular adecuadamente, no puedo decidir si voy a estar relajado o tenso, y eso limita mis funciones de manera motora y física”.
Este joven venezolano se tendría que haber aplicado su tratamiento, con toxina botulínica, desde el mes pasado, pero no lo ha podido hacer porque el medicamento debe ser llevado desde otros países, como Colombia. Sin embargo, como él trabaja en un proyecto de inclusión laboral en Bogotá, a su regreso a su país llevaba el medicamento, así como ‘Kinesio tape’ -o vendaje neuromuscular-, para tratar los dolores y la corrección de postura.
Pero aparte de la toxina, él se somete a un régimen de pilates que le ayuda a ganar fuerza y a reeducar sus músculos, y toma un relajante muscular producido por laboratorio que salió del mercado venezolano.
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“La toxina relaja los músculos y yo debo reeducar mis músculos cada cuatro meses con esa aplicación (de la toxina) para que los músculos vuelvan a ejercer funciones de una manera más adecuada”, señala.
Eduardo le aseguró a Anadolu que lo “más importante que hay que rescatar de esta pandemia es que las personas “mal llamadas” regulares (que no poseen algún tipo de discapacidad) han tenido que tomar un poco de la medicina que vivimos las personas con habilidades distintas, al vivir en carne propia lo que significa tener que aislarnos periodos de tiempo, encerrados o envueltos en un mismo entorno”.
Por ello, hizo un llamado a “concienciar a la sociedad entera sobre la importancia de la inclusión laboral y social” para las personas “con habilidades distintas”, a apoyarlos y a atender con preeminencia sus necesidades.
Estrategias en Colombia
La emergencia sanitaria y las medidas para combatir el coronavirus han obligado a los diferentes países a actuar rápidamente para mitigar la situación.
Y Colombia no es la excepción. Jairo Clopatofsky, alto consejero presidencial para la Discapacidad, le explicó a la Agencia Anadolu que cuando inició esta crisis el Gobierno diseñó una serie de estrategias de atención con enfoque diferencial.
Según precisó, a través del programa Ingreso Solidario, del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), se empezó a dar una ayuda de $160 mil para los grupos más vulnerables y con un enfoque diferencial para la población con discapacidad en todo el país.
Asimismo, señaló que a través de esta estrategia se venían desarrollando tres programas que se consolidaron para estas personas: Familias en Acción, con el que “se está llegando a más de 56 mil familias, en donde por lo menos una persona con discapacidad está siendo beneficiada”; ‘Jóvenes en Acción’, que tiene una cobertura de más de 22.647 jóvenes con discapacidad beneficiados; y ‘Adulto Mayor’, con el que se está llegando a más de 300 mil adultos en todo el país. Esto en cuanto al segundo paquete de estrategias.
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Un tercer programa con el que el Gobierno comenzó a impactar fue a través del Ministerio del Interior, que empezó a identificar a la población en situación de discapacidad y a otorgar mercados y subsidios que se están entregando a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es la entidad que está llegando a todo el territorio nacional con el apoyo de la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional y el sector privado.
El funcionario afirmó que actualmente estas estrategias tienen una cobertura de más de 2.300.000 familias, que tienen por lo menos una persona con discapacidad en toda Colombia.
No obstante, como es de esperarse, las dificultades son muchas. Clopatofski dice que al menos el 80% de esta población vive en absoluta pobreza y entre el 80% y el 50% es analfabeta, además de que “muchos de ellos no tienen acceso a internet o un computador para poder inscribirse a los diferentes programas”.
Por lo anterior, reiteró el llamado a la ciudadanía y a los socios primarios (alcaldes y gobernadores) a que se inscriban en los programas “porque es necesario que se visibilicen para percibir las ayudas del Estado”.
“Hemos pedido que se pongan en contacto con lo más próximo que tengan, así sea por una llamada... Ellos se tienen que visibilizar, tenemos que saber dónde están localizados”, insistió el consejero, al reconocer que debido a esta situación no se ha podido detectar con claridad quiénes han recibido las ayudas.
Adicionalmente, el vocero oficial añadió que el Gobierno designó unas líneas especializadas de atención (Bogotá: 4837000 - resto del país: 01 8000 513 700), a través de la Superintendencia de Salud, “para la entrega expedita y oportuna de medicamentos (…) porque hay muchas personas como las madres cuidadoras que no pueden salir de sus casas porque están atendiendo a sus niños o niñas con discapacidad, ni mucho menos en zonas rurales donde los desplazamientos son largos y toma mucho tiempo llegar a la cabecera municipal”.
Finalmente, destacó que se dispusieron líneas de proyectos de emprendimiento para que “ellos mismos puedan tener sus propias fuentes de recursos, porque eternamente no pueden vivir de subsidios, (sino que) hay que enseñarles a potencializar esos talentos que tienen”. En ese sentido, se designaron COP 3 mil millones para programas de formación en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), una institución pública de educación técnica y tecnológica con cobertura a nivel nacional.
Los Ministerios de Industria y Comercio, y de Cultura y Deporte también cuentan con un presupuesto para fortalecer talentos artísticos, culturales y deportivos, así como para respaldar emprendimientos.
Información ambigua sobre contagios
En Colombia no hay una información certera sobre cuántas personas en situación de discapacidad han contraído COVID-19, pues, según Clopatofski, “cuando una persona con discapacidad llega a una UCI, el médico no hace la diferenciación si es una persona sorda, ciega, si tiene una prótesis producto de una mina antipersonal, o alguna discapacidad física pero camina...”.
Pero sí hay una cifra que habla de unas 22 personas con discapacidad que han fallecido como consecuencia del coronavirus en Colombia. Aún así, tampoco es un dato definitivo. Según los datos oficiales brindados por Clopatofski, se estima que en Colombia hay cuatro millones de personas con algún tipo de discapacidad.