Cuando Lili fue asesinada el 15 de agosto por dos sicarios frente a las mallas del aeropuerto Alfonso López, de Valledupar, el mensaje fue contundente. Por la zona ya habían circulado panfletos amenazantes y en días anteriores se había visto a hombres armados amedrentando con disparos al aire a las otras mujeres trans que, como ella, se movían por el sector. Lili había migrado de Venezuela y se dedicaba al trabajo sexual. (Lea aquí: La resistencia LGBT de la comuna 8 de Medellín)
Su caso no es aislado. Se suma a los hechos colectivos de violencia policial hacia mujeres trans, amenazas contra ciudadanos LGBT provenientes de Venezuela e incluso falta de medicamentos para tratar a personas con VIH, que han sido denunciados por organizaciones sociales como la Corporación Caribe Afirmativo, la misma que acompaña el proceso de los ciudadanos LGBT venezolanos en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y Bolívar. (Lea aquí: Así fue el histórico perdón que el Estado le pidió a una lesbiana)
De hecho, en lo que va del año la organización ha registrado 23 casos de violencia contra lesbianas, gais, bisexuales y trans del vecino país, que han llegado al Caribe colombiano huyendo de la crisis.
Preocupa, por ejemplo, la situación en zonas como Maicao (La Guajira), que ha registrado un importante ingreso de venezolanos LGBT a través del corregimiento de Paraguachón, según cuenta Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. En la mayoría de los casos se trata de población indocumentada, proveniente de la ciudad de Maracaibo (estado de Zulia), que no se encuentra en óptimas condiciones de salud y que acude al trabajo sexual para sostenerse económicamente. Los registros de Caribe Afirmativo dan cuenta de la presencia de por lo menos 150 personas abiertamente LGBT que residen en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Maicao, Riohacha, Santa Marta y Valledupar.
“Una de las razones para la migración de venezolanos LGBT es la negación de los derechos por parte del Gobierno y la reticencia a legislar en favor de esta comunidad”, señala Luis Meneses, activista venezolano por los derechos de esta población, quien desde hace siete meses vive en Barranquilla. Según él, Colombia es un país más progresista en esta materia y a nivel legislativo ha dado pasos importantes que permiten una ciudadanía mucho más abierta a esta comunidad.
En eso coincide Kelly Chávez, quien llegó de Maracaibo y desde hace dos años reside en Santa Marta. Para ella, es claro que en Colombia las restricciones son menores y por eso llegan al país con muchas expectativas en materia de derechos LGBT. Sin embargo, a pesar de que Colombia tiene una legislación más progresista en relación a la población LGBT —basta mencionar la aprobación por la Corte Constitucional de la unión entre personas del mismo sexo—, lo que han encontrado los ciudadanos venezolanos con orientaciones sexuales e identidades de género diversas no ha sido propiamente el paraíso.
En el caso de los departamentos del Caribe colombiano, son principalmente dos las barreras que ha tenido que enfrentar esta comunidad al llegar a la zona: un problema de salud pública migratoria y la situación de las personas trans, particularmente las que ejercen el trabajo sexual.
Sobre el problema de salud, el principal hecho que salta a la vista es la situación que atraviesan los ciudadanos migrantes con VIH positivo que en Venezuela no podían acceder a los medicamentos para el tratamiento o a los exámenes de rutina. De hecho, en muchos casos fue esa precisamente una de las principales razones por las que se vieron obligados a salir de su país. Sin embargo, según Meneses, en Colombia incluso han tenido que acudir al mercado negro para acceder a los medicamentos.
Caribe Afirmativo ya ha reportado cinco casos de venezolanos LGBT muertos en etapa sida y otros 29 que han tenido que acudir a tutelas para obtener medicamentos. Según esta corporación, la atención a los ciudadanos con VIH es la principal emergencia en la región.
La otra problemática se refiere a las personas trans y en particular a las que ejercen el trabajo sexual. “Constantemente, en la calle donde trabajamos han pasado hombres en camionetas y motos y nos han agredido tanto verbal como físicamente, obligándonos en varias ocasiones a desplazarnos de nuestro sitio de trabajo”, señala Ángeles Cardozo, una mujer trans que reside en Maicao (La Guajira) desde hace un año. Los hechos que denuncia se replican en Cartagena, Valledupar y Barranquilla.
Para muchos se trata de una oleada violenta de la mal llamada limpieza social —que según denuncias incluye muchas veces a las fuerzas policiales—, desatada contra la población venezolana trans y cuya prueba más clara es el asesinato de Lili el 15 de agosto, en Valledupar.
Ello ha causado, cuenta Cardozo, que tanto ella como otras mujeres trans dedicadas al trabajo sexual tengan miedo de salir por la noche a habitar el espacio donde laboran. Esta situación la comparte con otras cuatro mujeres venezolanas que residen con ella en la misma vivienda.
Sumado a ello está el rechazo de parte de trabajadoras sexuales trans colombianas hacia las venezolanas. Según relata la mujer, una de las medidas que han encontrado para convivir con las colombianas es lo que denomina el pago de “la parada”: pagar una suma de dinero por habitar el espacio donde ejerce la prostitución. Una tarifa que ella misma tuvo que cancelar cuando ejerció el trabajo sexual en Cartagena.
Los desafíos que se vislumbran para atender a esta población que enfrenta una grave crisis en materia de derechos humanos no son menores. En primera medida, y según manifestó Meneses, la necesidad es establecer un registro a fondo de la población LGBT venezolana residente en todo el país y así poder identificar el tipo de atención pertinente.
En muchos casos, por ejemplo, se trata de personas que llevan en promedio entre dos meses y un año en el país y no logran conseguir empleos formales a falta de formación profesional o experiencia para ser contratadas en algún oficio. “Por esta razón recurren al rebusque y a las labores de limpieza en hogares y restaurantes. El drama empieza, además, cuando necesitan algún tipo de asistencia y atención en salud o en temas judiciales, pues no pueden acercarse a un centro de salud o dirigirse a la Fiscalía a interponer la denuncia ya que, por su condición de indocumentados, se exponen a ser deportados a Venezuela”, explica Caribe Afirmativo.
Un paso para avanzar en esa dirección fue el encuentro promovido por la organización alemana Friedrich Ebert Stiftung en conjunto con Caribe Afirmativo, al que acudieron 36 personas LGBT venezolanas que residen en la región Caribe colombiana. Uno de los objetivos de la reunión fue precisamente establecer un diagnóstico sobre la situación de esta población migrante, del cual salieron las denuncias que han prendido las alarmas en la región.
Estos son esfuerzos que, según manifiesta Meneses, piensan replicar en otras zonas del país a través de personas venezolanas capacitadas en derechos humanos, derechos LGBT y salud sexual reproductiva. Se trata entonces de dimensionar lo que significa ser venezolano y LGBT en un país ajeno, reconociendo además que no todos los ciudadanos pertenecientes a esta comunidad se ven afectados de igual manera, pues ha sido la población trans la que más ha sentido el impacto de la situación.
Entre tanto, la crisis económica, política y social en el vecino país continúa y las fronteras en Cúcuta y Paraguachón siguen recibiendo a diario cientos de venezolanos que le apuestan a un futuro distinto en las ciudades colombianas.
