Luego de más de 10 días del desplazamiento forzado de 3.031 personas en zona rural de Tumaco, la Alcaldía, encabezada por María Emilsen Angulo, declaró en las últimas horas la emergencia humanitaria en el municipio. Los habitantes del Consejo Comunitario Unión Río Chagüí tuvieron que salir de su territorio a raíz de los enfrentamientos entre el Frente Oliver Sinisterra, el Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano y la estructura delincuencial de origen paramilitar denominados como Los Contadores.
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Sobre esta situación, la Defensoría del Pueblo alertó al gobierno de Iván Duque y a la Fuerza Pública desde diciembre de 2019 y emitió el 9 de enero pasado una alerta temprana dando algunos pormenores de la situación de orden público. En el documento, conocido por este diario, el organismo recomendó a las autoridades adoptar las respectivas medidas frente a la presencia de los grupos armados, así como la atención de la población que se pudiera desplazar del territorio.
De acuerdo con el censo oficial presentado por la Alcaldía de Tumaco, habría 1.179 familias desplazadas, equivalentes a 3.031 personas. Ayer, una misión liderada por el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, ingresó hasta la vereda Calabazal, constatando que la mayoría de los hogares se encontraban deshabitados y el río con baja afluencia de embarcaciones locales. Asimismo, comprobó una presencia activa de fuerza pública hasta la vereda Palambí y fue informado de otras acciones complementarias para garantizar la seguridad en la zona.
"Hago un llamado a todas las autoridades para darle sostenibilidad a las acciones desplegadas como parte de la respuesta a la contingencia humanitaria y profundizar las acciones que impacten en el bienestar de las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario del río Chagüí. Exijo a los actores armados ilegales respetar la vida e integridad de la población civil, manteniendo al margen de las hostilidades a los habitantes del territorio como lo dispone el Derecho Internacional Humanitario, y cesar sus acciones", señaló el defensor.
Las veredas situadas en el Consejo Comunitario Unión del río Chagüi, en Tumaco, se encuentra estratégicamente ubicada en la vía que comunica a los municipios de Roberto Payán en una ruta que permite el tráfico de drogas que provienen desde la subregión del Telembí hacia Centroamérica. A su vez, ofrece un lugar privilegiado para ejercer acciones de vigilancia de los movimientos de la Fuerza Pública y otros grupos armados ilegales que tienen intereses de control sobre el territorio para ejercer el dominio de economías ilegales. "De ahí que el control de este territorio y de su población resulte de alto valor tanto para grupos armados ilegales como para grupos de delincuencia organizada asociados al narcotráfico", dice la Defensoría.
El territorio que comprende el Consejo Comunitario Unión Río Chagüí hasta antes de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Farc fue dominado por estructuras del Frente 29 de esa extinta guerrilla hasta el momento que sus integrantes se retiraron a los puntos de preagrupamiento temporal y luego hacia las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN), hoy denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización (ETCR).
"Pese a que el proceso de dejación de armas, pactado en el Acuerdo Final, se cumplió a cabalidad conforme a los parámetros acordados, algunos combatientes de las Farc, no se hicieron parte de él y se han integrado a grupos que se autodenominan como disidentes del frente 29 como es el caso del Frente Oliver Sinisterra, Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano y la estructura delincuencial denominados como Los Contadores, informó la Defensoría en la alerta temprana.
Estas agrupaciones armadas ilegales sostienen desde hace algunos meses enfrentamientos por el control territorial de la Costa Pacífica Nariñense, lo cual ha ocasionado desplazamientos masivos en los municipios de Magüi Payán y Roberto Payán, con especial acento desde finales del mes de noviembre del 2019, hasta la fecha.