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En el municipio de Tarazá, ubicado en el Bajo Cauca antioqueño, el año comenzó con una espiral de violencia que parece no tener fin: dos masacres, 16 personas muertas, la administración local amenazada y cruentos enfrentamientos entre estructuras del Clan del Golfo y Los Caparros. El 17 de enero, por ejemplo, Jhon Cuello (18 años), Brayan Tapias (18) y Deibison Jaramillo (17) fueron asesinados en el sector Palmas Altas. Dieciséis días después, tres mineros fueron asesinados mientras trabajaban en Tamaco.
El propietario de la mina denunció que Los Caparros le habían pedido una vacuna de $50 millones. “La muerte de esas personas parece ser una retaliación por negarse a pagarla. Las investigaciones indican que todo está relacionado a un caso de extorsión”, indicó Deivison Montero, secretario de Gobierno del municipio.
“En Tarazá extorsionan al que vende las arepas, al que vende los jugos... a todos. En diciembre del año pasado se tuvo conocimiento de que un secretario de despacho y un funcionario de la ESE (Empresas Sociales del Estado Prestadoras de Servicios de Salud) del municipio fueron extorsionados”, sostuvo Montero, quien también ha sido amenazado. De hecho, el pasado 26 de enero fue asesinada su cuñada a menos de un kilómetro del edificio de la Alcaldía. María Loaiza, quien cuidaba a las hijas de Montero, estaba haciendo la siesta cuando hombres armados entraron a su casa y le dispararon varias veces. “Ella era muy cercana a mí. Nos veíamos a diario. Las autoridades están investigando lo sucedido, no se descarta que esté relacionado con las amenazas que he recibido”, manifestó.
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Ferney Álvarez, alcalde encargado de Tarazá tras la muerte por COVID-19 de Miguel Ángel Gómez, asegura que está amenazado de muerte desde hace tres meses. Según relató el secretario de Gobierno, un grupo que no pudieron identificar les pidió que fueran a Uré, en los límites de Antioquia y Córdoba: “De no asistir dijeron que iban a tomar represalias contra nosotros y que nos atuviéramos a las consecuencias. Estamos tratando de verificar la veracidad de estas amenazas”. A los dos días, Álvarez tomó un vuelo a Bogotá para solicitar un esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección a través del Ministerio del Interior.
La situación en Tarazá viene escalando desde el año pasado. El 27 de agosto Wilmer y Alfonso Ramírez, gemelos de 17 años, fueron degollados. Sus familiares habían recibido amenazas un mes antes. Dos meses después, Jhon Pulgarín, líder social, fue asesinado. Tras esos hechos, la Fiscalía reportó, el 16 de noviembre, que Emiliano Alcides Osorio, alias Caín, máximo jefe de Los Caparros, quien sería el responsable de homicidios de defensores de derechos humanos, había muerto en combate en la vereda La Unión. Pese a esto, la violencia siguió siendo protagonista en el municipio.
En 2020 la situación empeoró a tal punto que el 70 % de los homicidios relacionados con la operación de estructuras ilegales han sucedido en el casco urbano. Entre 2018 y 2021, el municipio de Tarazá registró 292 homicidios. Montero sostiene que la Gobernación debe hacer presencia en el lugar, ya que la guerra entre grupos armados en el territorio desborda las capacidades de las autoridades locales.
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Los casos documentados por Indepaz indican que siete líderes del municipio fueron asesinados en 2020: dos de ellos estaban asociados al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), tres eran campesinos y dos eran líderes comunales. Con esta situación varios líderes de Tarazá prefieren ahora guardar silencio. Así lo relata Yesid Zapata, vocero de la ONG Proceso Social de Garantías: “No quieren hablar porque están en riesgo alto por la presencia de grupos paramilitares en Tarazá y sus alrededores. Aquí hay una situación de ingobernabilidad y el Estado no aparece. Nos informaron el año pasado que iban a atentar contra la comunidad y efectivamente eso es lo que está pasando. Desde el Proceso Social de Garantías, advertimos esta situación a las autoridades desde el 3 de diciembre de 2020”.
De las 7.867 familias beneficiarias del PNIS en Antioquia, 4.109 son de Tarazá, dato que ubica el municipio como el mayor beneficiario del programa en el departamento, según cifras de las Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La misma fuente registra un total de 2.510 hectáreas de cultivos de coca en Tarazá, a corte de agosto de 2020. Los datos de la Dirección de Sustitución de Cultivos dan cuenta de 2,072 hectáreas identificadas el año pasado, de las cuales 1.726 han sido sustituidas, lo que representa un avance del 83%.
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Sin embargo, desde la Secretaría de Gobierno afirman que en varios casos los campesinos se han visto obligados a volver a cultivar coca ante la poca inversión social y económica destinada al municipio. La Defensoría del Pueblo, por su parte, señala que en las zonas rurales de Tarazá donde se implementó el PNIS “la presencia de las instituciones civiles del Estado es mínima, las juntas de acción comunal de las veredas son lo más cercano a una autoridad organizativa y por ello son muy visibles y perseguidos”.
Un líder de la zona que pidió la reserva de su identidad contó que varias familias que se niegan a cultivar coca se ven obligadas a salir desplazadas del municipio. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, alrededor de 700 personas de 168 núcleos familiares tuvieron que huir de Tarazá en 2020. Los casos más críticos están en la zona rural. “Veredas como Opales, donde en el 2018 tenían 64 familias, hoy solo habitan 14. El caso de la vereda de La Esperanza también nos preocupa, actualmente allá no vive nadie. La gente agarra sus cosas y sale corriendo por amenazas de grupos armados”, explicó Montero.
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La Defensoría advirtió esta situación a través de alertas tempranas en 2018, 2019 y en agosto de 2020. Los Caparros, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc (antes conocidas como el Frente 36) y la estructura Darío de Jesús Ramírez, del Eln, tienen interés en el Bajo Cauca, del cual hace parte Tarazá, porque “estratégicamente representa el control de las rutas internacionales de tráfico de drogas y armas y a su vez es un territorio utilizado para el cultivo de coca, por las facilidades que ofrecen las rutas de movilidad, siendo la zona productora más cercana a los países consumidores del norte”, según la alerta temprana de agosto del año pasado. La Defensoría dice que esta economía cocalera en la región del Bajo Cauca pone en riesgo de amenazas, homicidios, desplazamiento y desaparición forzada a los cultivadores de coca y a líderes comunitarios “principalmente en zona rural donde es implementado el PNIS”.
La presencia de grupos armados en la zona rural del municipio aumenta la inseguridad y distancia a las autoridades locales. “Ya no podemos llegar al área rural. Estamos perdiendo la confianza con las comunidades”, sostiene Montero.
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