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El superintendente de salud, Luis Fernando Cruz, informó que la Secretaría de Salud de San Andrés y la IPS Universitaria de Medellín, deberán pagar más 700 millones de pesos por irregularidades en los manejos de la salud del archipiélago. El anuncio se hizo este viernes en San Andrés en compañía del procurador general Fernando Carrillo, quien presentó pruebas que confirman las denuncias hechas en las últimas semanas por los empleados del hospital Clarence Clarence Lynd Newball Memorial.
220 cirugías están atrasadas porque el hospital solo tiene un cirujano, aumentó la tasa de muertes por cáncer infantil y hay demoras en la entrega de medicamentos. Además, el procurador manifestó que en el hospital de San Andrés continúan las irregularidades en la contratación y no se descarta la intervención de la Fiscalía para investigar.
Al personal del hospital se le comunicó que con la salida de Salus Global Partners, la empresa que tomaría la operación asistencial de salud sería BIENESTAR IPS. Pero en últimas, quien la asumió fue otra firma de la ciudad de Medellín llamada SERMEDIC IPS S.A.S.
Hay hechos que generan dudas, como por ejemplo, que SERMEDIC S.A.S cuenta con una nueva sucursal en el archipiélago, cuya matrícula fue registrada apenas el 29 de mayo del presente año. Además, la dirección de la oficina corresponde a la de una casa de familia en San Andrés en donde vive Sheena Downs Pomore, quien precisamente figura como representante legal.
La razón social de la operadora de salud, que anteriormente se llamaba SALUDINVER IPS S.A.S, y que ahora es SERMEDIC IPS S.A.S, fue cambiada el 10 de febrero de 2018 y hasta el momento se desconocen las razones. Por otro lado, su última renovación de matrícula mercantil, fue el 30 de marzo de 2016 y justo en el presente año decidieron renovarla.
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“No sabemos si existe póliza alguna que garantice pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales con el fin de que no se repita lo de SALUS. Pareciera que se hubieran inventado una operadora de papel solo por cumplir, mientras que los empleados del hospital y la comunidad evidencian que la crisis en la salud continúa”, dijo un abogado del departamento que asegura que la nueva empresa de salud de las islas no genera suficiente confianza al desconocerse su experiencia en la administración de centros hospitalarios de tercer nivel.
En el registro de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, el capital de SERMEDIC IPS S.A.S es tan solo de $50.000.000 , razón por la cual se ponen en duda las garantías que dicha operadora asistencial pueda brindar. Un especialista en el tema de la salud, que prefiere reservar su nombre, asegura que esta operadora no posee un músculo financiero suficiente para cubrir toda la administración del hospital.
El Espectador intentó comunicarse con la representante legal de SERMEDIC IPS y no fue posible recibir respuesta.
Según el secretario de salud de San Andrés, Heyder Avendaño, todos los operadores que han ingresado al archipiélago a asumir la red hospitalaria en los últimos años han tenido el mismo desenlace. Los factores que han llevado al hospital a entrar en déficit financiero y a presentar costos operativos mayores a los ingresos están relacionados con malas decisiones administrativas y con la falta de capacidad operativa que se ha desarrollado dentro la actividad hospitalaria.
Hoy, la preocupación entre la comunidad continúa al no tener claridad sobre el futuro de la salud, que cada día suma un problema distinto. “Los ascensores no funcionan y toca subir a los pacientes por las escaleras como si fueran un bulto. Tampoco tenemos reactivos en el laboratorio”, dijo un médico del hospital.
En el Clarence Lynd Newball Memorial Hospital, los empleados están trabajando sin seguridad social y con un salario menor al que tenían antes. Además, les toca hacer horas extras para cubrir la brecha de trabajo que dejó el último recorte de nómina.
En su primer circular del 8 de junio, SERMEDIC IPS anunció que por el momento no habrá más contratación de personal en la red hospitalaria del archipiélago. “Está prohibido hablar y dar declaraciones. Siempre toca manejar en silencio todo lo relacionado con la salud, porque algunos compañeros saben los secretos que están escondiendo y prefieren ser cómplices para conservar su trabajo. Han despedido personal que lleva más de 15 años en el hospital y la lista crece”, afirmó una enfermera del Clarence.
Quienes requieran de tratamientos especiales deben partir al interior del país en busca de un mejor servicio, puesto que el hospital de San Andrés no cuenta con suficiente equipo técnico y humano para soportar a todo el departamento. En algunos casos, las IPS no responden con prontitud a las solicitudes de traslados urgentes de pacientes a otras ciudades. El caso de Rhett Bush, un gestor cultural del departamento que estuvo hospitalizado en estado de gravedad, generó indignación en las ultimas semanas en San Andrés. El raizal denunció que el hospital estaba en “completo caos” y que las condiciones sanitarias a las que deben someterse los internos son denigrantes. “Casi nunca hay agua para bañarse ni para tomar, no hay aseadoras porque no les pagan y esto mantiene sucio” dijo el paciente, quien luego de haber estado hospitalizado por 30 días en el Clarence, fue trasladado a la capital del país. “San Andrés se merece un hospital como el San Ignacio de Bogotá porque recursos si hay”, agregó.
La llegada de la nueva operadora produce un sin sabor en quienes aún trabajan en el centro asistencial. Hay quienes aseguran que el personal que protestó exigiendo el pago de sus salarios atrasados fue despedido injustificadamente y hasta el momento no han recibido los meses en mora ni la liquidación. Una auxiliar de enfermería que ha tomado la vocería, afirma que “a la mayoría hoy les invade el miedo, luego de que se haya tocado un grupo grande que quedó desempleado”. Además, al igual que ella, muchos consideran que lo ocurrido con la anterior operadora (Salus Globa Partner), puede repetirse con la llegada de SERMEDIC IPS, por la forma dudosa en que se escogió al personal. “Los mas perjudicados siempre hemos sido los empleados al vulnerarnos tantos derechos. Hemos llegado a trabajar con hambre. ¿Cómo la gente pretende que se les pueda brindar un servicio de salud si ni siquiera nosotros la tenemos? (…) resulta que Salus Global se va sin responder por los daños y por orden de la gobernadora entra otra empresa con la que no tenemos nada seguro”, agregó la enfermera, exigiendo la pronta intervención del Ministerio de Salud.