La reubicación de El Hatillo que nunca fue

Las resoluciones ministeriales 0970 y 1525 de 2010 ordenaron el proceso de reasentamiento de El Hatillo. / Fundación Chasquis

Las más de 1.200 familias que conforman el corregimiento de El Boquerón y la vereda El Hatillo, ubicados en los municipios cesarenses de La Jagua de Ibirico y El Paso, respectivamente, llevan diez años conviviendo con los estragos que ha dejado la explotación de minas de carbón en la zona. El mismo tiempo que llevan esperando que las mineras Colombian Natural Resources (CNR), Drummond y Prodeco cumplan la resolución 0970 de 2010, con la cual el Ministerio de Ambiente ordenó el reasentamiento de ambas poblaciones, junto con la vereda Plan Bonito, ante los índices de contaminación que podrían afectar la salud de los pobladores.

En las sabanas que se extienden entre la serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra el valle del río Cesar. Una zona de verde natural que por estos días, debido a la temporada seca que atraviesa la región, tiene un aspecto amarillento. La mayoría de ríos están secos por la falta de lluvias y el agua escasea en muchos de los municipios del departamento. Allí, en medio de las planicies, se alzan montañas artificiales de más de cien metros de altura, hechas con el material extraído de las excavaciones, que marcan la llegada a las cinco minas que se despliegan por ambos municipios: Calenturitas, El Hatillo, La Francia, El Descanso y Pribbenow-La Loma.

Para llegar a la vereda El Hatillo es necesario rodear la mina que lleva el mismo nombre. Son casi siete kilómetros de recorrido desde el casco urbano de La Loma por una vía destapada. Al lado izquierdo se ven varias casas de un incipiente barrio de invasión. Al derecho, está la montaña artificial. La entrada a la vereda está marcada por un letrero rojo que reza: “En cumplimiento de las resoluciones ministeriales 0970 y 1525 de 2010, que ordenaron el proceso de reasentamiento de El Hatillo, se informa a toda la comunidad que se ha iniciado la liberación de predios que son parte de las sabanas comunales de El Hatillo”. Firman Drummond, Prodeco y CNR.

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En esa vereda ha vivido toda su vida Yolima Parra, integrante de la Junta de Acción Comunal (JAC) de El Hatillo. Allí ha criado a sus hijos y ha librado una incansable batalla por los derechos de su comunidad. Recuerda, por ejemplo, que antes de la llegada de las mineras tenían mejores recursos naturales. Existía entonces el río Calenturitas, un afluente que se derivaba del río Cesar y traía beneficios a la comunidad para la cría de cerdos y bovinos; pero este fue desviado por la multinacional Prodeco.

Parra asegura que aunque en un principio la llegada de estas multinacionales generó expectativa y esperanza de desarrollo para todo el departamento, con el paso del tiempo las cosas cambiaron. Los impactos medioambientales y la muerte de dos líderes de la comunidad, incluyendo a su hermano, por cáncer de estómago, hicieron cambiar de opinión a los habitantes de la vereda.

Además, en una comunidad profundamente arraigada al territorio, tampoco fue bien recibida la resolución que ordenaba su reasentamiento. “Nosotros lo rechazamos en un inicio porque vivíamos bien y teníamos todo lo necesario con el río y nuestro ganado. Cuando sucedió la desviación del Calenturitas ahí la cosa cambió y entendimos que no podíamos seguir viviendo acá”, detalla Parra.

Los problemas de salud son uno de los puntos claves en El Hatillo y El Boquerón. Los casos del hermano de Yolima y de Alberto Mejía, quien era el presidente de la JAC de la vereda, pusieron en alerta a la comunidad. Según Parra, en esta zona del corregimiento de La Loma varias personas han tenido que irse debido a afectaciones pulmonares y coronarias que no han podido ser tratadas en los centros de salud del municipio. Esto se replica en El Boquerón, en donde, dicen sus habitantes, hay personas con enfermedades huérfanas que no se sabe de dónde vienen.

Para los pobladores de esta zona, es claro que los casos de asma, las complicaciones para respirar y los infartos son secuelas de la actividad minera.

Los habitantes insisten, además, en que la desviación del río fue uno de los impactos más fuertes para la comunidad, pues los obligó a buscar el agua a partir de pozos que hacían en sus tierras. Cuentan que estos se secaron por completo debido a las constantes explosiones en las minas, que removían la tierra, haciendo que el agua se filtrara por las grietas. Lo más grave, argumentan, fue que el plan medioambiental de la desviación del Calenturitas “fue socializado con la comunidad solo después de que ya lo habían hecho. A nosotros nunca nos advirtieron ni nos preguntaron sobre esto, simplemente lo hicieron y ya”, asevera Parra.

Algo similar ocurrió con el río Tucuy, que tiene una pequeña derivación que pasa por la vereda de El Hatillo. La explotación minera llevó a que el afluente se secara a la altura de El Boquerón, afectando a las más de mil familias que habitan este corregimiento, ubicado justo al lado de la mina El Descanso, de la empresa estadounidense Drummond.

En medio de vías sin asfalto, casas de bahareque, otras hechas con cemento y ladrillo y un calor inclemente, los pobladores del corregimiento esperaron durante diez años un reasentamiento que nunca llegó. La población, entretanto, ha crecido de manera preocupante, pues antes de que saliera la resolución de 2010 se contaban cerca de cien familias y ahora la cifra ronda las mil. En las calles se dice que varias personas han hecho negocios con las tierras del corregimiento para verse beneficiadas por el reasentamiento.

Zeneida Martínez, presidenta del Consejo Comunitario de El Boquerón, nació, se crió y ha pasado toda su vida en este corregimiento. Con sesenta años, es una de las cabezas visibles de la lucha por el reasentamiento junto con la JAC: “Acá teníamos una vida muy sana y éramos muy pocos los que vivíamos acá. Nuestro alimento estaba asegurado con la caza de armadillos, conejos y peces, entre otras especies que abundaban en la zona”. Martínez recuerda, con algo de tristeza y mucha añoranza, los días en que su padre salía a cazar animales y la comida nunca faltaba en su casa. Épocas que se ven ahora lejanas, pues en El Boquerón ya no hay seguridad alimentaria y la falta de agua llevó a enormes retrocesos en la agricultura.

La situación de El Boquerón, además, tuvo un giro inesperado este año. A pesar de ser una de la zonas con mayor contaminación de la región en 2010, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, el pasado 2 de febrero esta misma cartera emitió la resolución 0071, en la que reclasificó el corregimiento y determinó que no era necesario hacer el proceso de reasentamiento porque ya no presentaba “excedencias del nivel máximo permisible anual, condición por la cual no clasifica como área fuente de contaminación”. El Ministerio alude a la cantidad de material particulado que hay en el aire, cuya medición sirve para determinar el grado de contaminación de un lugar.

Lo que hay que aclarar acá es que en plena pandemia hasta las explotaciones de carbón tuvieron que parar por cuenta del COVID-19. El Descanso, la mina ubicada cerca a El Boquerón, paró sus actividades entre marzo y abril. La medición del Ministerio de Ambiente se realizó en diciembre del año pasado. En otras palabras, 2020 bien podría ser uno de los años con mejor calidad del aire en la región; pero acaso ¿una década de contaminación no cuenta?

La noticia cayó mal en la comunidad, que llevaba diez años esperando salir de estos terrenos y vio muy poca inversión social por parte del Estado y los gobiernos locales, que estaban maniatados para hacer obras, pues, como el corregimiento iba a ser reasentado, invertir hubiese sido incurrir en un posible detrimento patrimonial.

“El reasentamiento nunca se dio y nosotros seguimos afectados. Los territorios están desgastados, no tenemos recursos naturales asegurados para todos y en el tema de trabajo la situación actual también nos afecta. Vemos que dos de las tres empresas ya no están. Necesitamos que el Gobierno nacional inicie un plan para atender esta crisis humanitaria en la que está sumido El Boquerón y hacer un resarcimiento a la comunidad. No estamos de acuerdo con que como ahora no somos área fuente de contaminación las afectaciones pasadas ya no sean tenidas en cuenta”, aseguró Marisol Quintero, secretaria de la JAC de El Boquerón y representante ante el comité de concertación del reasentamiento.

La sensación de incertidumbre de los habitantes de El Boquerón la comparten también en El Hatillo. El 29 de noviembre de 2018 se firmó el Plan de Acción del Reasentamiento (PAR) El Nuevo Hatillo, después de más de 200 mesas de trabajo y una negociación que abarcó 151 puntos.

A pesar de que esto fue como una luz al final del túnel, la organización Pensamiento y Acción Social (PAS), que ha acompañado a esta comunidad jurídicamente durante todo el proceso, asegura que “en septiembre de 2019 se presentaron incumplimientos contractuales de aproximadamente trece familias-hogares y en el mismo mes se suspendió, unilateralmente por parte de las empresas mineras, la firma de 82 contratos de transacción por problemas administrativos en la fiducia constituida para la implementación del PAR”. Por esto, el 14 de noviembre de 2019 la comunidad se tomó las vías del tren de carga de carbón para exigir el cumplimiento del pacto firmado con las mineras.

Sin embargo, en la empresa Drummond aseguran que no solo era imposible hacer un reasentamiento en dos años —como ordenaba la resolución emitida en 2010—, sino que también la comunidad de El Boquerón y El Hatillo han demorado procesos cruciales para poder efectuarlo. “Cuando hay un plan de estos todo tiene que ser consensuado. Un ejemplo claro de esto es en el 2011, cuando se acordó la ficha censal con los estándares internacionales. Ese proceso estuvo detenido cinco meses porque la comunidad no lo aceptaba. Otra vez estuvimos 18 meses con el proceso detenido porque no aceptaron el estudio topográfico que iba a determinar a quiénes les correspondía reasentar a cada una de las empresas”, aseguró Juan Pablo Arteaga, vicepresidente de Sostenibilidad de la multinacional.

“Ver que el proceso está detenido es frustrante. Yo pensé que todo el trabajo que habíamos hecho como comunidad había sido en vano y que esos diez años no habían servido de nada. Creemos que esto es una irresponsabilidad, no tanto de las mineras, sino del Estado. Ellos estuvieron presentes como garantes. Nosotros hicimos señales de alerta y les dijimos que había una empresa que estaba mal económicamente y no nos escucharon. Hoy no sabemos quién va a poner los recursos que le corresponden a CNR, pues sus activos están congelados”, sostiene Yolima Parra.

Actualmente, el reasentamiento tiene dos inconvenientes más. La empresa CNR está en un proceso de reorganización, que fue aceptado por la Superintendencia de Sociedades a finales del año pasado, y por otro lado Prodeco decidió renunciar a sus títulos mineros, lo cual significa que la multinacional no seguirá explotando las tierras donde estaban sus minas.

La primera situación hace que los activos de la minera estén congelados hasta terminar el proceso y organizar el pago de sus deudas. Por su parte, en el caso de la multinacional suiza, el abandono de sus minas deja una incertidumbre en el ambiente al no saber si llegará una nueva compañía que responda por el reasentamiento de El Hatillo. CNR, por su parte, asegura que van a responderle a la comunidad de la vereda, pero que por el momento están catalogados como quinta clase en las prioridades de la empresa.

Ante esto, Drummond asegura que la obligación de reasentamiento que está en la resolución 0970 de 2010 es una responsabilidad de resultado, pero sin solidaridad. Esto quiere decir que las tres empresas que incluye el documento expedido en 2010 tienen cada una un porcentaje del proceso y que si una no cumple, este no puede seguir en pie. “Nosotros hemos cumplido con todo lo que nos han pedido. Hemos depositado el dinero en la fiducia mensualmente, pero si las otras dos empresas están en diferentes procesos, el PAR no puede seguir en pie porque Drummond no puede responder por todos y cumplir de manera individual este pacto que firmamos”, dijo Arteaga.

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Según la resolución emitida en 2010, las empresas tenían un porcentaje establecido en la responsabilidad de reasentamiento de cada uno de los lugares. En El Hatillo, por ejemplo, Drummond es dueña del 51,47 %, CNR posee el 39,95 % y Prodeco tiene el 9,18 %. Esta misma proporción se asignó para El Boquerón y el barrio Plan Bonito, que sí fue reasentado.

El futuro de El Hatillo y El Boquerón no es nada claro. El proceso de reorganizamiento empresarial de CNR, la salida de Prodeco del territorio, el abandono estatal y la falta de claridad en las directrices del Gobierno nacional no permiten que esta comunidad concluya un proceso de más de diez años. “Nosotros, como administración municipal, estamos dispuestos a seguir acompañando el proceso de reasentamiento de estas comunidades. Junto con Ovelio Jiménez, alcalde de La Jagua de Ibirico, hemos tocado puertas en diferentes ministerios para que el Gobierno mire hacia acá y haga que se cumpla lo que ordenó el Ministerio de Ambiente hace diez años”, asegura Andry Enrique Aragón, alcalde de El Paso.

“Este reasentamiento me ha marcado mucho. Como mamá, como ser humano, como líder. No es fácil ver que donde yo crecí, jugué, me bañé y soñé ya no es el mismo lugar. Yo era feliz aquí, a pesar de que las mineras ya habían llegado. Incluso yo le dije a mi mamá que algún día iba a conducir uno de los camiones que sacaban la tierra del hueco, para darles estabilidad a mi mamá y a mis hermanos. Este sueño lo logré, pero al final no fue una satisfacción ni una alegría para mí. Me tengo que ir de aquí, de mi tierra”, finaliza Yolima Parra.