Cuatro días después de que iniciara el recorrido desde Cali, la minga social y comunitaria llegó ayer a Bogotá con el firme propósito de lograr una audiencia con el presidente, Iván Duque, y presentarle los reclamos de las comunidades del suroccidente del país.
El viaje que los llevó por Armenia (Quindío), Ibagué (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca) culminó este domingo, cuando las más de 8.000 personas que hacen parte de la movilización llegaron a la capital y pasaron la noche en el Palacio de los Deportes, escenario que fue adecuado con carpas, puestos de salud, baños y zonas de desinfección, para la estadía de la minga.
“Las marchas son contra el Gobierno nacional, pero la logística la pagan los impuestos de los bogotanos. La Alcaldía de Bogotá ya está prestando todos los servicios necesarios para la estadía de la minga, como lo es el personal de salud, los materiales de bioseguridad y todas las garantías de respeto a la movilización pacífica de la minga, a la que recibimos con el mayor respeto por sus tradiciones y causas”, señaló la alcaldesa, Claudia López, al insistir en que dio la instrucción a la Policía para que se respete y garantice la manifestación pacífica y que espera que desde el ámbito nacional no se dé una instrucción contraria.
Desde el Gobierno, entre tanto, insisten en que están abiertos al diálogo y este domingo, en cabeza del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y la ministra del Interior, Alicia Arango, se reunió una comisión para tratar de establecer la ruta metodológica, “dividir los temas por áreas del sector público o del Estado, según la competencia, y atender las inquietudes de la minga”. A la cita asistieron, además, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos; el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez; los viceministros del Interior, Daniel Palacios; Defensa, Jairo García; de Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Baena, y Salud, Alexánder Moscoso, y el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.
“Han sido diferentes las muestras de nuestra disposición para concertar los enfoques y prioridades en materia de inversión social y desarrollo con los grupos étnicos. El trabajo de las comunidades indígenas y el Ejecutivo en el proceso de concertación de las propuestas del capítulo étnico lograron que se priorizara una inversión por $10 billones para los pueblos indígenas”, señaló la ministra Arango.
A su turno, en la minga insisten en que lo que quieren es ser escuchados y que el presidente Iván Duque se reúna con ellos, una petición que vienen haciendo desde 2019. “Están vulnerando los derechos no solo de los indígenas sino de todos los colombianos. El derecho al trabajo, a la vida, a existir, a ser dignos, los derechos de los afros, de los estudiantes. Estamos juntando nuestras voces para defender nuestros derechos. Nos están pisoteando. La minga es de todos, la minga no es solo indígena”, señaló Luis Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena.
El Espectador habló con varias organizaciones que hacen parte de esta minga para conocer cuáles son las exigencias de cada una. Las comunidades indígenas, campesinas y afros son las protagonistas de esta nueva movilización, que el lunes se dirige hasta la Plaza de Bolívar.
Joe Sauca, vocero del CRIC: democracia
"Hay unos temas estructurales que se han planteado desde la minga y hay que seguir reiterando el lenguaje respecto a los que queremos transmitir que no es un asunto netamente de los pueblos indígenas, sino de todo el suroccidente colombiano, que a su vez es transversal a todo lo que está sucediendo en el país.
Es interesante que el Gobierno dice que le ha cumplido a la minga en un 80 %, pero si uno va a la realidad, ni siquiera llega al 15 % de lo que se han comprometido. Maravilloso hablar de las cifras, pero creo que en la práctica esas cifras tienen que verse desarrolladas en terreno y hasta el momento hemos estado en un escenario que ni siquiera nos lleva a un porcentaje de cumplimiento. Por eso la minga 2019 planteó el escenario político, por toda la situación que se veía venir: las denuncias, del tema de criminalización, militarización, copamiento de grupos ilegales en los territorios, hasta en las mismas ciudades, ya se preveía que eso se iba a agudizar más y por eso en ese momento se planteó ese debate con el presidente.Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) hemos hecho mucho énfasis, por ejemplo, en la parte de la democracia. Hay unas políticas que surgen tanto del Gobierno como del Congreso que están vulnerando el derecho en temas laborales, de salud y de educación. No hay garantías para la sociedad en términos de unos derechos que nos consagran a todos como colombianos y que deberían ser responsabilidad del Estado".
Las organizaciones rechazan el proyecto de ley presentado en un inicio por la bancada de Gobierno y ahora por el Partido de la U, que busca el pago por horas por parte de los empleadores. La Ley 100, que ha sido criticada desde varios sectores, también es un problema para estos pueblos. Indígenas y campesinos denuncian que los sistemas de salud que llegan hasta sus territorios son insuficientes y de mala calidad.Otro punto que reclaman desde el CRIC es el incremento de grupos armados que están en el Cauca. En el departamento hay disidencias de las Farc, además del Eln y el Clan del Golfo, entre otros grupos armados, que luchan por las rutas de narcotráfico de la región, lo cual ha afectado a las poblaciones que habitan ese territorio.
“Se han planteado los riesgos del territorio, donde se exigen esas garantías para poder estar tranquilos y libres del tema de la megaminería, el ‘fracking’, de toda esa situación que afecta a nuestros pueblos. También el reconocimiento sobre los títulos coloniales, que dan fe de la propiedad de los pueblos indígenas y las figuras de los otros compañeros que sufren este escenario.El problema es que en este país se gobierna desde la ideología de un partido político, imponiendo sus políticas al pueblo. No se está gobernando socialmente para todos, mirando que no se vulneren los derechos ni la democracia de la población”.
Sebastián Quiroga, vocero de Ciudad en Movimiento: protesta social
“La garantía y la defensa de la movilización social son fundamentales para nosotros. Esta se ha visto gravemente afectada en los años que el presidente Iván Duque ha estado al frente del Gobierno. Esto se expresa en los protocolos y en los nuevos códigos de Policía, la mayor inversión en tecnología para los cuerpos represivos, mientras los escenarios de diálogo e interlocución social han sido postergados.Estas cosas no son reivindicaciones, porque no son ganancias para la gente, sino que lo que queremos es tener una discusión sobre la forma como se tramitan los conflictos, las discusiones y las diferencias que tenemos en el país. Por esta razón, es fundamental entrar en el tema de la minga política.Nosotros planteamos una reforma a la Policía, que tiene que ver con su vinculación al Ministerio del Interior y no al Ministerio de Defensa, con la eliminación del fuero penal militar y transformando la doctrina del enemigo interno, que consiste en que quien se opone a los jefes del Estado es un enemigo y debe ser maltratado y humillado y, en el peor de los casos, asesinado”.Los reclamos por garantías de la protesta social y cambios en la Policía se profundizaron tras las últimas jornadas de movilización, que tuvieron como telón de fondo la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de la Policía, con un saldo de 13 ciudadanos muertos y más de 200 civiles heridos.
Óscar Salazar, vocero Marcha Patriótica: tierra
“Venimos haciéndole unas exigencias al Estado colombiano para el reconocimiento de los derechos del campesinado como sujeto político. Hemos avanzado en algunas cosas sobre eso en la mesa campesina Cauca y en la minga 2019, en donde logramos el artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo”.Dicho articulado planteaba la construcción de una política pública para la población campesina, a partir de la recolección de diferentes insumos que saldrían de reuniones conjuntas entre el campesinado, la academia y las entidades especializadas en los temas del campesinado colombiano."No logramos establecer el pacto por el campesinado colombiano, que no lo aprobó el presidente Duque ni el Congreso, aunque nos sentamos con las iniciativas y los proyectos. El artículo 253 establece la obligación para el Gobierno de construir la política pública para el campesinado colombiano y esto no se ha cumplido".
César Díaz, vocero del Comité de Integración del Macizo (CIMA): minería
“Los títulos mineros se vienen imponiendo y ocupan todo el territorio. Un ejemplo muy sencillo es el del Macizo Colombiano, declarado reserva de la biosfera por Naciones Unidas en 1979. Sin embargo, el Gobierno nacional no ha reglamentado la declaratoria para poder aplicarla. Esa reserva, que produce el 70 % del agua de los ríos del país, está siendo afectada y en riesgo.Las mineras están haciendo unas figuras que también nos parecen sospechosas. Les conceden una solicitud, ni siquiera un título minero, y ya se reclaman derechos sobre esos territorios, que nos excluyen 5 km de radio alrededor de ese título, y fuera de eso ellos negocian entre ellos y se van pasando los títulos de mano en mano.Un ejemplo de todo esto es el de la AngloGold Ashanti, que acaba de vender sus derechos de títulos mineros a otras empresas, que empiezan a debilitar a las comunidades y dañar el territorio, todo con la alcahuetería del Gobierno”.
Marylen Serna, vocera Congreso de los Pueblos: proceso con Eln
“Nosotros pensamos que el tema de la paz (incluyendo al Eln) pasa por la discusión y el abordaje de temas que en general han fomentado el conflicto armado en Colombia. El tema de la tierra y la exclusión de poblaciones. Pensamos que la agenda de esa negociación que se había planteado (con el Eln) daría la oportunidad a la sociedad colombiana, principalmente al movimiento social, de participar en esa discusión. Poder profundizar en una serie de problemáticas para que realmente la paz sea completa, ir más allá del conflicto armado, de una desmovilización y ver la participación de la sociedad en una paz verdadera”.El Eln no es el único grupo armado que se encuentra en esta zona del país. Un 83,3 % de los municipios del Cauca presentan afectación por grupos relacionados con el narcotráfico y estructuras derivadas de los paramilitares.
“Nuestra exigencia principal es sobre el tema de la vida, todo el tema del asesinato de los líderes sociales. Queremos saber las garantías que el Estado nos debe dar para generar los espacios de paz y así poder hacer la defensa del territorio y de la vida”.La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha verificado al menos 42 masacres en 2020 y, según cifras de Indepaz, solo en el departamento de Cauca se han registrado nueve durante el año. “Las recientes masacres son un doloroso recordatorio de cómo civiles inocentes, incluidos jóvenes, son víctimas de estos grupos (...) sigue siendo necesario finalizar e implementar la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, organizaciones criminales”, señaló la semana pasada Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la Verificación de la ONU en Colombia."Otro punto es el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Esto tiene que ver con ese reconocimiento jurídico como un conglomerado social que respete nuestra economía, nuestras costumbres y la forma de ordenamiento territorial. Tenemos la propuesta de territorios campesinos agroalimentarios".
John Gil, vocero de Coccam: sustitución de cultivos
“En este momento existe el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que se desprendió del punto 4 de los Acuerdos de Paz y tiene una normatividad y decretos que lo regulan y lo hacen de obligatorio cumplimiento.Nosotros somos más de 230.000 familias agremiadas en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). Este Gobierno recibió 99.000 familias vinculadas, que de buena fe y voluntariamente levantaron los cultivos de coca. Esas familias que desde el 2017 se acogieron al programa en este momento están aguantando física hambre en sus territorios, esperando que el Estado llegue, pero el Estado no les ha dicho nada a esas comunidades”.Las comunidades del suroccidente del país y las zonas que tienen alta densidad de cultivos ilícitos han insistido en que el camino para reducir las hectáreas sigue siendo la implementación de la sustitución voluntaria y no la aspersión con glifosato, que quiere retomar el Gobierno.
Leonor Yonda, vocera de comunidades negras: violencia y desplazamiento
“Como comunidades negras y campesinas, lo que queremos es exigirle al Gobierno garantizar la vida, garantizar que no se sigan cometiendo más asesinatos ni desplazamientos. Uno no entiende cómo ante una situación de violencia agudizada no hay una respuesta”.En el Cauca han sido asesinados 76 líderes sociales en lo que va de 2020, según datos de Indepaz, de los cuales 43 eran líderes indígenas, mientras que el campesinado caucano perdió a 21 de sus líderes. Otra población afectada por esta violencia son los pueblos afros, con 9 de sus líderes asesinados, aunque esta cifra asciende a 13 en todo el país.”No hay una garantía de seguridad en los territorios, sobre todo porque se habla de una seguridad, pero no se está brindando como se plantea; al contrario, se agudizan más los conflictos, la violencia, el desplazamiento, la estigmatización, el señalamiento. Entonces la idea es exigir cuáles son las garantías que está brindando el Estado colombiano a las comunidades”, dice Yonda.