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Los primeros seis meses de 2018, la violencia en las regiones dejó más desplazados de los registrados en todo 2017. Si la tendencia sigue como viene, al cierre del año las cifras serán alarmantes. El fenómeno parece ir en aumento y en algunas zonas del país se ha convertido casi que en un registro cotidiano. Varias entidades, como la Defensoría del Pueblo y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), han reportado la situación y ambas demuestran la urgencia de atenderla.
La Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada, en su boletín n.° 4, señala que, entre enero y junio, 17.825 personas (5.262 familias) en 55 eventos fueron desplazadas forzosamente. Mientras tanto, en su boletín n.° 94 Codhes habla de 35.409 desplazados en 112 eventos en el mismo período de tiempo. La diferencia entre ambas cifras radica en que mientras que la Defensoría solo incluye los desplazamientos masivos —más de 50 personas o diez familias en un evento—, la ONG también cuenta los múltiples; es decir, en los que hay menos de diez familias o de 50 personas.
Aun así, coinciden en que los desplazamientos se han concentrado, en su mayoría, en tres zonas: Catatumbo en Norte de Santander; el Nudo de Paramillo (Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba) y la cuenca del Pacífico (Nariño, Chocó y, en menor medida, Cauca).
¿Qué es lo que hace que esas zonas sean el epicentro de la mayoría de los eventos de desplazamiento forzado en Colombia en 2018? ¿Cuál es el contexto de unas zonas que, además, han sido golpeadas por el conflicto armado? ¿Y cómo ha impactado la desmovilización de las Farc, al igual que el surgimiento de otros grupos armados ilegales, como lo son las disidencias de la exguerrilla?
(Lea aquí: La Comisión de la Verdad ahora tiene acceso a archivos sobre tierras).
Hay que entender que las dinámicas en cada territorio varían. Paola Hurtado, investigadora de Codhes, explica que, por ejemplo, en Norte de Santander, en especial en Catatumbo, “se han mezclado conflictos sociales, territoriales e interétnicos, que se han acentuado con la llegada de los grupos armados, porque son los “administradores de justicia” en el territorio”.
De hecho, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en los 11 municipios de esta región santandereana (Hacarí, Ábrego, El Tarra, Convención, El Carmen, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú) se ha concentrado el 54 % de los desplazamientos en 2018, es decir, 9.686 personas que se vieron obligadas a abandonarlo todo en 20 eventos masivos. Una situación que, según Codhes, es consecuencia directa de “la tensión por la confrontación armada, los conflictos territoriales y la situación de la población venezolana en necesidad de protección internacional”, factores que se han convertido en el caldo de cultivo para el conflicto armado.
El fenómeno coincide, afirma Hurtado, con el panorama del bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. De acuerdo con la investigadora, en esta región desde hacía unos cinco años no se presentaban desplazamientos masivos, no porque no hubiera conflicto, sino porque los grupos que allí operan, Eln y Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tenían “repartido” el territorio. Una suerte de pacto que acabó cuando finalizó el cese al fuego bilateral y temporal pactado entre esa guerrilla y el Gobierno en octubre de 2017 y hasta enero pasado. Después de esos meses, recrudecieron los combates.
A esto se suman otras características históricas de la región, como el control de la minería y de las rutas del narcotráfico (por el Bajo Cauca hacia el Urabá), y la existencia de cultivos de uso ilícito en la zona, cuyo control es disputado por los distintos actores armados. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el Bajo Cauca se presentaron 13 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 2.615 personas y en Córdoba, otros tres eventos (dos de ellos en San José de Uré) en los que se desplazaron 631 personas.
(También: Amnistía Internacional pide al Gobierno detener desplazamientos forzados).
En cuanto a la cuenca del Pacífico, aunque también se presentan situaciones como la de la lucha por el control de los cultivos ilícitos, se trata de una zona que, según Hurtado, “ha concentrado el desplazamiento masivo en los últimos ocho años. El Pacífico está pasando por una afectación continuada y casi estructural del conflicto armado, que tiene que ver con el interés de controlar los recursos en el territorio y las salidas al mar”.
La información de la Defensoría señala que en esa zona hubo 3.620 personas desplazadas: 804 en Chocó por enfrentamientos entre el Eln y las AGC; 896 en la zona del río Naya por “hostigamientos, asesinatos y amenazas por parte de un grupo armado ilegal no identificado” y 1.920 en Nariño por combates entre disidencias, como el Frente Oliver Sinisterra y el Eln.
Pero hay otra característica que sí es común a las tres zonas: los ataques contra los líderes sociales. Para explicar esta tesis, Hurtado se remonta al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc. “Si se mira el mapa de líderes, es clarísimo que donde los están matando son regiones donde ha habido apoyo al proceso de paz, lo que configura un factor de riesgo adicional (para el desplazamiento). Si bien los visibles son los líderes y las lideresas, el simple hecho de acogerse a la sustitución voluntaria implica que se den esas lecturas de apoyo al acuerdo de paz, lo que significa la estigmatización”.
Con este panorama, resulta evidente, como dice Hurtado, la necesidad de que no se siga normalizando el desplazamiento forzado en el país. No solo por el hecho de que el primer semestre de 2018, según Codhes, es en el que más desplazamientos ha habido en la década (le sigue el primero de 2013), sino porque es la prueba clara de cómo el reacomodo y la reconfiguración de los actores ilegales en los territorios está dejando graves consecuencias humanitarias en el país.
