Los crímenes políticos de 1986

Los crímenes políticos, cada vez con mayor incidencia, eran la preocupación de las autoridades y de la sociedad colombiana. El gobierno Barco había heredado de su antecesor tres escenarios críticos: los acuerdos de paz de la era Belisario Betancur que entraron en su fase final por insuficiente verificación del cese al fuego; la guerra del paramilitarismo que empezaba a mostrar los estragos de la casa Castaño; y el narcoterrorismo de Pablo Escobar y su ejército de sicarios aglutinados como “Los extraditables”.  (Le puede interesar: La propuesta que le hizo Estados Unidos a Colombia el 19 de septiembre de 1986)

 

El 20 de septiembre continuó la lista de víctimas. Aunque no todas eran conocidas, si llevaron duelo a sus familias o a su entorno político, sin que existiera una explicación distinta al clima generalizado de intolerancia que se empezó a tomar a Colombia. Ese día de Medellín llegaron noticias del asesinato del exconcejal Carlos Montoya y del ciudadano Álvaro Zuluaga, hijo del reconocido humorista Guillermo Zuluaga, Montecristo. Estos y otros hechos de violencia quedaron en la impunidad. (Lea: La fórmula de paz del gobierno Barco)

 

El reto para la justicia se hizo mayor porque en el plano político, la rivalidad entre liberales y conservadores, y la voz nueva de la Unión Patriótica, siguieron siendo protagonistas del quehacer social. Esa tercera semana de septiembre cerró con la información de qué el abogado Humberto de la Calle Lombana, concluía su labor como Registrador Nacional del Estado Civil, aunque las rivalidades políticas no perfilaban su remplazo. Seguía pendiente también la elección del nuevo designado presidencial. (Lea: El 17 de septiembre de 1986 asesinaron al subdirector del diario de Occidente)