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Cuatro meses después de haber sido apartado del cargo, y luego de que un juez le revocara la medida de aseguramiento que existía en su contra, Rafael Martínez regresó este martes a asumir funciones como alcalde de Santa Marta. El dirigente político se encontraba en detención domiciliaria y suspendido por presuntos actos de corrupción en la contratación de cinco centros de salud en la ciudad.
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Desde finales de 2017, la Fiscalía les puso la lupa a los contratos de los cinco centros de salud. Por este caso, el ente investigador le imputó a Martínez los cargos de celebración indebida de contratos sin el lleno de requisitos y peculado a favor de terceros.
La revisión de dichos contratos, y los firmados por el anterior mandatario, Carlos Caicedo, fueron una de las prioridades del alcalde encargado Andrés Rugeles, nombrado por el presidente Iván Duque y quien se desempeñaba como su secretario de Transparencia.
Rugeles pidió a la Controlaría investigar los contratos de la construcción del estadio Sierra Nevada y de las fases I y II de la megabiblioteca San Pedro Alejandrino, los cuales fueron firmados entre 2014 y 2016. Dichas obras tienen retrasos de más de ocho meses en los tiempos de entrega y se les han hecho varias adiciones presupuestales que incluso alcanzan el 49 % del valor inicial de la obra.
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Si bien Martínez ahora está en libertad, deberá seguir respondiendo por las investigaciones que se adelantan en su contra por la presunta corrupción en los contratos de los centros de salud. Además, tendrá que gobernar la ciudad con un gabinete muy diferente al que tenía hace cuatro meses, pues Rugeles cambió a 23 funcionarios directivos de la administración.
¿Cómo recibió la noticia de su restitución?
He confiado en la justicia y en los jueces. Sabía que si se cumplía el derecho de la segunda instancia se debía revocar esta infamia de la primera instancia del juez de garantías. El doctor Vila (juez de control de garantías) claramente prevaricó, porque la medida era innecesaria no solo porque la imputación carece de fundamentos, sino que no se cumplía el principio de urgencia. Eso fue más una jugada política que una decisión jurídica.
¿Por qué insiste tanto en que eso fue una jugada política?
La Fiscalía me imputó por celebración indebida de contrato porque supuestamente licité la terminación de unos centros de salud sin las licencias de construcción. Resulta que la licencia es un requisito de construcción, como su nombre lo indica, pero no de licitación. De ahí, la falta de fundamento de la medida. Además, esta es tomada por el juez de garantías año y cuatro meses después de que la Fiscalía lo hubiera solicitado; es decir, no aplica el principio de urgencia. Por último, la Fiscalía no sustenta por qué había que privarme de la libertad. No hizo un estudio de alternatividad en este caso. Privarme de la libertad claramente era sacarme del cargo.
¿Por qué dice que la intención de sacarlo de la Alcaldía era devolverles el poder a los grupos políticos tradicionales?
Alguien que viene a hacer una vacancia temporal, que viene a continuar el plan de desarrollo y a esperar que se designe una terna o que se resuelva la situación jurídica del alcalde titular no cambia todo el equipo de gobierno, ni al 80 % de los contratistas y no frena el Plan de Desarrollo. Claramente este era un tema político. Mi interés ahora es retomar el liderazgo de la ciudad, el principio de autoridad, recuperar el tiempo perdido para la ejecución del Plan de Desarrollo y terminar las obras que están pendientes, y que el doctor Rugeles no quiso terminar para poder tener un argumento de que había obras inconclusas. Desafortunadamente se han perdido cuatro meses y quiero concentrarme en mirar hacia adelante.
¿Cuál es su posición frente a las peticiones que hizo Andrés Rugeles a los organismos de control para investigar contratos de su administración?
Yo estoy presto y siempre dispuesto a ayudar, a contribuir a que la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía investiguen. La recibimos con beneplácito, porque es la oportunidad de aclarar nuestras actuaciones. Lo único que pedimos es garantías. Sé de las presiones políticas que tienen los órganos de control, presiones de los sectores políticos de Santa Marta para que produzcan decisiones en contra nuestra. Sin embargo, yo estoy abierto a ayudar en las investigaciones.
Uno de esos contratos que está investigando la Contraloría es el del estadio Sierra Nevada. ¿Cuál es el estado de ese proyecto?
El estadio Sierra Nevada está ejecutado en 97 %. Ese 3 % que falta es porque el contratista se ha demorado. Se ha pagado solo 88 %. Los procesos sancionatorios se iniciaron y cuando me sacaron quedó en marcha la aplicación de la póliza penal pecuniaria. Al doctor Rugeles le tocaba continuar con ese trámite. Hay que preguntarle por qué no la aplicó. El estadio se ha usado a lo largo de dos años; es decir, el contratista, al no habernos entregado, le ha tocado asumir la operación, mantenimiento y todos los costos de funcionamiento. Lo que no se ha entregado tiene que ver con la planta eléctrica, una parte de la luminaria y los ascensores. El doctor Rugeles dice que a ese contrato se le han hecho adicionales, pero no dice para qué ni cómo ni por qué. Uno de ellos fue porque no se contrató inicialmente los controles de acceso y el carreteable interno. Un adicional per se no es ilegal.
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¿Y en el caso de la megabiblioteca?
Esta tiene dos fases. La primera está terminada desde noviembre, solo que la obra está lista físicamente, pero obviamente hay que dotarla. Ponerle el mobiliario, entregar los libros y ponerla a funcionar. Eso estaba en marcha en los procesos de contratación en marzo, cuando me sacaron. El doctor Rugeles paró esos contratos y por eso dice que son obras inconclusas. La fase dos tiene un avance del 95 % y se ha pagado el 90 %. Esa obra ha debido terminarse meses atrás, pero se demoró por un tema de diseño.
¿Cree que los cambios que hicieron en el gabinete durante su suspensión afectarán su administración?
Yo voy a terminar mi plan de desarrollo. El que funcione se queda y el que no la ciudad lo evaluará. Voy a tratar de hacer una administración pública y abierta. Muchas instrucciones quedarán por escrito y serán públicas. Yo no los escogí a ellos, muchos son contrarios a nuestro modelo. Por eso voy a cuidarme de que no me acusen de persecución o de acoso laboral, pero tengo un plan de desarrollo que ejecutar.