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Tras conocerse la decisión de la Fiscalía de capturar al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y acusarlo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, el mandatario departamental fue suspendido a través del decreto 237 de 2021 del Ministerio del Interior. En este documento se nombró a Luis Fernando Suárez como gobernador encargado.
Suárez ya había estado al mando de la Gobernación entre el 5 de junio y el 17 de octubre de 2020, mientras Gaviria estaba acusado de estos mismo delitos. Durante ese proceso el gobernador de Antioquia fue dejado en libertad el 16 de octubre de 2020 por una decisión del Tribunal Supremo de Medellín en respuesta a un recurso de Habeas Corpus.
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El recién nombrado gobernador encargado se desempeñaba como secretario regional y sectorial de Seguridad Humana en el departamento. A partir de ahora tendrá las funciones de mandatario departamental hasta que se defina el futuro judicial de Gaviria.
Aníbal Gaviria deberá enfrentar un juicio ante la Corte Suprema de Justicia porque, según la Fiscalía, tomó determinaciones relacionadas con los contratos para el mantenimiento y la pavimentación de una vía que comunica a Caucasia con Puerto Berrio, conocida como la Troncal La Paz. Las acciones por las que se le investiga tuvieron lugar durante su primer período como gobernador del departamento entre 2004 y 2007.
Este proceso tiene su origen en 2018, durante la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, cuando la entidad abrió indagación preliminar por un tema que se remitía a 13 años atrás. En 2005, la Gobernación de Antioquia, con Gaviria como gobernador, abrió la licitación para buscar quién se hiciera cargo del “Mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo La Cruzada-Caucasia, sector Nuevo Oriente-Escarralao”
El contrato por el cual la Fiscalía acusó a Gaviria estaba pactado por un poco más de $41.000 millones. Sin embargo, de acuerdo a la investigación, al momento de la licitación se pactó un anticipo del 25%. El problema vino cuando se firmó el convenio, y dicho anticipo subió al 29% sin una explicación técnica de por medio.
La obra comenzó en febrero de 2006. Lo que la Fiscalía reprocha hoy es que solo dos meses después de iniciar la obra el Consorcio pidió un anticipo de $10.500 millones para la compra de equipos. Con este dinero ya se llegaba al 50% del contrato. La Gobernación no aprobó esa cantidad, pero sí una suma que representaba, junto con el primer adelanto, el 35% del total. En 2007 se firmó un tercer otrosí con el cual se llegó al 47% del contrato total (unos $22.000 millones).
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Para finalizar, la Gobernación de Antioquia, según informa la Fiscalía, firmó otro contrato más por $16.000 millones y entregó un anticipo del 50%. Lo que reclama el ente acusador, entre otras cosas, es que con el primer anticipo que recibió el Consorcio Troncal de la Paz este haya comprado maquinarias para hacer la vía. Además, dice que este segundo contrato es cuestionable, pues ya se había firmado uno principal que tuvo irregularidades en la entrega de los dineros y anticipos.