A los problemas y escándalos que por estos días han golpeado al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hay que sumarle uno que sigue pasando de agache, a pesar de las múltiples alertas de los organismos de control y de que amenaza con convertirse en una poderosa bomba de tiempo. Se trata de la crisis del relleno sanitario Magic Garden y del elefante blanco de la inversión en maquinaria que prometía aliviar las montañas de basuras que invaden el vertedero.
Lea: El barrio que nació de la basura
Hace algunos años fue adquirida una millonaria planta de Generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), cuya finalidad era procesar e incinerar los del relleno sanitario Magic Garden, para generar energías limpias y reducir los costos del kilovatio en el archipiélago. Se asumió el riesgo de invertir en esta posible solución, aun sabiendo que la comunidad no poseía una cultura de reciclaje y selección de residuos, necesaria para preservar la planta.
Sin embargo, una auditoria realizada por la Contraloría General dejó al descubierto que la citada máquina, construida con inversiones por cerca de 25 mil millones de pesos, se encontraba inactiva pese a que era totalmente operativa.
Lea también: Rellenos sanitarios, un dolor de cabeza
A eso se suma la falta de un adecuado sistema de tratamiento de lixiviados, la existencia de algunos estanques sin barreras de protección y contención ante posibles desbordes y otros deposiros no controlados que se mezclan con aguas lluvias que pueden derivar al mar.
“No existe un sistema de aprovechamiento de biogás, y no está proyectado realizarlo. No se hace clasificación de residuos sólidos -entre residuos aprovechables y residuos no aprovechables. A pesar del fallo que ordenaba tener en funcionamiento la Planta RSU en octubre del 2017, a la fecha no está funcionando (...), afectando la posibilidad de hacer clasificación y aprovechamiento de los Residuos Sólidos que llegan al relleno, y al mismo tiempo de disminuir la presión sobre los vasos del mismo, los cuales están cerca de su límite, pues tienen nueve meses de vida útil, situación frente a la cual no está previsto un Plan de Emergencia y/o contingencia, a pesar de la certidumbre de esta crítica situación”, detalla la Contraloría.
Le puede interesar: Residuos sustentables, la apuesta de Tumaco
Un aparente negocio
El asunto con la planta tomó otra cara cuando el 7 de febrero del 2017, el gobernador suspendido Ronald Housni ordenó la apertura de una licitación pública que buscaba seleccionar una propuesta para ejecutar un contrato por 30 mil millones de pesos para la administración, operación y mantenimiento del relleno sanitario de San Andrés. El contrato fue asignado a la empresa Inter Aseo del Archipiélago S.A.S, considerando que fue la única que se presentó durante la convocatoria. Dicha adjudicación fue suspendida el 30 de enero del 2017 y reanudada el 7 de febrero de ese mismo año. Aun así, las cosas no mejoraron.
Para ese entonces, Álvaro Archbold, exgobernador de la isla, denunció públicamente un supuesto carrusel que existía entre Inter Aseo y la sociedad productora de energía Sopesa.
Según el denunciante, Inter Aseo, como operador del relleno sanitario Magic Garden, le entregaría los residuos a Sopesa para ser incinerados y, de esta manera, generar energía con la RSU, que es administrada por la misma compañía. Luego, le pagaría una cuota por el aprovechamiento de esos residuos a Inter Aseo, creando de esta manera un supuesto carrusel a favor de la misma persona. Sin embargo, la planta generadora de electricidad hasta la fecha no funciona.
El Espectador se comunicó con la Gobernación de San Andrés para conocer su declaración frente a esta denuncia y hasta el momento no ha sido posible su respuesta.
Lea: Basura convertida en energía: ¿la cura es peor que la enfermedad?
¿Por qué no está en funcionamiento la planta?
Según la Secretaría de Servicios Públicos y Medioambiente de San Andrés, la RSU no está en uso porque algunos ítems que eran necesarios para garantizar su funcionamiento se omitieron desde el proceso licitatorio, por parte del Ministerio de Minas. Por lo que, mediante acción popular interpuesta por la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, se impusieron obligaciones a las partes involucradas con el fin de ponerla en marcha.
Ante el Ministerio de Vivienda será presentado un proyecto que busca el desembolso de recursos que forman parte del plan departamental de aguas para iniciar las obras que, según el estudio realizado, necesitarían una adición presupuestal de 12 mil millones de pesos; Inter Aseo contará con 6 meses para desarrollarlas.
María Paola Vélez Sosa, secretaria de servicios públicos, asegura que ya se ha dado cumplimiento a algunas obligaciones por parte de Inter Aseo y Sopesa y que la modificación al Plan de Manejo Ambiental para el sitio se encuentra aprobada.
Sin embargo, José Mow, magistrado a cargo de una acción popular que sobre el tema interpuso la procuradora ambiental Sarah Pechtalt, dice que se ha incumplido con las fechas señaladas por el Consejo de Estado para que comience a funcionar la polémica máquina. “La realidad es que no se ha puesto a funcionar la planta, pese a aquella inversión. Hubo mala planificación, falta de conocimientos acerca del tema, entre otras falencias”, dijo Mow a este diario.
Si se respetan las fechas pactadas, esta planta de residuos sólidos urbanos que intentaría apaciguar la problemática de las basuras en San Andrés, entraría en funcionamiento para inicios del 2019. Por lo pronto, sigue siendo aquel “elefante blanco” que promete soluciones, pero sin generar ningún resultado.