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“Vivo en Boyacá, en un sector minero, y siento que la minería ha debilitado los nacimientos de agua, incluso conseguirla en verano es un reto abismal. Esto implica que las mujeres rurales deben caminar horas para traer el agua a casa, poder lavar la ropa y alimentar a sus hijos”, dice Irene Fonseca, lideresa social del departamento. Su relato refleja cómo la crisis en la economía del cuidado, que ya venía afectando los derechos de las mujeres, se ha agudizado en plena pandemia por el COVID-19. De hecho, los cálculos del DANE señalan que en Colombia cerca del 89,5 % de las mujeres realizan trabajos no comprendidos en el Sistema de Cuentas Nacionales, uno de ellos es el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
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“Si valoramos el trabajo no remunerado en Colombia esto equivaldría al 20 % del PIB. Es más que el valor agregado que genera cualquiera de las ramas de servicios financieros. Además, aproximadamente siete millones de mujeres en el país permanecen en lo que en el mercado laboral llaman la inactividad, concepto que tiene un sesgo de género porque considera inactivas a las mujeres dedicadas al trabajo de cuidado no remunerado de los hogares”, dice Paola García, secretaria técnica de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, grupo conformado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y políticas que buscan promover el desarrollo de un sistema nacional de cuidado.
“Es preocupante que en Colombia las mujeres en edad de trabajar realizaron como actividad principal oficios del hogar, y que esto se vuelva un condicionante para entrar a participar en el mercado laboral”, agrega García.
Un debate al que se le suman las difíciles condiciones en zonas en las que la ausencia de alcantarillado, acueducto o luz dejan en veremos la posibilidad de que las mujeres se vinculen a un trabajo remunerado o puedan acceder a educación, especialmente en zonas rurales. Esto debido al aumento en la cantidad de horas que invierten en labores de cuidado, factor que se suma a los históricos problemas de conectividad, bajos ingresos e incluso a los paradigmas en torno al rol de la mujer como “cuidadora” del hogar.
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En Colombia, las mujeres rurales dedican 7 horas 52 minutos diarios a las actividades relacionadas con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que los hombres dedican 3 horas y 6 minutos en la misma actividad.
“En la medida en que no tengamos estos mínimos de necesidades básicas, los tiempos dedicados al trabajo no remunerado siempre van a aumentar. Bogotá, por ejemplo, es la tercera ciudad más desigual en Colombia; el 70 % de esta ciudad se compone de zona rural. Esto implica que hay localidades donde no hay gas y hay que ir por la leña, lo mismo ocurre con el agua”, dice Natalia Moreno, economista y magíster en estudios de género.
De hecho, la falta de servicios públicos puede agravarse en las comunidades indígenas del país. “En los territorios con grupos étnicos esta situación es peor, donde el 79,9 % de estos hogares no tienen servicio de acueducto. Por ejemplo, en La Guajira hay mujeres wayuus que se demoran entre cinco y seis horas diarias solamente yendo a recoger el agua. A eso hay que sumarle todas las actividades que se necesitan dentro del hogar”, comenta Laura Gómez, gerente del programa Igualdad y Desarrollo Territorial de las Mujeres Rurales de Oxfam.
¿Qué hacer para garantizar los derechos de las mujeres?
Para avanzar hacia la autonomía económica, política y física de las mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) propone afrontar la desigualdad en la prestación de cuidados no remunerados a través del reconocimiento, la reducción y la redistribución del trabajo entre las mujeres y los hombres, así como entre las familias y el Estado. “Que existan más colegios, guarderías, comedores comunitarios y lavanderías públicas, donde las mujeres puedan realmente descargar esas tareas de cuidado”, explica Natalia Moreno.
De hecho, la OIT insiste en la importancia de invertir en la infraestructura pertinente para el cuidado, “que reduce el trabajo penoso para las mujeres, como recolectar agua y proporcionar servicios de saneamiento y provisión de energía”, se lee en el documento emitido en 2018. Incluso, la Organización insiste en desarrollar políticas relativas a las licencias y otras modalidades de trabajo favorables a la familia, que permitan conciliar mejor el empleo remunerado con el trabajo de cuidados no remunerado.
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“Son labores que deben asumirse a nivel colectivo, entre comunidades, el sector privado y el Estado. Esto para que las mujeres seamos libres de escoger lo que queremos para nuestros trabajos, y si escogemos los cuidados, pues que sea una decisión de libertad y no una decisión de obligación”, agrega Moreno.