La negativa de las organizaciones y plataformas sociales del Cauca a reunirse el martes 10 de marzo con la ministra del Interior, Alicia Arango, para la sesión del Plan de Acción Oportuna (PAO), deja claro el descontento de los defensores de derechos humanos con la forma en la que el Gobierno aborda el asesinato de líderes sociales y con los resultados del plan.
El malestar quedó plasmado en una carta abierta que publicaron y en la que no solo explicaron las razones por las cuales no estaban dispuestos a participar en un espacio de interlocución con el Gobierno, sino que pusieron sobre la mesa la discusión respecto a la falta de resultados del PAO y a lo ineficiente que ha resultado la militarización de los territorios.
El PAO se creó en noviembre de 2018 como respuesta del gobierno del presidente Iván Duque al aumento de asesinatos de líderes sociales. Con su puesta en marcha se formó una mesa de trabajo con la Cumbre Agraria y las plataformas de derechos humanos para conocer las preocupaciones de las organizaciones. Según Christian Mantilla, de la organización Pensamiento y Acción Social (PAS), el objetivo era crear un espacio de construcción, pero el Gobierno “emitió un documento sin consultar con las organizaciones y sin tener en cuenta sus sugerencias”.
Las organizaciones señalan que no fueron atendidas las más de 45 consideraciones hechas por las plataformas de derechos humanos y la Cumbre Agraria, emitidas en diciembre de 2018. “Insistentemente le hemos dicho al Gobierno no solo departamental sino nacional, que las discusiones del Plan de Acción Oportuna que van inclinadas al tema de militarización y respuestas rápidas, con la Fuerza Pública, no contemplan el enfoque de organizaciones. El Gobierno se sigue haciendo de oídos sordos”, afirma Joe Sauca, miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca.
En los reparos al PAO, las organizaciones y líderes sociales sostenían que no era una respuesta efectiva, entre otras razones porque desconocía el marco normativo derivado del Acuerdo de Paz como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada con el objetivo de diseñar y supervisar un plan para el desmantelamiento de grupos paramilitares y organizaciones criminales que atenten contra defensores de derechos humanos.
“El PAO fue creado a través de un decreto ordinario y tiene unas funciones menores, parecidas a la de la Comisión, pero menos ambiciosas; tiene una composición parecida a esta, pero sin los miembros de la sociedad civil. Es evidente que el Gobierno lo creó para anteponerse a los desarrollos de la Comisión Nacional de Garantías”, asegura Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas y delegado de las organizaciones sociales ante la Comisión Nacional de Garantías, que está compuesta por delegados del Gobierno y cinco miembros de la sociedad civil.
Desde el Gobierno, sin embargo, aseguran que sí ha habido participación de la sociedad civil en el PAO. La ministra del Interior, Alicia Arango, afirmó que se analizaron las observaciones y se incluyeron aquellas que sí tenían que ver con el propósito del Programa y que tanto este como la Comisión Nacional de Garantías, son iniciativas complementarias. (Ver entrevista página 9).
Las organizaciones no pretenden que se elimine el plan sino que esté en concordancia con la Comisión Nacional de Garantías. “Esta comisión del PAO debió subordinarse a la Comisión Nacional de Garantías, en cambio, la Comisión ha estado inactiva durante este Gobierno. Aunque se ha reunido tres veces, han sido reuniones formales en las que se dan informes y luego se nos ha dado la palabra como miembros de la sociedad civil, pero no han sido reuniones de trabajo en las que podamos avanzar. No se está respetando la legalidad porque esta indica que la Comisión es una institución del Estado que debe ser convocada cada mes por el presidente”, afirmó Gallón.
Otra de las quejas, desde las organizaciones, es que las comunidades indígenas no han sido incluidas en el proceso. Fabian Álvarez, abogado de la consejería de derechos humanos de la ONIC, afirma que el PAO nunca fue consultado con estas comunidades y que se ha vulnerado el enfoque étnico. Esto significa “un retroceso porque se le han restado competencias al Acuerdo de Paz, donde se crearon espacios en los que sí se tenía en cuenta a las comunidades indígenas”, dice.
Desde la sociedad civil se le planteó al Gobierno la necesidad de crear una política pública de garantías para líderes y defensores de DD.HH.. Aunque en principio se dijo que se trataría de un trabajo conjunto con agenda común, las organizaciones sociales dicen que en la primera cita para adelantar las discusiones el Gobierno incumplió y los funcionarios designados para los diálogos no tenían capacidad de decisión. Por esa razón, y ante el aumento de asesinatos de defensores de DD.HH., se suspendió el proceso hasta que se dieran garantías.
“Al día de hoy el Gobierno no se ha pronunciado y, sin embargo, continuó con la agenda, convocando a líderes en diferentes partes del país. Lo que intenta el Gobierno es legitimar una agenda que va en contra de los acuerdos creados con los líderes que fuimos designados a nivel nacional”, afirma Fabian Laverde, de la ONG Cospacc y vocero de la Comisión de DD. HH. del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria.
Las organizaciones dicen que el Gobierno no reconoce la sistematicidad de los asesinatos, y que hay una estigmatización hacia los líderes sociales. Incluso piden que la ministra Arango, quien en varias ocasiones ha hecho polémicas declaraciones respecto a este tema, sea separada del cargo.
El debate se da en momentos en que desde organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han llamado la atención sobre las cifras de asesinatos a líder es sociales. El sinsabor de fondo para las organizaciones sociales radica en que el Gobierno no ha asumido correctamente el reto de darle protección a defensores de derechos humanos y excombatientes, pues las cifras de ataques, asesinatos e intimidaciones crecen con los días.