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El pueblo indígena Kankuamo, asentado en la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en el departamento del Cesar, fue víctima de un nuevo acto de violencia. Una casa ceremonial de esta comunidad – o Kankurwa – fue incinerada, al parecer, por criminales.
El hecho ocurrió en el corregimiento de Atánquez, a una hora de Valledupar. Hacia la medianoche de este jueves 18 de octubre los miembros de la comunidad vieron cómo las llamas consumieron uno de sus centros espirituales de reunión.
Según expresó la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en un comunicado, debido a la acción de la comunidad lograron salvar del fuego otros centros espirituales del resguardo.
El pueblo Kankuamo manifiesta su preocupación pues este ataque no es un hecho aislado ya que acontecimientos como este ya han ocurrido anteriormente. El 17 de agosto de 2017 fueron quemadas las Kankurwas de esta comunidad en Guatapurí, en febrero de 2016 ocurrió lo mismo en la comunidad de La Mina y en 2015 ya había sucedido con la comunidad de Chemesquemena.
“La ONIC repudia este nuevo hecho que atenta contra el cultivar espiritual y de Gobierno Propio de un pueblo originario, que como el Kankuamo reafirma su lucha por la pervivencia y salvaguarda del patrimonio inmaterial y material representado en las Casas Ceremoniales o Kankurwas que mantienen la llama espiritual en gran parte de las comunidades del resguardo”, manifestó esta organización.
Las autoridades de los kankuamos manifestaron que la destrucción de su casa ceremonial "es un atentado directo al proceso de recuperación cultural de la identidad y el restablecimiento del tejido sociocultural y organizativo, por ser las KANKURWAS los Centros Espirituales que dinamizan los ejercicios tradicionales, la reflexión y transmisión cultural de las pasadas, presentes y futuras generaciones, para conservar el orden natural, el cuidado de la Madre Naturaleza, la Paz y la tranquilidad en el Territorio y la Comunidad.”
El pueblo Kankuamo fue declarado en riesgo de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional en 2009 y además cuenta con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.