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La noche del pasado 12 de mayo, día en el que cientos de colombianos salieron a marchar en una nueva jornada del Paro Nacional, defensores de derechos humanos en Popayán (Cauca) hicieron públicas dos denuncias por violencia sexual cometida presuntamente por miembros de la Fuerza Pública contra dos menores de 17 años. La primera denunciante, según organizaciones, se habría quitado la vida después de publicar su relato en una red social y se investiga si existe o no un nexo causal entre ambos hechos; y la segunda denunciante fue grabada en un video en compañía de su madre, quien la buscó en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde permanecía detenida. (“No es falsa la noticia sobre joven de 17 años en Popayán”: abogada Lizeth Montero)
La abogada de derechos humanos Lizeth Montero, y quien estuvo la noche del miércoles en la URI, le dijo a este diario que la mamá de esta segunda joven es trabajadora de la salud y que hacía parte de una brigada que estaba atendiendo en las manifestaciones. “La mamá tuvo que separase de su hija por tres cuadras, y ésta última iba con tres compañeritos más que fueron retenidos. Ellos estaban comiendo unas salchipapas y los agentes del Esmad los rodearon, gasearon, golpearon, y se los llevaron a la fuerza. La mamá y otros miembros de la misión médica corrieron a socorrer a la niña, pero no lo lograron. Hubo defensores de derechos humanos tratando de registrar el procedimiento. En un video se escucha la voz de una defensora decir “es una niña”, pero los agentes del Esmad se le ponen al frente impidiéndole el paso para que no registre el procedimiento”, afirmó Montero a El Espectador. (“¡Hágale lo que quiera!”: las denuncias por violencia sexual en Paro Nacional)
Según el propio relato de la menor de edad, un policía la subió a una moto y le empezó a decir frases intimidantes que, de acuerdo con defensores de derechos humanos, refieren una violencia sexual directa. “Me subieron a la moto y el policía me decía que me quería lamer, que me quería violar, que me bajara los pantalones y a otra niña le hicieron lo mismo y ahí yo me tiré de la moto y abracé al señor de derechos humanos y le estaban pegando también (…) De perra no me bajaban”, relató la joven de 17 años en un video difundido en redes sociales. (En fotos: manifestaciones en Cali tras conocerse denuncia de violencia sexual en Popayán)
La grabación se produjo a las 10:37p.m. el pasado miércoles en la URI de Popayán, a donde fue conducida la menor de edad tras su detención y a donde acudió su mamá. “¿Dentro (en la URI) te hicieron algo?”, pregunta una abogada en el video, a lo que la joven responde “no”. La abogada Montero afirma que este caso sería una detención arbitraria, que no hay ningún proceso de judicialización, que la denunciante tiene síntomas de estrés postraumático y que ya acudió a Medicina Legal para que le realicen el dictamen médico legal. (Disturbios en URI de Popayán por denuncia de violencia sexual contra menor de edad)
De acuerdo con el abogado penalista Francisco Bernate, este video es suficiente para que la Fiscalía inicie una investigación de oficio, pues se hizo pública y, al ser un delito sexual, no necesita que se radique una denuncia formal para que inicien las pesquisas. “En ese tipo de delitos, cuando la Fiscalía tiene conocimiento de los hechos por cualquier medio, (estos videos son un medio) debe de oficio, a motu propio, iniciar la investigación de oficio. Se llaman “Delitos investigables de oficio” y son la regla general. Aquellos en que se necesita denuncia, se llaman “querellables” y son los delitos menores”, explicó Bernate a El Espectador.
El Espectador se comunicó con la Policía para conocer su versión de lo sucedido con esta segunda menor que denuncia violencia sexual presuntamente por parte de policías. La institución dijo inicialmente que la entidad va a esperar a que salga el dictamen médico legal de Medicina Legal para pronunciarse sobre este caso. Se anunció también que el brigadier general Ricardo Augusto Alarcón Campos, comandante regional de la Policía número cuatro, ampliaría la declaración a este diario, pero en este momento se encuentra atendiendo la situación de orden público que vive Popayán por cuenta de los disturbios.
La organización Temblores ha documentado 16 denuncias de violencia sexual cometidos presuntamente por la Fuerza Pública en medio del Paro Nacional. En este rastreo se han identificado casos de acoso y abuso sexual en ciudades como Cali, Bogotá, Acacías y Palmira. La mayoría de los hechos narrados ocurrieron durante las noches y en estaciones de policía. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya le pidió aprobación al Estado colombiano para visitar el país y verificar si hay violaciones de derechos humanos en medio del paro, alertó también sobre las denuncias de violencia sexual en las protestas que se llevan a cabo en Colombia desde el pasado 28 de abril.
“La Comisión Interamericana y su RELE recuerdan que la violencia sexual comprende todas aquellas acciones de naturaleza sexual que se perpetran sin el consentimiento de una persona, desde la invasión física del cuerpo hasta las que no involucren contacto físico alguno. La CIDH enfatiza que dichos actos son absolutamente inaceptables y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público por parte de los cuerpos de seguridad de un Estado”, afirmó la CIDH en un comunicado el pasado 7 de mayo.
