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Las comunidades indígenas de Colombia no terminaron de salir de la crisis por el COVID-19, cuando el accionar de los grupos armados ilegales llegó a sus resguardos. Este año, por ejemplo, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) declaró la emergencia humanitaria por el riesgo en el que están más de 20.000 indígenas del departamento. Panorama no muy distinto al que se vive en Chocó, donde las comunidades se han visto obligadas a salir de sus territorios en medio de las amenazas de estructuras del Eln y el Clan del Golfo que se disputan el control de la minería ilegal y las rutas del narcotráfico. Solo desde el 2 de marzo, por ejemplo, ochenta familias emberá katío han salido desplazadas del resguardo Tahami del Alto Andágueda, en Bagadó (Chocó), hacia Pueblo Rico, en Risaralda.
Las familias, que superan las 450 personas, están albergadas en el coliseo de este municipio de sexta categoría, a 93 kilómetros de Pereira. Desde su llegada, fueron atendidos por la Alcaldía municipal y la Gobernación de Risaralda. Sin embargo, la situación económica en el municipio, donde viven 10.000 indígenas de los casi 30.000 que habitan en Risaralda, no es la mejor.
El problema se agudizó por la temporada de lluvias, pues colapsó la bocatoma del acueducto de Pueblo Rico y se interrumpió el servicio de agua potable. El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, aseguró que las empresas públicas del municipio están suministrando agua al albergue con carrotanques. El pasado 16 de marzo, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el alcalde de Pueblo Rico y el secretario de Gobierno departamental hicieron una jornada de verificación para activar las rutas de protección de las familias. Daniel Garcés, delegado de la Defensoría para los Pueblos y las Comunidades Étnicas, aseguró que la situación era delicada, pues el 50 % de la población desplazada está conformada por niños y adolescentes que “están en unas condiciones deplorables desde el punto de vista humanitario y requieren ser atendidas urgentemente por las instituciones”.
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En medio de esta crisis humanitaria, las críticas se dirigen a la Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Bagadó por el escaso apoyo a las víctimas. “Muy complicada la situación con las autoridades del Chocó, sobre todo la Gobernación y la Alcaldía de Bagadó. Nos preocupa la situación (...). Nosotros estamos adelantando una mesa técnica para el posible retorno. Ellos piden seguridad, garantías de techos para sus viviendas y alimentación. Vamos a garantizar un plan de retorno digno”, detalló Leonardo Siagama, alcalde de Pueblo Rico. Sin embargo, el mandatario risaraldense y el gobernador de Chocó se comunicaron este miércoles vía telefónica y acordaron que el sábado 20 de marzo comenzará una misión humanitaria para que las familias retornen a sus territorios.
En Risaralda, por su parte, han empezado a llamar la atención las alteraciones de orden público que se presentan en la vía que conduce a Quibdó, cuarenta kilómetros más allá del corregimiento de Santa Cecilia, donde recientemente hubo quema de vehículos y robos. “Esa es una zona conocida como Peñas del Olvido, están adecuando la vía y el tránsito es lento, por lo que aprovechan esa parte para robar. Hemos notado, aparentemente, que hay unas bandas de delincuencia común entre algunos indígenas del lado del Chocó y se han dedicado a robar y extorsionar a las empresas que van allá. Pero la gente denuncia poco”, aseguró Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda, quien habló con El Espectador de la emergencia humanitaria por los desplazados de Bagadó y de la situación de Risaralda en temas de seguridad. También pidió apoyo de la Unidad de Víctimas y a las entidades del Chocó.
¿Por qué ocurrió este desplazamiento?
Ellos argumentan que fue un problema de orden público y que los desplazaron grupos al margen de la ley. Aparentemente, un guardia indígena fue asesinado, dicen ellos. Pero nos causa curiosidad que fue asesinado con arma blanca, ellos dicen que lo mató un miliciano del Eln. Eso argumenta el desplazamiento que tuvieron. Se está tratando de verificar la información.
¿Se convierte esto en un problema para Risaralda?
Sí. El problema radica principalmente en el sostenimiento de estas personas. No es fácil, es una situación que se le complica a cualquier autoridad. Por ejemplo, ellos en alimentación, para un municipio como Pueblo Rico, cuestan unos $2 millones diarios. Más el mantenimiento de los niños, que son más de 200. La alimentación corre por cuenta de la Alcaldía de Pueblo Rico y de la Gobernación de Risaralda.
¿Qué entidades los han apoyado para atender a los desplazados?
El tema es complicado porque nosotros desde el departamento del Chocó no hemos recibido ayuda. El gobernador no ha salido ni a las reuniones. El alcalde de Bagadó nos dice que tampoco tienen recursos. Al inicio trajo unos kits de aseo, pero se acabaron rápidamente. Le quedó la responsabilidad más grande al departamento de Risaralda. Son personas que no son oriundas de acá, pero el gobernador dio la orden de brindarles todo el apoyo.
¿Y la Unidad Nacional de Víctimas?
Ellos van a empezar a dar unas ayudas. Y la verdad es que todavía no se han visto. Ahora simplemente están caracterizando a las víctimas. Los desplazados están pidiendo unas láminas de zinc para los techos de sus viviendas, seguridad en el territorio y alimentación por tres meses.
¿Hasta cuándo creen que permanecerán las familias en Pueblo Rico?
Estamos organizando una misión humanitaria que se espera sea el 20 de marzo. Estuvimos hablando con la delegada para la Defensoría del Pueblo para la infancia y la adolescencia y el delegado de las comunidades étnicas de la Defensoría. La idea es hacer un acta donde esté lo que ellos piden: acompañamiento con seguridad para retornar a Bagadó. Estamos pendientes a que la Alcaldía de Bagadó y la Gobernación de Chocó se comprometan, porque no lo han hecho a fondo.
¿Cuál es el llamado al gobierno departamental del Chocó y al Gobierno nacional?
Les pido al gobernador del Chocó y al alcalde de Bagadó que hagan un esfuerzo adicional. Sabemos que tienen muchos problemas, pero por lo menos que hagan presencia y articulen con la Unidad de Víctimas para el retorno de estas comunidades. Al Gobierno nacional, que nos ayude con el Ejército, porque allá opera una división diferente a la de acá. Si es posible, que sean aerotransportados.
¿Qué entidades acompañarán la misión humanitaria?
Esa misión debe tener acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Risaralda, las alcaldías de Pueblo Rico y Bagadó, la Unidad Nacional de Víctimas y el Ejército Nacional. Se prevé que sea antes de Semana Santa.
¿Cómo está el departamento en temas de orden público?
Afortunadamente, y lo podemos certificar, no tenemos presencia de grupos al margen de la ley. Nuestro territorio sirve de paso para algunos de esos milicianos. En el Chocó, por ejemplo, en Bagadó y en todo ese sector hay minería ilegal y grupos armados; ellos en ocasiones bajan para pasar hacia Antioquia, por una zona de resguardos indígenas. No tenemos, pero eso no quiere decir que de un momento a otro pase.