Santos, al rescate de los galeones

Después de haber retirado, por inconsulto, un proyecto de ley que había presentado el gobierno de Álvaro Uribe, el de Juan Manuel Santos radicó ayer en el Congreso un nuevo proyecto destinado a reglamentar el patrimonio cultural sumergido “hace más de un siglo”, en especial la localización, conservación y posible explotación de 1.200 galeones hundidos en el mar Caribe colombiano desde la época de la Colonia.

Como lo ha venido advirtiendo El Espectador en sucesivas investigaciones desde hace varios años, no se trata de un tema de bajo calado, pues de la aprobación de esta normatividad dependerá el rescate de tesoros como el del galeón San José, que se fue a pique cerca a las Islas del Rosario en 1708 con una carga de oro, plata y esmeraldas avaluada en los años ochenta, por el propio Congreso colombiano, en diez mil millones de dólares. Si a eso se suma que Colombia es considerada, por expertos internacionales y por la Unesco, una potencia mundial en este tipo de riquezas, será candente el debate que generarán los intereses nacionales e internacionales que se mueven en torno al tema.

Es la quinta vez que un proyecto de ley de este tipo se presenta al Legislativo. Las cuatro veces anteriores fueron hundidos porque Gobierno y congresistas no se pusieron de acuerdo sobre qué es tesoro y qué patrimonio cultural sumergido, ni sobre cómo permitir la operación en Colombia de multinacionales interesadas, desde los años sesenta, en rescatar las riquezas hundidas hace tres o cuatro siglos, a cambio de buena parte del botín. El exsenador Jairo Clopatofsky, quien ha liderado dos veces esta iniciativa, le dijo a este diario que el choque de esos poderosos intereses impidió aprobar antes la regulación y protección que requieren las áreas submarinas en cuestión, lo cual las ha mantenido durante décadas expuestas al posible saqueo.

El proyecto de ley radicado ayer por la ministra de Cultura, Mariana Garcés, crea un marco jurídico y técnico para levantar el primer mapa-inventario de galeones hundidos en aguas colombianas, así como de zonas que serán declaradas áreas arqueológicas submarinas protegidas y que incluyen el suelo y subsuelo de “aguas interiores, mar territorial, plataforma continental o zona económica exclusiva del país”.

Se deja en claro la posibilidad de “explotación económica”, que en el caso del galeón San José completa tres décadas de litigios entre la multinacional Sea Search Armada (SSA), reconocida por la justicia colombiana como descubridora del naufragio, y el Estado. Desde los años ochenta, esta firma estadounidense con sede en Delaware ha demandado ante todas las instancias judiciales colombianas su derecho a rescatar las riquezas del galeón, y le ha sido reconocido en juzgados, tribunales y, por último, la Corte Suprema de Justicia.

En julio de 2007, el máximo tribunal le reconoció derecho sobre la mitad de lo que se considere tesoro, no sobre el patrimonio cultural sumergido, que es propiedad absoluta de la Nación. Se supone que si en un galeón hay mil monedas idénticas, una representa el patrimonio y el resto pueden ser catalogadas como la riqueza que la Corte divide por mitades entre SSA y Colombia. Sin embargo, el gobierno de Álvaro Uribe dijo no estar obligado por ese fallo a autorizar la operación de rescate del San José, que SSA avaluó en 40 millones de dólares, y decidió no pronunciarse hasta tanto el Congreso no aprobara la ley marco.

La firma estadounidense intentó convencer al gobierno de Uribe y luego al de Juan Manuel Santos de que le dieran luz verde para buscar el tesoro de manera conjunta. La respuesta a sus decenas de cartas siempre fue negativa. Incluso, cuando Edmundo del Castillo era secretario jurídico de Uribe advirtió a SSA que si intentaba un rescate por cuenta propia, como lo anunció, amparada en la Convención de Ginebra y en el fallo de la Corte Suprema, sus naves serían neutralizadas por la Armada Nacional.

En el caso de Santos la respuesta no fue tan radical y hasta se abrió la posibilidad de un diálogo. A finales del año pasado la paciencia de SSA se agotó y demandó a Colombia ante una corte federal de Virginia, Estados Unidos, reclamando una indemnización de 17 mil millones de dólares producto de las pérdidas y gastos en que ha incurrido por el supuesto incumplimiento del Estado desde hace más de 20 años.

A través de la canciller María Ángela Holguín y del abogado Ramón P. Marks —exdefensor de Michael Jackson y experto en litigios internacionales—, Colombia respondió en mayo rechazando los cargos que considera “falsos” y discutiendo la jurisdicción estadounidense para abordar el caso. El proceso está en curso.

El Espectador estableció que el pasado 11 de junio Juan Manuel Santos habló con Jack Harbeston, representante legal internacional de SSA, y con Danilo Devis, abogado de la compañía en Colombia. El encuentro se dio durante una recepción que Armando Benedetti Jimeno le ofreció al primer mandatario en Barranquilla.

El presidente oyó los argumentos de SSA y se mostró presto a dialogar. Pero cuando SSA quiso concretar un acuerdo ante Presidencia, Cristina Pardo, la secretaria jurídica del jefe de Estado, les respondió con un rotundo no y les comunicó que de ahora en adelante sólo podían dirigirse al abogado que representa al país en el pleito de Virginia.

Esto último resulta sorprendente, no sólo por las intenciones que había manifestado Santos de manera informal, sino porque el propio mandatario es quien se ha interesado en el tema, en parte por el conocimiento que tiene del mismo debido a su formación militar en la Armada Nacional. Él, por ejemplo, designó este año a su asesora Sandra Bessudo, buzo profesional y conocedora de temas de medio ambiente, para que lo mantuviera al tanto y para que recibiera en el Palacio de Nariño al empresario estadounidense Burt Webber, interesado en intentar el rescate del galeón San Roque en aguas cercanas al islote de Serranilla, Archipiélago de San Andrés y Providencia.

No toda la carga de los galeones o hallazgos sería rescatada y llevada a tierra, porque además del costo logístico los procesos de degradación se aceleran y hay piezas que llegan a deshacerse. La discusión se centrará en cuáles bienes pueden ser conservados y trasladados a museos en tierra y cuáles no. Por ello, en el proyecto también se contempla el inicio de procesos de conservación arqueológica bajo el agua, en los lugares que se declaren de interés cultural. Países como Canadá y Francia han optado en algunos casos por no rescatar bienes sumergidos y convertirlos en museos para que los turistas puedan conocerlos a través de planes de buceo con guías oficiales.

Para el historiador náutico Daniel De Narváez “el proyecto es terrible porque no define lo que es y lo que no es patrimonio cultural sumergido. Nadie arriesgará su capital por un 10%, a nadie le interesará denunciar un hallazgo fortuito y esto conducirá a la clandestinidad. Para evitar esto el estado de la Florida le da 80% al buscador y se queda con 20%”.

Otro factor que determinará el futuro del patrimonio sumergido serán los efectos de la Convención de la Unesco que beneficia a España. En el caso del galeón Nuestra Señora de las Mercedes, seguido por este diario, a pesar de haber sido descubierto y sus 600 mil monedas de plata rescatadas por la firma Odyssey frente a Portugal, el tesoro va a terminar en manos de España porque la nave tenía bandera de guerra de ese país. Eso mismo podría ocurrir, en caso de litigio internacional, con los galeones en aguas colombianas, algo que no prevé el proyecto de ley. El debate apenas empieza.

Contratación polémica

El punto más álgido del proyecto de ley es que fija un estatuto de contratación específico para los casos de patrimonio cultural sumergido. Esto porque, como ha publicado El Espectador, no menos de seis multinacionales cazatesoros están pendientes de las posibilidades legales de participar en la búsqueda y rescate de tesoros coloniales en el mar Caribe.

Habría tres canales para contratar procesos de este tipo con la empresa privada nacional o internacional: la Dirección Marítima de la Armada seguiría expidiendo las licencias de exploración, a la fecha suspendidas; el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (Icanh) podrían otorgar autorizaciones y el Mincultura sería el único encargado de suscribir contratos a nombre de la Nación. Puede haber procesos licitatorios o contratación directa de parte del gobierno “con compañías expertas en exploración submarina”.

Otro capítulo para la polémica es el que define como “remuneración” para los contratistas porcentajes que van desde el 10% hasta el 25% de los bienes que no sean declarados patrimonio cultural sumergido. Esto porque, en el caso del galeón San José, la Corte Suprema le reconoció el 50%. Danilo Deis, abogado de SSA, cree que “aquí se puede estar configurando un zarpazo” a los derechos ganados por la firma. Además, el proyecto dice que quien tenga derechos previos a esta normatividad no tendrá asegurada la contratación, sino apenas un derecho de prelación sobre terceros. El 5% de los tesoros se convertirán en parte del presupuesto del Mincultura y el Icanh.

Saqueo de tesoros sería delito

El capítulo V del proyecto de ley sobre patrimonio cultural sumergido propone convertir en delito, con pena de cárcel de uno a seis años y multa de hasta 12 mil salarios mínimos mensuales, la acción de explorar, intervenir, destruir o aprovechar económicamente y sin autorización oficial bienes de este tipo. En la misma pena incurriría quien compre o venda esta clase de objetos. También se crean las “faltas administrativas” contra este patrimonio, que prevén multas de cien mil a un millón de salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad por 20 años para trabajar en temas afines que tengan que ver con la función pública.

Crean Consejo de Patrimonio Cultural Sumergido

Este es el nuevo nombre de la entidad que dirigiría las políticas de arqueología submarina en reemplazo de la Comisión de Especies Náufragas. Tendrá mucho poder, porque decidirá cuáles bienes se considerarán patrimonio cultural sumergido y cuáles no. De la antigua comisión hacían parte los ministros de Cultura y Relaciones Exteriores, el director de la Dirección Marítima de la Armada Nacional, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, los empresarios Fabio Echeverri Correa y Germán Montoya, el historiador Rodolfo Segovia Salas y el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, estos últimos ratificados o nombrados por el presidente Álvaro Uribe. Los particulares que la integran hoy quedarían inhabilitados por tres años y para reemplazarlos el presidente Juan Manuel Santos nombraría a dos delegados suyos. Se rumora que uno de ellos sería Sandra Bessudo.

Tres proyectos más en pro de arqueología, cine y espectáculos

El Ministerio de Cultura radicó ayer ante el Congreso tres proyectos más:

Por el cual se fomenta el cine y promueve a Colombia como locación para la realización de películas nacionales y extranjeras. Habrá incentivos para las empresas productoras que rueden aquí, total o parcialmente.

Proyecto de ley para recuperar el patrimonio arqueológico en manos de particulares. Busca proteger y recuperar los bienes mediante recompensas para las personas que den información relevante sobre la procedencia o paradero de alguna o varias piezas.

Proyecto de ley para reconocer, formalizar, fomentar y regular la industria del espectáculo público de las artes escénicas, incluyendo la creación de estímulos tributarios y formas de financiación.