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La espera terminó. Un año y ocho meses después de que la comunidad de Patio Bonito (en Barrancabermeja) alegara, a través de dos tutelas interpuestas ante la Corte Constitucional, el derecho al agua y a un medioambiente digno por la indebida operación del basurero Yerbabuena –responsable de contaminar la Ciénaga de San Silvestre y de obtener irregularmente la licencia ambiental– el Alto Tribunal las declaró improcedentes. (Lea el contexto aquí: Los males que amenazan de muerte a la Ciénaga de San Silvestre y Segundo llamado por la Ciénaga de San Silvestre)
De acuerdo con el fallo, a pesar de que efectivamente la empresa dueña del relleno sanitario, Rediba S.A., “ha puesto en riesgo a la población residente en inmediaciones del basurero, la cual ha estado expuesta a sustancias contaminantes provenientes del proyecto y, además, se prueba un mal manejo ambiental”, existen otras acciones diferentes a cerrar el basurero para proteger el agua de la ciudad petrolera. (Le puede interesar: Sancionan con multa de $2.400 millones a basurero Yerbabuena en Barrancabermeja)
La decisión deja un sabor agridulce entre los involucrados. Primero, por el tiempo que duró la Corte en fallar a pesar de que, a finales de 2015, en una visita de inspección judicial al relleno, la magistrada auxiliar encargada confirmó el riesgo de colapso de las basuras por el método fallido de recirculación de lixiviados, la cercanía del relleno frente a los caños de agua que utiliza Patio Bonito para su consumo y la intervención ilegal del basurero en predios aledaños para expandir su zona de operación.
Según Yesid Blanco Calvete, representante de la Corporación Yariguíes, organización que lidera las denuncias de contaminación en el afluente más importante del Magdalena Medio, “sospechosamente” la Corte desconoce las pruebas aportadas, las cuales no solo confirman un daño “irreparable” para la comunidad de Patio Bonito, sino un inminente riesgo para la vida de 300 mil barranqueños.
“Esto es indignante. La Corte se enteró de todos los estudios que confirmaban la elevación de los niveles de mercurio en el agua de la ciénaga y del escándalo de corrupción en el otorgamiento de la licencia ambiental por parte de la Corporación Autónoma de Santander (CAS). Muy a pesar de esto, el Alto Tribunal parece apoyar a Rediba con un fallo modulado”, dijo el ambientalista. (Le puede interesar: Confirman extralimitación de basurero en Barrancabermeja y siguen irregularidades)
El otro hecho que genera inconformidad, esta vez denunciado por la misma Procuraduría, es que los estudios del laboratorio PSL Proanálisis LTDA que nombra el fallo, contratados en noviembre de 2016 por la CAS y que fueron utilizados como soporte para decir que no hay contaminación de metales pesados en el humedal San Silvestre, no están certificados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), como lo establece el decreto 1600 del 27 de julio de 1994. (Ver prueba)
En diálogo con El Espectador, el procurador delegado, Gabriel Jaime Dávila, advirtió que en dicho análisis se evidencia cómo los parámetros con los que se estudiaron materiales como el mercurio, el cadmio y el arsénico no están amparados por este organismo.
“Todos los parámetros de estudios medioambientales en el país deben ser emitidos por laboratorios acreditados por el Ideam para que sus valores sean confiables y este no es el caso. Es una irregularidad de tipo fiscal, penal y disciplinaria que ya trasladamos a la Comisión Regional de Moralización (CRM) para que actúe de inmediato. La conclusión a la que llegamos es que, hoy por hoy, no se sabe a ciencia cierta qué sustancias están contaminando la ciénaga”, explicó el funcionario.
Sin embargo, Rediba, en un resumen del caso publicado en mayo pasado, aseguró que este laboratorio “está debidamente certificado por el Ideam” y que, pese a que el estudio detectó que el agua de los caños que utiliza Patio Bonito para su consumo no es potable por la “alta carga orgánica” que contiene, no se encontraron metales pesados en ella.
A esto, según el ente de control, se le suma que el acueducto municipal “no está en capacidad, por la tecnología que utiliza, de detectar y controlar” este tipo de químicos. “La incertidumbre es total”, agregó el procurador.
Desde la orilla opuesta, el gerente de Aguas de Barrancabermeja, Sergio Amaris, manifestó que el agua potable tratada no tiene mercurio bajo el argumento de que una cosa es el agua de la ciénaga (cruda) y otra muy diferente el agua tratada que llega a las casas de los barranqueños. Hay otro detalle: cuando se ordenó este informe de monitoreo, quien dirigía la Corporación era Flor María Rangel Guerrero, capturada en noviembre de 2016 por los delitos de falsedad en documento público y peculado por apropiación.
“Cuando en el fútbol se pelea con plata, compran la FIFA”
Un día después de la visita de recolección de pruebas que hizo la Corte al relleno, el 19 de noviembre de 2015, Christian Gutiérrez, el abogado de Rediba, propiedad del megacontratista Reinaldo Bohórquez, habría predicho parte del veredicto final del alto tribunal.
El representante, en una conversación con el ambientalista Blanco Calvete sobre dicha visita, escribió eufemísticamente que “cuando en el fútbol se pelea con plata, compran la FIFA” y luego añadió: “¿Quiere que le diga el fallo doctor? El relleno seguirá ahí y se le va a garantizar el agua a las familias de Patio Bonito por ponderación. Los otros procesos judiciales seguirán moviéndose, pero esa decisión dejará blindado al relleno”.
Como si de una profecía se hubiera tratado, casi dos años después de recibir las tutelas, la Corte Constitucional decide no cerrar el relleno Yerbabuena y, en su lugar, ordena a la empresa de recolección “dar cumplimiento al plan de manejo ambiental de la licencia y a las medidas sociales de compensación decretadas a favor de la comunidad de Patio Bonito”.
“Rediba ha puesto en riesgo a la población residente en inmediaciones del relleno, la cual ha estado expuesta a sustancias contaminantes provenientes del proyecto. Sin embargo, la sala es consciente de que también ha adelantado medidas para corregir las condiciones de operación y cumplir con la licencia ambiental”, se lee en la sentencia T-227 de 2017.
Las medidas de compensación de las que habla el fallo deben garantizarle a la comunidad afectada el suministro de agua potable, recolección de basuras, sistema de tratamiento, contratación laboral y manejo de aguas domesticas.
Al respecto, el exabogado de la Secretaría de Medioambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, quien también lleva los procesos de Patio Bonito, señaló que “el presidente de la Corte cometió, con este fallo, una grave jurisprudencia”.
“¡Ahí hubo plata de por medio, esto es un Pretelt 2! En derecho, lo que hizo la Corte se llama ‘saludo a la bandera’ porque supuestamente protege, pero no cierra. La protección era cerrarlo definitivamente por estar dentro de áreas protegidas. ¿Cómo espera que Rediba haga bien las cosas si tiene delitos ambientales? ¿Cómo dice proteger la moralidad pública y al tiempo le ordena a la CAS que sea ella quien decida si el basurero se puede cerrar o no? Es absurdo. Incurrieron en prevaricato y falta disciplinaria”, indicó Granados.
El defensor sugiere igualmente que en la demanda quedó probado el concepto de violación a la ley, el perjuicio por la contaminación a cuerpos de agua, la existencia de especies en vía de extinción como el jaguar americano, el manatí, el mico cariblanco, el ratón gris y especies maderables como la tapulla bulata. Adicional a esto, dice Granados, las evidencias del impacto ambiental por fuera de la licencia y los delitos ambientales como la tala indiscriminada de árboles, la intervención de cauce ilegal y la afectación ecológica por fuera del área de sustracción, fueron más que claras.
“Esto constituye una violación grave al precedente de la Corte Constitucional al derecho humano al agua y al principio de prevención y precaución ambiental”, señaló.
Otra denuncia delicada que hizo el abogado es que un nuevo estudio, esta vez contratado por la Alcaldía a finales del año pasado con un laboratorio llamado Lasertec, que sí está certificado por el Ideam y en su análisis dice textualmente que las pruebas de agua demostraron que la ciénaga fue expuesta a descargas de contaminación de tipo químico, fue “descaradamente” ocultado por el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Bohórquez, y por la misma administración.
“El 14 de febrero de 2017 el laboratorio le entregó a la Secretaría los resultados, pero cuando yo preguntaba por la demora me decían que no habían llegado. Coincidencialmente, me los entregaron hasta el 20 de abril, un día antes de la sesión plena de la Corte que decidiría el fallo”, añadió Granados.
Al preguntarle sobre este aparente encumbrimiento al secretario Bohórquez, este respondió "¿qué le oculto a quién? No entiendo de lo que me está hablando. Acá nadie le ha ocultado nada a Leonardo, ni la secretaría ni la administración municipal. Esos estudios los tiene la Procuraduría. Hablar de eso es montar otra discusion donde no la hay".
Otro de los argumentos de los ambientalistas para rechazar y considerar que la decisión de la Corte es “contradictoria”, es que el otro basurero construido en la zona, el relleno Anchicayá, fue señalado de incurrir en las mismas irregularidades de contaminación e incumplimiento al plan de manejo ambiental, pero, contrario al caso de Yerbabuena, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí ordenó su cierre definitivo.
Al final las cartas quedaron así: a la CAS se le ordenó hacerle seguimiento al basurero para “superar las irregularidades en el tratamiento de lixiviados, la correcta clasificación de basura, el respeto de la normatividad forestal y de prevención de contaminación de fuentes hídricas” y, con base en esto, en los próximos seis meses deberá decidir, “si resulta necesario”, si revoca o modifica total o parcialmente la licencia de Yerbabuena.
Por su parte a la Alcaldía, a quien el Alto Tribunal culpa de vulnerar el debido proceso y utilizar la declaratoria de emergencia sanitaria como escudo para proteger al basurero, se le ordenó establecer un plan de contingencia para que, en caso de que la CAS “considere pertinente” el cierre del relleno, la población y la prestación del servicio de aseo de Barrancabermeja no se vean afectados.
Sin embargo, el alcalde Darío Echeverry, quien en entrevista con este diario aceptó la ilegalidad de la licencia de Yerbabuena (Ver entrevista), expresó que luego del dictamen de la Corte continuarán adelante con lo planteado en el decreto de emergencia. “Seguiremos con el cronograma para dejar de depositar los residuos en dicho lugar e insistiremos a la CAS para que revoque la licencia”, expuso el mandatario.
Y todo esto mientras el municipio se prepara para la jugosa inversión de $123.000 millones para la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), contrato adjudicado a la firma internacional Aqualia S.A. y a Construvicol S.A., empresa de la que Reinaldo Bohórquez también es dueño.