Desde muy temprano, como en peregrinación, decenas de personas desfilaron por la carretera pantanosa que conduce desde la vereda La Ferrería hacia la mina Carbones La Cancha, en Amagá (Antioquia), donde ocurrió la tragedia. Los charcos de agua, huecos y el pantano naranja son la evidencia de la cantidad de agua que ha caído en la zona, la misma que dificultó el rescate de los 12 mineros atrapados en el socavón.
Entre los caminantes estaba María Rosmira Estrada, una mujer de 71 años, 1,50 de estatura, morena, que caminaba con dificultad y los ojos inundados de lágrimas. Sus hijos Carlos Enrique y Luis Arturo Muriel, de 50 y 51 años, son dos de los 12 trabajadores atrapados en la mina. “Mi hijo menor me decía la semana pasada: ‘Ay ma, yo tengo ganas de salirme porque eso está muy hondo y me canso mucho saliendo’. Y no alcanzó mi muchacho. No se había salido porque el café no había madurado y de algo teníamos que comer”. Inclina su cabeza y se seca las lágrimas.
El jueves en la tarde, hacia las cinco, Rosmira se encontraba en su casa cuando una vecina llegó para enterarla de la tragedia. “No me querían decir porque hace poco me dio una trombosis y les daba miedo que me muriera, pero bueno, me contaron que se había inundado la mina y yo me puse a llorar y dije que se me habían muerto ahogados”.
Rosmira esperó hasta ayer temprano para ir a la mina. Allí las autoridades no le dieron esperanzas. Recibió la noticia resignada y sólo tuvo espacio para una petición: “Yo lo único que quiero es ver a mis muchachos”. Su voz no dio más y le ganó el llanto.
Pero el dolor de Rosmira es mayor. Hace 16 años perdió a otro de sus hijos, Luis Albeiro, a quien se le vino encima el techo de la mina La Gualí, también en Amagá, porque la madera estaba podrida. “Mi esposo fue minero 25 años y nunca le pasó nada. Ellos le aprendieron y se metieron en esto. A unos les gustaba y otros por la necesidad, porque no hay nada más que hacer”.
Ahora sólo le queda su hijo John Fredy, quien dice que no continuará más en este oficio, pues ya ha sufrido tres accidentes y “es mejor no tentar al destino”.
El rescate
Las condiciones en la mina son complejas y dificultan las labores de rescate que, según el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien visitó la zona, podrán tardar tres días, ya que más de 300 metros se encuentran llenos de agua y primero se debe evacuar el gas metano para evitar otra emergencia. Por eso, dijo que “hay pocas esperanzas de vida”.
Carlos Mario Usme, director de Gestión Ambiental y Minera de Amagá, explicó que, aunque podrían evacuar el agua hacia una mina aledaña y recuperar los cuerpos en un día, por el riesgo que esto representa decidieron sacar el líquido por la boca de la mina misma, con lo cual los tiempos se triplican.
Las familias de las víctimas comenzaron a recibir tratamiento psicológico para ayudarlas a afrontar este momento doloroso. Usme asegura que aún no se sabe si la bolsa de agua que provocó la inundación era un pozo con el que se toparon los mineros o se encontraba represada en otra mina aledaña. Lo que sí aclara el funcionario es que Carbones La Cancha cumplía con todos los requerimientos de seguridad.
Municipio de tragedias
En Amagá, uno de los municipios del Suroeste antioqueño, se concentra gran parte del área carbonífera del departamento. Sólo allí y en el municipio de Angelópolis hay reservas calculadas en cerca de 12 millones de toneladas de carbón.
Esa riqueza natural, considerada por algunos como otra especie de oro negro, ha contrastado a la vez con el dolor que ha padecido la subregión en las últimas décadas, especialmente en dos accidentes, ocurridos también en el municipio de Amagá, que cobraron la vida de 159 mineros.
El 14 de julio de 1977 murieron 86 trabajadores en las minas de carbón El Silencio y Villa Diana, de la empresa Industrial Hullera. Treinta y tres años después, el miércoles 16 de junio de 2010, a las 10:45 de la noche, en la mina San Joaquín de la empresa Carbones San Fernando, una explosión por acumulación de gases apagó la vida de otros 73 mineros.
La investigación de las causas del accidente, plasmada en un informe del Ministerio de Minas y Energía, determinó que “la explosión se causó por la combustión de metano, combinada con polvo de carbón”. El mismo informe mostró que en la empresa Carbones San Fernando, que con 450 empleados producía 20.000 toneladas de carbón al mes (800 toneladas al día), habían ocurrido cinco accidentes entre el 28 de junio de 2006 y el 3 de marzo de 2010, tres de ellos con víctimas fatales.
El caso de la mina San Joaquín llevó a las autoridades departamentales a calificar como “alarmante” la accidentalidad minera en Antioquia durante 2010, cuando hubo 2.168 accidentes y 78 casos fatales. Sin embargo, esta situación parece no mejorar en el departamento.
Hasta septiembre de este año, los departamentos donde había registros de más accidentes mineros eran Antioquia (28%), Boyacá (22%) y Cundinamarca (18%), según cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM). “El 85% de las emergencias se presentó en minería subterránea de carbón y un 12% en minería de oro, sin embargo, más del 50% de las fatalidades registradas este año han ocurrido en minería ilegal de oro”, observa la ANM.
Debido a las tragedias ocurridas en las minas de carbón del Suroeste antioqueño, la subregión es un punto de atención para las autoridades departamentales y nacionales. En mayo de este año, tras la terminación inminente del proceso de liquidación judicial de la empresa Industrial Hullera S.A., debido al agotamiento y la total iliquidez de la empresa, que explotó hasta 1997 el título minero en El Silencio y Villa Diana, la Superintendencia de Sociedades alertó sobre las condiciones de las minas y la imposibilidad de la empresa de hacer las reparaciones.
Advirtió que El Silencio estaba parcialmente colapsada e inundada por unos 120.000 metros cúbicos de agua, y que, según reportes de la Gobernación de Antioquia, había 40 bocaminas ilegales que explotaban carbón del título de Industrial Hullera y en algunos casos de esa mina y de Villa Diana.
La Superintendencia informó que había un riesgo inminente para unas 600 personas involucradas en la explotación ilegal y pidió a la Gobernación de Antioquia y las autoridades de los municipios vecinos a la mina declarar la zona como de alto riesgo. Esto “debido a la inestabilidad de los socavones, la presencia de gases y especialmente a la existencia de bolsas de agua acumuladas que podrían inundar súbitamente y de manera catastrófica las zonas explotadas”.
Apenas ocurrió la tragedia de la mina La Cancha se pensó que podía estar relacionada con la mina El Silencio. Sin embargo, conocedores dijeron que no hay relación entre los socavones.