Por tercer día consecutivo, aunque con hechos esporádicos en la mayoría de puntos, el paro nacional tuvo continuidad en varias regiones del país. Sin embargo, la situación en Cali se tornó crítica y, hasta la noche de este viernes, no tenía una solución inmediata. Las autoridades han llamado al orden con medidas como el toque de queda, pero la situación no ha sido controlada.
En medio de las noticias sobre la quema de una estación del MIO en el sector de Meléndez o los enfrentamientos con la Fuerza Pública en varios sectores, el senador Wilson Arias, que salió a la calle a acompañar las movilizaciones, denunció que “la Fuerza Pública está asediando a la población en medio de una marcha pacífica”, y aseguró que los comandantes de la institución saben lo que está ocurriendo.
Arias le pidió al presidente Iván Duque que desmilitarice la ciudad y que, en vez de arremeter contra quienes protestan, atienda el llamado ciudadano de retirar la reforma tributaria y la reforma a la salud. La protesta se ha extendido a otros sectores próximos a la capital del Valle, y este viernes incluyó bloqueos en las vías hacia los municipios de Andalucía, Buga y El Cerrito.
Además de la alta presencia militar y Fuerza Pública en Cali, la Fiscalía anunció la integración de un grupo de reacción inmediata para judicializar a quienes han aprovechado la protesta para cometer hechos delictivos. La comandancia de la Policía de Cali, en cabeza del general Juan Carlos Rodríguez, resaltó que lo primero es garantizar la movilidad de los organismos de salud que enfrentan la pandemia.
De manera simultánea, mientras en Cali se vivió una jornada crítica que se puede prolongar, desde el vecino departamento del Cauca, las 127 autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunciaron la activación de la minga indígena hacia afuera, lo que se traduce en revivir sus mecanismos de resistencia y seguramente emprender una nueva marcha de protesta hacia Bogotá.
Aunque este viernes se produjeron acciones adicionales de protestas esporádicas en Bucaramanga, Pereira, Pasto, Popayán, Tunja y Medellín, la reactivación de la minga indígena agrega un nuevo factor de agitación en el país, motivado por el rechazo que generó la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno. Ese fue el detonante que llevó a las centrales obreras a decretar el paro nacional.
Y justamente el Comando Nacional Unitario, que integra a las centrales obreras CUT, CGT y CTC, lo mismo que las confederaciones de pensionados y la Federación de Trabajadores de la Educación, además de reivindicar el éxito de la movilización ciudadana en al menos 500 municipios del país y 50 ciudades del exterior, anunció que sus jornadas de protesta continuarán este 1º de mayo.
Sin embargo, los líderes de las centrales dejaron claro que por la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento en diferentes ciudades, la principal conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores se realizará de manera virtual. En aquellas ciudades donde no haya medidas de restricción ciudadana, habrá manifestaciones pacíficas.
Las centrales obreras insistieron en su rechazo a la reforma tributaria y, adicionalmente, demandaron el archivo del proyecto de Ley 010 sobre reforma a la salud y la derogatoria del Decreto 1174 de 2020, relativo a normas de protección social. También reiteraron su disposición a promover un nuevo paro nacional el próximo 19 de mayo y, sobre el retiro de la reforma, su perspectiva fue de exigencia.
En su programa habitual Acción y Prevención, el presidente Iván Duque manifestó que habló con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que en consenso con los partidos políticos, las organizaciones sociales y el sector privado se consolide un nuevo texto de propuesta de reforma tributaria. La postura del primer mandatario fue interpretada como una cesión a la presión del paro nacional.
Duque aclaró que no habrá incrementos del IVA en los productos de la canasta básica y tampoco en los servicios públicos. De igual manera, indicó que no se aumentará la base gravable para el pago de impuesto de renta. En últimas, el Gobierno dio marcha atrás a la propuesta original, cuyo impacto adverso ya había sido alertado por varios sectores políticos.
Al margen de los anuncios del presidente, para este sábado se espera una tensa jornada. No solo en Cali, donde los manifestantes no quieren ceder ni a la Fuerza Pública en la calle ni ante las medidas de la Alcaldía, sino también en Bogotá, donde algunas organizaciones anunciaron su presencia en la Plaza de Bolívar, Kennedy, Suba y los alrededores del estadio El Campín.
Las autoridades siguen en estado de alerta ante el ambiente de crispación que se vive desde este miércoles 28 de abril y han reiterado su insistencia a que no haya aglomeraciones masivas, pues la pandemia del COVID-19 terminará pasando su cuenta de cobro. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en particular, pidió a los ciudadanos mantenerse en sus casas, pero una jornada de 1º de mayo sin protestas es más difícil.
Al cierre de la jornada, en Cali la presencia de Fuerza Pública llegaba a casi 2.000 policías adicionales, con 700 efectivos del Ejército y patrullas mixtas, según informó el ministro del Interior, Daniel Palacios. Este viernes el expresidente Uribe trinó en su cuenta de Twitter: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Las críticas en su contra no han parado.