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En junio, el líder sindical Ovidio Baena fue asesinado a golpes en el corregimiento de Macayepo del departamento de Bolívar. Ese fin de semana también asesinaron a Carlos Ortiz Acosta y Cristian Anaya Herazo, hijos de dos reclamantes de tierra en la parcelación Caño Negro, según cuenta la comunidad.
Manuel Benicio Sotelo Tuberquia, de 41 años, fue asesinado el 9 de agosto en la finca en la que trabajaba en la vereda Caño Negro en Carmen de Bolívar. Recibió siete disparos. Días después, en la misma vereda, el agricultor Eduardo Enrique Medina, fue atacado por hombres no identificados.
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El miedo de las comunidades por el control territorial de grupos armados ilegales produjo el desplazamiento forzado de 27 familias en Carmen de Bolívar a mediados de agosto. Estos no son hechos aislados. Organizaciones y población civil han alertado sobre las amenazas a líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y miembros de juntas de acción comunal; además de homicidios selectivos, desplazamientos y un sin número de acciones violentas.
Desde 2018, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también llamadas Clan del Golfo, en varios municipios de Montes de María y el riesgo que esto suponía para integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas, líderes del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña, y habitantes de algunas veredas de El Carmen de Bolívar.
A principios de este año, se emitió otra Alerta Temprana en la que se identifica como población en riesgo a “líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, miembros de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas Municipal, miembros del Consejo Municipal de Paz y organizaciones de mujeres víctimas del municipio”, entre otros, por la consolidación de las AGC en el territorio.
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Juana Cabezas, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), le dijo a este diario que los Montes de María fue una región golpeada por el conflicto armado, especialmente en los años 90. Lamentablemente, la violencia se está activando de nuevo en el territorio. Cabezas estima que desde 2015 las AGC hacen presencia en esta zona, sin embargo, su control territorial se intensificó desde finales de 2019.
El interés de los grupos armados en los Montes de María se debe a que la zona tiene conexión con el Golfo de Morrosquillo, un enclave importante para la salida de droga hacia Centroamérica, Asia y Europa. La investigadora de Indepaz explica que este es el centro de acopio de toda la droga que viene del Bajo Cauca antioqueño y del Magdalena medio.
“No puedo decir que está creciendo la violencia, pero si hay unos hechos que nos inquietan como los desplazamiento en Carmen de Bolívar, hechos de violencia en Ovejas (Sucre), también en San Onofre (Sucre) y en María La Baja (Bolívar)”, afirma el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa. Dice que el fenómeno de violencia se mueve alrededor de las economías ilegales, narcotráfico y minería ilegal.
Para enfrentar el problema, el gobernador explica que hay una articulación con la gobernación de Bolívar y la Fuerza Pública de ambos departamentos. Afirmó que las familias desplazadas en agosto pudieron retornar rápidamente gracias la base Naval del Caribe y el Batallón de Infantería Marina, pues “es una región que tiene consolidada la Armada hace mucho tiempo”.
La investigadora recuerda que la Defensoría del Pueblo, en una Alerta Temprana para El Carmen de Bolívar, advirtió sobre la posible presencia de las disidencia de las Farc, aunque allí actuó el Frente 37, todavía no se confirma de qué frente se trata. Indepaz también estudia denuncias de la comunidad respecto a la posible presencia del Eln.
“Las AGC ahora usan bandas más pequeñas, como una especie de tercerización o subcontratacion, para no ser identificados por las Fuerzas Militares o por otros grupos armados”, explicó Cabezas. Además, señala que así ejercen control sobre la población y sobre las cadenas de microtráfico en las zonas urbanas, pues ya no solo hacen presencia en la zona rural.
Pese a la presencia de otros grupos, las AGC son las que ejercen dominio territorial por medio de la violencia. Según la investigadora, también se ha estudiado la presencia de la Oficina de Envigado, dentro de una alianza, debido a que esta funciona como el centro de lavado de dinero y de conexiones con grupos o carteles extranjeros.
“En los Montes de María hay amenazas contra miembros del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, por apropiación de espacios territoriales, que las AGC buscan controlar para ejercer procesos de cultivo de droga o para que los pobladores ejerzan este tipo de economías ilegales”, señala Cabezas. Esta organización ilegal ha aumentado su dominio en la zona, según la experta, porque cuenta con el respaldo de carteles extranjeros que les han permitido incrementar su poder.
Jesús Feliz Monsalve, secretario del Interior de Bolívar, afirmó que desde el 1º de enero hasta la fecha han realizado 15 consejos de seguridad en la zona, específicamente en El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y San Jacinto. Explica que estos cuentan con la participación de la Unidad de Protección a Víctimas, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fuerzas Militares, Unidad de Restitución de Tierras y en ocasiones líderes sociales y lideresas que están amenazados. De este modo, la Gobernación busca hacer presencia en el territorio y fortalecer la seguridad.
Recuerda que la semana pasada se realizó un Consejo de Seguridad con la Gobernación de Sucre en el que se acordó establecer un puesto de mando antinarcóticos en el Golfo de Morrosquillo: “este es un corredor del narcotráfico. Desde Magangué y la zona del sur de Bolívar que colinda con el Catatumbo en Norte de Santander, pasan por la transversal de Montes de María y llevan la droga a Chinulito, en Sucre. Posteriormente, pasa por zona rural de El Carmen de Bolívar, María La Baja y San Onofre”, dice.
Feliz resalta que en los últimos ocho años se ha invertido en los Montes de María, en sectores como agricultura, educación, infraestructura vial y eléctrica, más de 350.000 millones de pesos, especialmente, en El Carmen de Bolívar.
Según el gobernador de Sucre, en el Consejo de Seguridad también se decidió armar un batallón de alta montaña y reforzar los controles fluviales. “Además se sacará un listado de los más buscados en los Montes de María, con incentivos de recompensa por información; una política de inversiones sociales importante y un programa para jóvenes conjuntamente. Tenemos la misión de montar una alta gerencia administrativa e implementar estrategias desde lo social, administrativo y militar”, concluyó.
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