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El asesinato de 94 líderes comunitarios y defensores de derechos humanos durante 2016 fue denunciado este viernes por la Cumbre Agraria, que reúne a asociaciones campesinas, indígenas y populares del país.
"En el año 2016 se han presentado noventa y cuatro (94) homicidios en contra de defensores de Derechos Humanos. La cifra más alta en los últimos 6 años y 31 más que el año anterior", denunció la Cumbre Agraria en un informe presentado al gobierno, Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo. (Lea: Amenazan de muerte a varios líderes indígenas en Córdoba)
"Producto de los procesos de paz entre el gobierno nacional y las insurgencias armadas del ELN y las FARC se ha presentado en nuestro país un descenso de las afectaciones a civiles, combatientes y bienes derivadas del conflicto armado interno. Sin embargo, han ido en incremento los índices de violencia sociopolítica en contra de defensores de Derechos Humanos, líderes y dirigentes sociales y populares", dijo el reporte.
La organización también reportó 46 atentados contra líderes sociales, 302 casos de amenazas y cinco de desaparición.
El gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC sellaron un acuerdo de paz que entró en vigencia la semana pasada y que debió ser renegociado tras el rechazo en el plebiscito del 2 de octubre del pacto original.
La instalación de la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaba prevista para fines de octubre en Ecuador, pero fue pospuesta por el gobierno hasta tanto el grupo rebelde no libere a un excongresista secuestrado.
La violencia contra líderes comunitarios ha sido advertida por la ONU y el propio gobierno, que incluso ha dicho que ésta compromete el cese al fuego bilateral que sostiene con las FARC desde fines de agosto. (Lea: ONU, preocupada por asesinatos de líderes sociales en zonas de conflicto)
Para la Cumbre Agraria, los asesinatos y amenazas contra líderes comunales se han dado en parte por "la presencia y reconfiguración del fenómeno paramilitar en los territorios", tras su masiva desmovilización entre 2003 y 2006; y por la puesta en libertad de miembros de esos grupos -surgidos para combatir a las guerrillas- una vez cumplidas sus penas de máximo ocho años.
En ocasiones, las autoridades no han reconocido como líderes comunitarios a quienes la Cumbre Agraria considera como tal, un hecho que la organización popular rechaza.