Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Así lo demuestra el periodista Juan Pablo Barrientos en Dejad que los niños vengan a mí, un libro publicado por la editorial Planeta, cuyas ventas se agotaron esta semana después de que un juez ordenó su retiro de las librerías, en un acto calificado como censura.
Roberto Cadavid Arroyave fue suspendido ad cautelam del ministerio sacerdotal en 2012, debido a denuncias por pederastia. A pesar de la suspensión, ofreció sus servicios a la diócesis de Brooklyn, en Nueva York, y ese mismo año se radicó en Estados Unidos.
La diócesis norteamericana recibió de parte del arzobispo Ricardo Tobón la autorización y una carta de recomendación sobre el sacerdote.
Le sugerimos: Juez de Antioquia suspende circulación de libro con denuncias por pederastia
Tres años después, a petición del obispo de Brooklyn, Nicholas Anthony DiMarzio, actual vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia le envió un mensaje a este a través del cual daba permiso a Roberto Cadavid para continuar su ministerio en Nueva York.
Solo en 2017, cuando ya había indagaciones periodísticas de por medio sobre el pasado del sacerdote, el arzobispo Ricardo Tobón le informó al obispo de Brooklyn sobre la suspensión de Cadavid en 2012 y las razones detrás de la medida. Al enterarse de que había sido engañado, DiMarzio denunció al actual vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia ante la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Entrevistado por Juan Pablo Barrientos, en febrero de 2018 Ricardo Tobón negó que hubiese sabido sobre las denuncias contra Cadavid en vísperas de que este viajara a Estados Unidos. Sin embargo, las indagaciones del periodista y los documentos reunidos por él en trato con la diócesis de Brooklyn develaron la mentira del arzobispo de Medellín.
El derecho a la información
“Siete historias, dieciocho sacerdotes denunciados por abuso sexual contra menores de edad, veintisiete víctimas y solo dos condenas”. Así resume, en cifras, la periodista Claudia Morales el contenido del libro de Juan Pablo Barrientos. Producto de una investigación que inició cuando este le puso atención a un dato suelto presentado al final de la película Spothlight: Medellín, su ciudad, fue la única ciudad colombiana mencionada en la película con casos registrados de pederastia clerical.
El investigador consultó hemerotecas y se encontró con la ausencia de información al respecto en la prensa local. Después accedió al proceso judicial que llevó a la condena de un sacerdote que todavía ejerce el ministerio, a pesar de haber sido declarado culpable de abusos sexuales contra menores de edad. La actuación del arzobispo Ricardo Tobón frente a los casos con que se fue encontrando rápidamente llamó la atención de Juan Pablo Barrientos.
Aunque el Juzgado 27 de Medellín, el Tribunal Superior de esa ciudad y la Corte Suprema de Justicia hallaron responsable de pederastia al sacerdote Mario Castrillón, el actual vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia insiste en su inocencia. “¿Es conveniente que siga ejerciendo pastoralmente dados sus precedentes?”, le pregunta Juan Pablo Barrientos a los lectores de su libro.
Las dominicas de La Presentación supieron responder a ello sin ambages cuando se enteraron de que el sacerdote que habían contratado como capellán en una de sus clínicas en Medellín era culpable de abusos contra menores según la justicia civil. Pero no fue el arzobispo quien les informó el hecho, sino un informe periodístico de Juan Pablo Barrientos cuando este empezó a dar cuenta de sus hallazgos, a través de W Radio. En reacción a dicho informe, y sintiéndose engañadas por el arzobispo de la ciudad, las religiosas despidieron a Mario Castrillón de la Clínica el Rosario.
Al periodista no le han faltado infinidad de problemas para acceder a la información. Ha debido redactar derechos de petición e interponer tutelas, echando mano de varios recursos legales por medio de los cuales solo unas pocas veces se ha fallado en su favor. Así logró, por ejemplo, que los salesianos le dieran una lista de religiosos suspendidos en el marco de investigaciones eclesiásticas. Progresivamente se encontró ante un problema de escala nacional, que involucra no solo al clero diocesano, sino también a otras congregaciones investigadas, como los jesuitas y los clérigos de San Viator.
Dentro del episcopado colombiano se ha encontrado con actitudes distintas a las de Ricardo Tobón. Es el caso del obispo de la diócesis de Sonsón-Rionegro, Fidel Cadavid, diligente para responder sus preguntas sobre casos de abusos presentados en su jurisdicción.
Derecho civil sometido al Derecho Canónico
Con su libro, el periodista profundiza en reflexiones sobre la relación Iglesia-Estado, sobre los archivos secretos que albergan denuncias contra sacerdotes y sobre la libertad de prensa.
Aunque en la década de 1990 la mayoría de los artículos del Concordato firmado en 1973 entre el Estado Vaticano y la República de Colombia fueron declarados inexequibles, todavía la defensa de algunos sacerdotes denunciados por abusos apelan a su contenido. Ocurre así con el artículo 20, según el cual en caso de procesos penales contra clérigos y religiosos, los juicios no deben ser públicos y no se podrá recluir a los investigados en cárceles comunes. Acoger esta condición ha llevado a la justicia civil colombiana a permitir que, como lo documenta Juan Pablo Barrientos, un sacerdote haya tenido “casa cural por cárcel” y haya continuado su ejercicio como párroco a pesar de su condena, sin que su comunidad parroquial lo haya sabido nunca. Concluye el periodista que el Derecho Civil de Colombia ha sido sometido al Derecho Canónico y el Concordato ha recuperado en ocasiones su antiguo carácter supraconstitucional.
Al no ser público el contenido de los archivos eclesiásticos que albergan denuncias contra sacerdotes, hay riesgo de que nuevos hechos de victimización ocurran, mientras se reproduce la tradicional costumbre de cambiar de parroquia o de colegio al acusado. Cuando el denunciado ejerce su ministerio en el contexto de una alianza público-privada entre la Iglesia y el Estado, por ejemplo, como capellán de una alcaldía o de una gobernación, o como rector o profesor de un colegio en concesión, se está ante un funcionario público, cuya hoja de vida debe ser puesta bajo el escrutinio ciudadano. Y aunque no fuera así, los procesos que se siguen contra alguien por denuncias sobre abusos sexuales deberían poder alertar a la opinión pública.
Sin embargo, el acceso de la prensa se halla restringido, en una clara violación de su libertad. He ahí otra de las constataciones del periodista.
A través de litigios estratégicos, Juan Pablo Barriento logró acceder al contenido de algunos de dichos archivos y a información judicial sobre abusadores cuyos procesos fueron mantenidos lejos de los titulares. Paradójicamente, el reportero también ha sido objeto de tutelas, como tres que en la última semana varios jueces de Antioquia han fallado en su contra. Una pretende, incluso, que el investigador revele los datos de ubicación de una de las fuentes a las que decidió proteger. La identidad de una víctima de abusos sexuales que Juan Pablo Barrientos mantiene en reserva y en defensa de la cual está dispuesto a no acatar la orden de ningún juez. Otro fallo fue la mejor propaganda del libro, al pretender sacarlo de circulación; porque, antes de que este pudiera ser retirado por orden judicial de las librerías, se agotó en ventas.
“Ojalá los creyentes católicos y los representantes de la Iglesia entendieran que investigar y descubrir estos asuntos no tiene intención de atacar la fe religiosa”, escribió Claudia Morales después de leer el libro de Juan Pablo Barrientos. Según la periodista, “esa fe, por el contrario, es la que debería servir como motor para fiscalizar y depurar una institución como la Iglesia, para que siga apegada a una naturaleza de amparo y sabiduría”.