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Este lunes la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dio un anuncio importante en favor de la vida de las y los colombianos: 65 inmuebles a lo largo del país quedaron a disposición del Gobierno para que sirvan como casas de la mujer y que, durante este tiempo de cuarentena, funcionen como refugios para mujeres y menores de edad que estén sufriendo de violencias al interior de sus hogares.
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Según comentó Ramírez, el trabajo de articulación interinstitucional permitió que su despacho, a través de la Consejería para la Mujer, en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), adquirieran los bienes que servirán de entorno protector para quienes por violencia sexual y contra la mujer tengan que salir de sus viviendas durante la emergencia sanitaria. El anuncio se hizo en una rueda de prensa virtual que sostuvo la vicepresidenta con con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Salud, el ICBF, y la Defensoría del Pueblo.
En ella, reiteró que el Gobierno es consciente de que el aislamiento se ha convertido en un “momento de riesgo” para muchos ciudadanos y que por ello es que el orden nacional, como también los alcaldes y gobernadores en sus territorios, deben estar atentos para evitar que incrementen los casos de violencia. Los hechos muestran que estos han aumentado y las llamadas a las líneas de atención (como lo son la 155, 162 -dispuesta por la Fiscalía- y la 141 -por el ICBF-) también, demostrando la necesidad de orientación de un sector de la población.
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“Muchas llamadas a las líneas de atención son de consulta, pero los animo a que sigan comunicándose ya sea a averiguar o por temor a expresar una denuncia. Que nos hagan saber si están en riesgo”, pidió Ramírez.
Por su parte, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, se refirió al decreto 460 de 2020 en el que se dictaron medidas para garantizar que el trabajo de la Comisarías de familia continúe, pese a las órdenes de confinamiento nacional. Entre las resoluciones que quedaron allí anotadas está, por ejemplo, unas obligaciones a los alcaldes para la atención permanente de las víctimas apelando a estrategias de servicio remoto, telefónico o virtual, pero que, cuando no existan estos elementos electrónicos, las reuniones deberán hacerse de manera presencial.
Además, el decreto establece que se deberán priorizar caso que sean urgentes y los alcaldes y gobernadores tienen la obligación de garantizar la protección de los usuarios, ya sea trasladándolas a centros para su seguridad o brindando servicios de salud. Otro tema que quedó claro en el decreto es que las Comisarías y las autoridades locales deberán hacer todo lo que esté a su alcance para que las posibles víctimas sepan que pueden denunciar y cuáles son los canales para hacerlo.
Por su parte, la vicefiscal Martha Mancera señaló que la Fiscalía está en un constante trabajo con otras instituciones del Estado para garantizar la judicialización de los perpetradores de estas violencias. Agregó que, luego de que el decreto 460 le diera funciones de policía judicial a las Comisarías de familia, la Fiscalía ha estado en constante comunicación con esos funcionarios para darles las asesorías necesarias, y añadió que tiene activados todos sus canales de información para poder atender las denuncias.
De acuerdo con las cifras expresadas por la vicefiscal Mancera, desde que comenzó el confinamiento obligatorio hasta el pasado 4 de abril, se han registrado 568 llamadas de víctimas, de las cuales se han atendido 55 casos de violencia sexual y 132 de violencia intrafamiliar. Además, expresó la vicefiscal, en este mismo periodo de tiempo, la Fiscalía ha registrado 12 casos de feminicidio, de los cuales se han esclarecido el 58%.
El director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, también participó de la rueda de prensa. El oficial señaló que durante el confinamiento la entidad ha registrado un aumento en las llamadas relacionadas con violencia en los hogares. Según sus cálculos, han entrado al menos 568 llamas directamente a sus oficinas relacionadas con hechos violentos. “Hemos logrado atender 55 casos de violencia sexual y 132 de violencia intrafamiliar”, agregó el general, quien además explicó que la Policía tiene disponibles todos sus canales virtuales para atender a los colombianos.
Por parte de la Procuraduría, la intervención estuvo a cargo de Adriana Herrera, la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres. La funcionaria reiteró que el Ministerio Público también tiene todos sus canales activos para recibir denuncias y acompañar a las víctimas, y que su trabajo con la Comisarías, ahora más que nunca, ha sido persistente. La delegada explicó además que desde hace unas semanas activó un trabajo directo con los funcionarios regionales.
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Fue así como les preguntaron a las 1.263 Comisarías que hay en todo el país cómo están garantizando la continuidad de su trabajo, en medio de la pandemia por el COVID-19. La Procuraduría señaló que solo recibió respuesta de 635 de ellas, quienes le aseguraron que están prestando sus servicios las 24 horas del día, pero varias de ellas reportaron que no tienen ni siquiera un teléfono para comunicarse con sus usuarios. Por eso, el Ministerio Público pidió a las alcaldías y gobernaciones que les den a estos funcionarios los elementos básicos para que puedan seguir trabajando.