El 7 de noviembre de 2018, Hernán Banguero Andrade, representante a la Cámara y dueño de una de las dos curules especiales afrodescendientes en el Congreso, solicitó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la personería jurídica para que el consejo comunitario La Mamuncia, del municipio de López de Micay, en el Pacífico caucano, por el que fue elegido, se convirtiera en partido político. Un proceso que desató una pelea jurídica.
Fueron 23.613 los votos que llevaron a Banguero al Legislativo, quien luego de su elección —cuentan en el mismo consejo comunitario— comenzó a distanciarse de este. Los registros en el CNE indican que el 21 de noviembre de 2018, es decir, catorce días después de radicada la solicitud de la personería jurídica, el congresista radicó un nuevo documento desistiendo de ella, lo que fue negado en enero pasado.
En medio de todos los trámites, llegó una nueva petición al máximo organismo electoral, esta vez por parte de Paulino Riascos Riascos, quien, identificándose como representante legal del consejo comunitario, pedía la personería jurídica para el movimiento político Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), como colectividad naciente de la curul que obtuvo La Mamuncia en la Cámara. Tras varios meses de práctica de pruebas y entrega de documentos, el 15 de mayo pasado, a través de la resolución 1748 de 2019, el CNE reconoció a ADA y lo habilitó para otorgar avales a las elecciones locales y regionales de octubre.
¿El resultado? Cerrado el plazo de inscripciones de candidatos, el 27 de julio, por ADA aspirarán 3.565 personas, más que partidos como el Polo o el MIRA. En cifras, 2.943 irán para concejos; 153 para alcaldías, ocho para gobernaciones, 86 para asambleas y 365 por las juntas administradoras locales (JAL).
No obstante, los cuestionamientos alrededor de ADA han estado sobre la mesa desde que se empezó a buscar la personería jurídica por parte del representante Banguero; en concreto, por la participación del abogado Édison Bioscar Ruiz Valencia, quien ayudó a construir los estatutos para que el CNE le diera la razón a ADA.
Ruiz Valencia fue secretario general del cuestionado Partido de Integración Nacional (PIN) —llamado posteriormente Opción Ciudadana— y muy cercano al condenado parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra. Riascos, quien hoy funge como presidente y representante legal de ADA, dice que lo buscó para el trámite ante el CNE por “sugerencia de una amiga de la comunidad”. “Yo lo conocía y lo apoyé cuando aspiró al Parlamento Andino. Le colaboré con una votación en López de Micay, mi pueblo, viendo todas las dignidades que ha tenido: ha estado en el Concejo de Cali y fue alcalde encargado de Buenaventura. Nos asesoró en la elaboración de los estatutos para cumplir con las exigencias del CNE”, manifestó.
Pero además, el hoy presidente de ADA no niega que reconoce en Juan Carlos Martínez Sinisterra a un “dirigente que significó mucho para las comunidades negras” y que si alguien cercano a él busca apoyo en su colectividad, se lo dará. “Si el señor viene aquí a pedir unos avales, se los daré. Si una persona que depende de él me pide un aval como hermano negro y tiene su hoja de vida si tachas, no habrá ningún problema. Fue un dirigente que en su momento puso a muchos negros en escenarios en el Valle, Cauca y el país, en donde la historia no nos había querido poner. Si tiene un pasado con la justicia, es el Estado quien lo debe condenar”.
Una situación parecida sucede en Santander, en donde ADA les dio aval a 341 candidatos y apoya en coalición a más de una decena. En ese departamento, el coordinador de la colectividad es Celestino Mojica Peña, cercano al también condenado parapolítico Luis Alberto Gil, exsenador y uno de los fundadores del PIN. Riascos confirmó que Mojica es el ADA en Santander. “Nunca me negó que fue militante de Opción Ciudadana, pero hoy no tiene ninguna relación con ese partido. No dependemos de ellos ni tampoco conozco a Gil”, señaló. Incluso, reveló que al partido quiso llegar otro viejo político del PIN: “Aquí vino Juan Roberto Rico a pedirme espacio, pero ya teníamos delegado allá”.
Más de 3.500 avales
Con avales entregados en más de 26 departamentos, el presidente de ADA asegura que todo fue producto “de las redes sociales”. Según él, se abrió un correo electrónico, se pusieron unos teléfonos (el de él, incluido) y se dio la dirección física de una sede que aún no se tenía porque no había cómo pagarla. “Mucha papelería fue devuelta porque nos demoramos en abrir la sede. La gente mandó todo al correo electrónico, en unos diez departamento yo delegué a líderes negros para que convocaran, pero todo el resultado lo dieron las redes sociales. Si hacemos un censo con todos los candidatos, dirán que fueron hasta Cali a entregar la documentación o que mandaron un correo”, explicó Riascos.
Sobre la disputa legal con el representante Banguero, aseguró que este ha hecho “actos en contra de ADA y la comunidad que le ha servido”. Con advertencia de por medio, pues de acuerdo con los estatutos, eso implica consecuencias: “Esperamos que corrija para que siga en el Congreso sin dificultades y acate las decisiones que se tomen en la colectividad. Nunca ha habido una pelea, la disputa en el CNE se dio porque él tenía una percepción y nosotros otra, pero se respetaron nuestros derechos”.
Además de Patrocinio Sánchez Montes de Oca, un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) menciona a otros dos candidatos del ADA como parte de los aspirantes cuestionados a las elecciones de octubre. Se trata de César Antonio García, quien aspira a la Alcaldía de Quibdó en una alianza entre ADA y MAIS y ficha, precisamente, del clan de los Sánchez.
El otro es Jorge Coral Rivas, candidato a la Gobernación del Putumayo, quien apareció en una grabación en la que recibía el apoyo de alias Gárgola, jefe de la banda criminal de La Constru, cuando aspiró a la Alcaldía de Puerto Asís, cargo que ocupó en dos oportunidades. Incluso, Coral Rivas fue capturado por la Fiscalía por presuntos nexos con ese grupo criminal y el proceso sigue activo, aunque no tiene medida de aseguramiento.
“También se le menciona en otros hechos que empañaron su administración, como el asesinato, en 2014, de Luis Emilio Chapaltar, entonces presidente del Concejo de Puerto Asís, y Pedro Julio Ramos Matacea, profesional de la oficina de proyectos, quienes se habían opuesto a iniciativas de Coral Rivas en temas de contratación”, dice el informe de Pares.
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