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Las alarmas están encendidas luego de que Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), denunciara un supuesto “mico” en el proyecto de reforma a la justicia que radicó este martes la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Se trata del artículo 10 del proyecto, que modifica el artículo 186 de la Constitución Política, en el que se señala que “ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el período constitucional” y que, “en caso de flagrante delito, deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación”.
Agregó que el llamado proceso de “desaforamiento”, en países democráticos, “lo hace generalmente el Congreso de la República, pero si el país y la opinión pública considera que lo debe hacer la Corte Suprema para el congreso y el congreso para los magistrados no nos oponemos”.
Para muchos, lo que se busca es revivir la inmunidad parlamentaria, una propuesta que ha estado en la mesa varias veces en el Congreso de la República. “No es revivir la inmunidad parlamentaria, es destruir los privilegios que se han creado a través de los fueros, donde congresistas y magistrados se juzgan en un procedimiento distinto”, expresó Valencia.
Sobre el asunto, el senador Armando Benedetti, del Partido de la U, opinó: “Lo que puedo decir, por lo que me ha pasado y lo que he vivido, es que alguien me puede atropellar, como lo ha hecho el señor fiscal. ¿Ante quién me quejo yo? ¿Quién me salvaguarda de él?”.
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