El fiscal general Néstor Humberto Martínez llegó este miércoles al recinto del Senado, en donde sesionan las comisiones primeras conjuntas de las corporaciones del Congreso, para presentar las observaciones sobre el articulado del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que pondrá en marcha ese sistema de justicia transicional que juzgará a los actores del conflicto. (Lea: Listos los magistrados: ¿qué viene para la JEP?)
Martínez intervino sobre el texto bajo unas líneas que calificó como premisas fundamentales, señalando que la estatutaria debía contribuir a la paz estable y duradera y no a que, luego del silencio de los fusiles, se empezara con un conflicto de naturaleza jurídica. Asimismo, expresó la necesidad de definir límites de tiempo y, especialmente, de competencia entre la justicia transicional y la jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, sobre la claridad de que los reinsertados, a partir del primero de diciembre pasado, son ciudadanos del común y por tanto los delitos que se cometan con posterioridad a esa fecha deben ser juzgados por la Fiscalía General.
“Buenos linderos hacen buenos vecinos y en esta estatutaria lo que estamos definiendo son los linderos entre la jurisdicción de transición y la jurisdicción ordinaria. Tenemos que poner bien las estacas para que no se corran y se generen dificultades en el vecindario”, comentó el fiscal. (Lea también: El Tribunal Especial de Paz tiene a sus elegidos: estos son los 20 magistrados titulares)
Argumentó que debía definirse quiénes eran los desertores del proceso, de manera que, en caso de que se devuelvan y se alcen en armas contra el Estado o entren a las filas de otros grupos armados ilegales, como las banda criminales, no regresen con los beneficios jurídicos que hubieren adquiridos por el hecho de haber sido parte del proceso de paz.
En ese mismo sentido, se refirió a la necesidad de que haya precisión sobre que los disidentes no pueden ser beneficiarios del régimen transicional y debe quedar sujetos al régimen ordinario, igual que los reincidentes. “Debemos asegurarnos de eso porque el diablo está en los detalles, que quede claro en la letra menuda”, expresó el fiscal general.
Uno de los ejemplos que expuso fue la de que bandas criminales ofrecen hasta 8 millones de pesos mensuales a excombatientes de la guerrilla para que estos hagan parte de sus estructuras. Lo que para el fiscal no puede ser posible es que estos se vayan del proceso con su vida jurídica limpia. “Queremos que pierdan los beneficios de iure, que la competencia se mantenga en la justicia ordinaria y que no puedan recibir más beneficios y que si los recibieron, los pierdan”, dijo Martínez.
El fiscal también hizo advertencias sobre la posibilidad de que pueda quedar abierta una “puerta giratoria” a través de la que puedan entrar y salir del sistema de justicia transicional. Solicitó que quedará expresamente prohibido y que no haya duda sobre cuáles son los delitos estrechamente vinculados con la dejación de armas, como el porte ilegal de armas o el uso de prendas privativas de las Fuerzas Militares. También hubo preocupaciones sobre los bienes, los estupefacientes y la suspensión de la investigación sobre los delitos mientras empieza el funcionamiento de la JEP.
Sin embargo, lo que el fiscal puso sobre la mesa tuvo respuesta por parte de Guillermo Rivera, ministro del Interior, quien aseguró que estaba de acuerdo en muchas de las observaciones de jefe de la Fiscalía, dejando claro que hay casos en los que no hay ninguna duda en que irán a parar a la justicia ordinaria, como es el caso de los excombatientes reincidentes, los desertores y las disidencias.
El jefe de la cartera política reconoció que hay que evitar las “zonas grises” sobre la competencias de cada tipo de justicia, pero que estaba claro que reincidentes, desertores y disidencias quedarían en manos de la justicia ordinaria. Aseguró que la Fiscalía mantiene la investigación en todos los casos mientras entra en funcionamiento de la JEP, que también fue una de las preocupaciones del fiscal Martínez, sin embargo, se excluyen algunas acciones ya determinadas en la ley, como las órdenes de capturas, los interrogatorios, la formulación de imputación, la imposición de medidas de aseguramiento y la acusación, entre otras.
“¿Qué pasa con quieren haya cometido conductas punibles en el conflicto armado pero que no estén contempladas en el derecho penal internacional? Pueden optar por la JEP o por la justicia ordinaria, así que faltan a la verdad aquellos que dicen que la JEP fue creada para una suerte de cacería de brujas a terceros o empresarios”, señaló el ministro Rivera. Una de las conclusiones desde el Gobierno es que, a lo mejor, no se ha logrado una redacción que deje tranquilos a los sectores políticos en diferentes temas, como en la delimitación clara de las competencias, por eso Rivera consideró que “el debate parlamentario será la oportunidad para encontrar fórmulas de redacción que dejen tranquilidad en ese tema”.
Rivera también anunció que desde el Gobierno se estudia entre hacer un capítulo especial sobre bienes o presentar un proyecto de ley independiente: “Lo que podamos hacer vía decretos, se hará, y lo que no, se traerá al Congreso. Lo que podemos adelantar es que ya expedimos un decreto en el que se señala expresamente que los bienes de las Farc serán utilizados única y exclusivamente para reparar a las víctimas. Lo que esté por fuera de ese inventario no podrá tener otro destino que la extinción de dominio conforme a las reglas que ya están en el ordenamiento jurídico”.
También hubo opiniones que se opusieron a los dicho por el fiscal general, como la Francisco Tolosa, de Voces de Paz: “Nos hemos encontrado con la crónica oposición a la paz por parte de la bancada del Centro Democrático y del fiscal general, que bajo tecnicismo pretende mantener la competencia de la justicia ordinaria, que ha demostrado, en palabras del mismo fiscal, una impunidad del 99 % de los casos. La justicia ordinaria fracasó en la guerra y no es idónea para la paz”.
De hecho, críticas del senador Jaime Amín, del Centro Democrático, se enfocaron en la forma de elección de los magistrados de la JEP, que fueron escogidos por un comité independiente y que "no representaba a los colombianos", antes de ser integrado por personas que ya habían estado en las listas de elegibles para los altos tribunales del país. La discusión de la estatutaria de la JEP terminó con 74 proposiciones para modificar 46 artículos y tres más que buscan crear nuevos y continuará a las 2 de la tarde el próximo lunes.
Tribunal para magistrados de la JEP
El senador Roy Barreras radicó un proyecto de ley orgánica que crea una comisión de aforados, similar a la que se ha propuesto con la Reforma Política y a la que radicaron las congresistas Angélica Lozano y Claudia López.La particularidad de esta comisión de aforados es que además de juzgar a los altos magistrados del Estado, también incluye a los que hagan parte de la Jurisdicción Especial de Paz. “Hemos defendido la JEP, pero todo poder absoluto se corrompe. Es hora de advertir que nadie controla a los magistrados de la JEP, que tienen períodos muy largos y que no le rinden cuentas a nadie, y el proyecto de ley estatutaria no contempla esos controles (…) No funciona ninguna institución si no hay quien la controle”, dijo Barreras.
“Código de procedimiento” para la JEP
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, terminó explicando que los magistrados escogidos para integrar la JEP estarán encargados de la elaboración de un proyecto de ley de procedimiento que será entregado al Gobierno Nacional para que este, a su vez, lo lleve al Congreso. En ese articulado se definirán los procesos internos de la JEP y en él se establecerá con exactitud de qué manera y en qué momento participarán las víctimas del conflicto.